Busca frenar el juicio político contra Dilma Rousseff, en medio de un feroz litigio judicial por su nombramiento.
En Brasilia, el ex presidente Lula da Silva iniciará mañana, de manera informal, la principal función del cargo para el que fue nombrado: el de ministro jefe de gabinete. Busca concretar las negociaciones con el Partido del Movimiento Democrático de Brasil (PMDB), el de mayor peso en Diputados, para que se frene allí el proceso de juicio político contra Dilma Rousseff lanzado el jueves pasado. Pero lo hace en medio de un feroz litigio legal contra su nombramiento. Precisamente, debe pesar sobre sus gestiones una decisión que debe tomar mañana la jueza de la Corte Suprema, Rosa Weber.
La magistrada podrá tomar una decisión clave: dar el aval o rechazar que sea la Corte Suprema la que se hace cargo de las investigaciones sobre las presuntas propiedades del ex presidente que hoy están en manos del juez federal de Curitiba Sergio Moro. La sentencia de la jueza debe será una respuesta a la apelación de los abogados de Lula ante la Corte Suprema. Es en los hechos una de las situaciones más complejas desde el punto de vista jurídico. Y eso influirá sin duda en la capacidad del líder del Partido de los Trabajadores de llevar adelante la tarea que se le ha encomendado, lo que muestra claramente cuáles son las consecuencias de elevar la lucha política entre oposición y oficialismo a las instancias judiciales. Es esta propia situación la que explica otro hecho: el aterrizaje de Lula en Brasilia. Se debió especialmente a que desde San Pablo el ex mandatario no tenía capacidad para realizar gestiones ante los más encumbrados miembros del PMDB, entre ellos, el vicepresidente Michel Temer. Y la razón es obvia: nadie quiere comunicarse telefónicamente con él, a sabiendas que cualquiera de sus teléfonos pueden estar pinchados.
Hoy, precisamente, el vicepresidente brasileño puso fin a una especulación que lo colocaba directamente como involucrado en una “salida” que lo convertiría, una vez finalizado el proceso de juicio contra la presidenta brasileña, como flamante presidente del país. Quien lo implicó fue el senador José Serra, opositor de vieja data (se enfrentó, y perdió, en presidenciales primero con Lula y luego con Dilma).
En una entrevista concedida al diario Estado de Sao Paulo sostuvo que “ocurriendo el impeachment, asume Michel Temer” y añadió que en ese caso “él deberá batallar para formar un gobierno de reconstrucción nacional, con todas las fuerzas interesadas en la recuperación del país”. Pero quizás avanzó demasiado al afirmar que Temer “deberá comprometerse a no disputar la reelección”. Las consecuencias no se hicieron esperar. El vicepresidente, furioso, respondió: “Nadie puede erigirse en mi vocero. No lo tengo. Si algo tengo que decir, lo haré personalmente”. La relevancia de esta declaración se puede entender a partir del la próxima reunión de la dirección ejecutiva del PMDB, presidido por Temer. En ese encuentro, que debe ocurrir el 29 de marzo, la agrupación deberá decidir si continúa o se aleja definitivamente del gobierno.
Ayer por la mañana, en el Palacio del Planalto (la sede del gobierno en Brasilia), en una las ya clásicas reunión de coordinación ministerial, se discutió que la tarea central en los próximos días en detener el proceso de juicio político, que de acuerdo a algunas fuentes de Brasilia podría concluir a fines de mayo. La decena de ministros que estuvo en esa cita con la presidenta Rousseff tuvo una instrucción única: recuperar el margen de votos en la Cámