Más de 200 agentes de la Policía Federal de Brasil participaron esta mañana en diversos allanamientos, que incluyeron la casa del ex mandatario, la residencia de uno de sus hijos, la sede del Instituto Lula y oficinas de la constructora Odebrecht.
Como parte del operativo, que ha sido bautizado como "Aletheia", en referencia al concepto filosófico griego de "búsqueda de la verdad", fueron llevados a declarar coercitivamente tanto Lula como el presidente del instituto creado por el ex mandatario, Paulo Okamotto.
La orden fue dada por el juez federal Sergio Moro, en Curitiba, quien lleva adelante el caso para desentrañar el multimillonario esquema de sobornos que grandes constructoras pagaban a directivos de Petrobras a cambio de contratos con la petrolera estatal.
En estos momentos, Lula declara en la sede de la Policía Federal, en el aeropuerto de Congonhas, la terminal metropolitana de San Pablo.
Un senador arrepentido hundió en el petrolão a Dilma y Lula
El ex presidente de la Cámara alta, del PT, reveló que la presidenta y su antecesor sabían del esquema corrupto y que intentaron obstruir a la justicia
RIO DE JANEIRO.- Dilma Rousseff está condenada a no poder disfrutar de buenas noticias. Ayer, cuando el Supremo Tribunal Federal (STF) decidió procesar por corrupción a su peor enemigo, al presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, principal impulsor del impeachment de la presidenta en el Congreso, se conoció el supuesto acuerdo negociado con la justicia por un senador oficialista arrepentido de participar de la red de sobornos en Petrobras, que involucró directamente en el escándalo a Dilma y a su antecesor y padrino político Luiz Inacio Lula da Silva.
Según reveló la revista Istoé, el senador Delcídio Amaral, ex jefe de la bancada oficialista en la Cámara alta, detenido a fines de noviembre por su participación en el petrolão, tanto la presidenta como Lula estaban al tanto del esquema de coimas y sobrefacturación dentro de Petrobras.
Amaral, del Partido de los Trabajadores (PT), apuntó que Dilma usó su poder para evitar el castigo de corruptos y corruptores al designar para el Supremo Tribunal de Justicia a un juez que se comprometió a votar a favor de liberar a los empresarios arrestados por haber sobornado a directivos de Petrobras y a políticos oficialistas a cambio de contratos con la petrolera estatal. Y acusó a Lula de actuar personalmente para bloquear las investigaciones judiciales al ordenar el pago de dinero para intentar comprar el silencio de testigos de la multimillonaria trama de corrupción en Petrobras.
Istoé obtuvo copias del acuerdo de delación premiada negociado entre la Procuraduría General de la República y Amaral, que desde el 19 de febrero cumple prisión domiciliaria. La revista aclaró que el documento, de unas 400 páginas, aún no había sido aceptado por el Supremo Tribunal Federal (STF), que cuestionó una cláusula de confidencialidad exigida por el defenestrado senador petista.
Al final de la tarde, a través de un comunicado, el abogado Amaral sembró dudas sobre lo publicado por Istoé: "Ni el senador ni su defensa confirman el contenido de la nota. No conocemos el origen y tampoco reconocemos la autenticidad de los documentos que van adjuntos al texto", escribió, si bien otros medios ya habían ratificado la existencia del acuerdo.
De todas formas, la noticia cayó como una bomba en el Palacio del Planalto. Dilma llamó de inmediato a una reunión de su núcleo político para analizar cómo reaccionar, mientras la administración se veía aturdida. Es la primera vez que uno de los arrepentidos del petrolão apunta directamente contra la presidenta, y quien lo hizo es un político que tuvo total acceso a los gobiernos del PT.
"La presidenta está con la misma indignación que yo, tal vez mayor, porque involucra directamente su nombre. ¿Quién hizo esa filtración? Es un hecho gravísimo", afirmó el jefe de Gabinete, Jaques Wagner.
Por su parte, el Instituto Lula señaló en un comunicado: "El ex presidente Lula jamás participó, directa o indirectamente, de ninguna ilegalidad, sea en los hechos investigados por la Operación Lava Jato o en cualquier otro, antes, durante o después de su gobierno".
Desde la oposición, aprovecharon la explosiva noticia para volver a pedir la salida de Dilma. Ya el año pasado la presidenta enfrentó un proceso de impeachment en el Congreso por haber manipulado la contabilidad oficial, pero fue salvada a último momento por la intervención del STF, y ahora tiene su campaña de reelección en 2014 en investigación en el Tribunal Superior Electoral, por presuntos abusos de poder político y económico, entre ellos el supuesto financiamiento ilegal con desvíos del petrolão.
La noticia llega justo cuando varios grupos civiles convocaron a una "megamanifestación" contra Dilma para el domingo 13 de marzo. Numerosas figuras adhirieron ya a la protesta con la esperanza de que sea comparable a las marchas proimpeachment que a principios del año pasado sacudieron el país.
Irónicamente, ayer mismo Dilma vio cómo su peor enemigo, el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, ferviente promotor de su juicio político, fue procesado en el STF por corrupción pasiva y lavado de dinero. Cunha, uno de los 38 legisladores que estaban en investigación por su participación en el petrolão, deberá demostrar ahora cómo obtuvo cinco millones de dólares que fueron descubiertos en cuentas secretas en Suiza y que él había negado.
Aunque el proceso en el STF tomará tiempo, es probable que la decisión de los jueces de la máxima corte brasileña empuje el sumario que Cunha tiene abierto en el Consejo de Ética de Diputados por el mismo asunto. Si sus pares coincidieran en que Cunha faltó al decoro parlamentario, perdería su cargo y la inmunidad.
LULA PIDE AMPARO JUDICIAL
La presión judicial aumenta contra el ex presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva y su conexión con el escándalo de corrupción en Petrobras. Más de 200 agentes de la Policía Federal de Brasil participaron esta mañana en diversos allanamientos, que incluyeron la casa del ex mandatario, la residencia de uno de sus hijos, la sede del Instituto Lula y oficinas de la constructora Odebrecht.
Como parte del operativo, que ha sido bautizado como "Aletheia", en referencia al concepto filosófico griego de "búsqueda de la verdad", fueron llevados a declarar coercitivamente tanto Lula como el presidente del instituto creado por el ex mandatario, Paulo Okamotto. La orden fue dada por el juez federal Sergio Moro, en Curitiba, quien lleva adelante el caso para desentrañar el multimillonario esquema de sobornos que grandes constructoras pagaban a directivos de Petrobras a cambio de contratos con la petrolera estatal.
En estos momentos, Lula declara en la sede de la Policía Federal, en el aeropuerto de Congonhas, la terminal metropolitana de San Pablo.
Lula comenzó a ser investigado en el "petrolão" cuando los fiscales descubrieron que la constructora OAS había pagado por un departamento tríplex que el ex presidente tendría en Guarujá, en el litoral del estado de San Pablo, y que Odebrecht había realizado reformas a una casa de campo que el ex mandatario utilizaba en Atibaia, en el interior paulista.
Lula, a declarar
El operativo policial comenzó poco después de las 6 de la mañana, cuando agentes federales llegaron a la casa de Lula en São Bernardo do Campo. Según testigos, el líder del Partido de los Trabajadores (PT) reaccionó tranquilo y no ofreció resistencia al ser llevado a declarar. De inmediato, su abogado fue alertado y presentó un recurso de hábeas corpus, mientras que varios sindicatos organizaron una manifestación de protesta y apoyo al ex presidente frente a su residencia.
En un comunicado, el Ministerio Público de Paraná, en Curitiba, donde se concentran las investigaciones sobre el "petrolão" indicó que las averiguaciones demostraron que el ex presidente recibió en 2014 "sin aparente justificativa económica lícita de OAS" por lo menos un millón de reales por medio de reformas y muebles de lujo en el tríplex de Guarujá. Asimismo, afirmó que hay fuertes indicios de que entre 2010 y 2014 Lula adquirió "mediante personas interpuestas" la propiedad rural en Atibaia con 770 mil reales "sin justificativa económica lícita"del empresario ganadero José Carlos Bumlai y de las empresas Odebrecht y OAS "todos beneficiados por la corrupción del esquema" de sobornos en Petobras.
"El ex presidente Lula, más allá de líder partidario, era el responsable final por la decisión de quiénes serían los directores de Petrobras y fue uno de los principales beneficiarios de los delitos. De hecho, surgieron evidencias de que los crímenes lo enriquecieron y financiaron campañas electorales y la caja de su agremiación política".
La Policía Federal indicó que más tarde dará una conferencia de prensa, pero adelantó que los crímenes investigados en esta etapa son corrupción y lavado de dinero, perpetrados por diversas personas en el contexto de la red de sobornos que actuaba dentro de Petrobras. Los agentes cumplen un total de 44 ordenes judiciales en los estados de San Pablo, Río de Janeiro y Bahía.
En la residencia del hijo de Lula Fabio Luiz "Lulinha", en San Pablo, además de oficiales policiales actuaron también agentes de la Receta Federal. Hubo asimismo allanamientos en las sospechadas propiedades de Lula en Guarujá y en Atibaia.
La presidenta Dilma Rousseff fue alertada bien temprano sobre lo que estaba ocurriendo, pero hasta el momento no hubo reacción del Palacio del Planalto.
En el centro del petrolão
El sorpresivo operativo llega un día después de que tanto Rousseff como Lula fueran empujados al centro de atención del "petrolão" por la revelación de la revista Istoé que publicó un supuesto acuerdo de delación premiada al que habría llegado con la Justicia el arrepentido senador petista Delcídio Amaral, detenido en noviembre por su participación en la red de sobornos. Según la publicación, el defenestrado senador, ex jefe de la bancada oficialista en la Cámara alta, tanto la presidenta como su padrino político estaba al tanto del esquema de coimas y sobrefacturación dentro de Petrobras.
Amaral apuntó que Rousseff utilizó su poder para evitar la punición de corruptos y corruptores, al designar para el Superior Tribunal de Justicia a un juez que se comprometió a votar a favor de liberar a los empresarios arrestados por haber sobornado a directivos de Petrobras y a políticos oficialistas a cambio de contratos con la petrolera estatal. Y acusó a Lula de actuar personalmente para bloquear las investigaciones judiciales al ordenar el pago de dinero para intentar comprar el silencio de testigos del "petrolão".
Istoé obtuvo copias del acuerdo de delación premiada negociado entre la Procuraduría General de la República y Amaral, quien desde el 19 de febrero cumple prisión domiciliar. La revista aclaró que el documento de unas 400 páginas aún no había sido aceptado por el Supremo Tribunal Federal (STF), que cuestionó una cláusula de confidencialidad exigida por el senador.
Ayer, tanto Rousseff como Lula negaron vehementemente las acusaciones. La presidenta además, repudió "el uso abusivo de filtraciones como arma política".
TUMULTOS ENTRE SIMPATIZANTES Y CRÍTICOS DE LULA
RIO DE JANEIRO.- Las acciones de la Policía Federal brasileña, que esta mañana llevó a declarar coercitivamente al ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva en San Pablo, calentó los ánimos de militantes del oficialista Partido de los Trabajadores (PT) que se enfrentaron a manifestantes contrarios a su líder político.
Los petistas comenzaron a llegar frente a la casa de Lula en São Bernardo do Campo poco después de que se conoció la noticia del allanamiento que realizaban allí los agentes federales. Coreaban consignas en defensa de Lula, quien fue trasladado a la sede de la Policía Federal en el aeropuerto paulistano de Congonhas para su indagatoria. Otras personas que pasaban por el lugar aplaudían a los agentes federales, gritaban "¡Cárcel al bandido!", y pedían la renuncia de la ahijada política de Lula, la presidenta Dilma Rousseff.
Fue entonces cuando estallaron los choques entre ambos bandos, que sumaban unas 200 personas. La policía tuvo que intervenir varias veces para detener los golpes y hasta se lanzó gas lacrimógeno para dispersar a la muchedumbre.
Los tumultos entre partidarios y críticos de Lula se repitieron frente a la comisaría de la Policía Federal en Congonhas, frente a una gran presencia de medios de prensa y curiosos que se acercaron hasta el lugar, mientras los automovilistas celebraban con bocinazos.
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Desde las redes sociales, el PT calificó a Lula de "preso político" y pidió a sus militantes salir a defender al ex presidente frente a lo que consideró un atropello contra "el mejor presidente que tuvo Brasil".


















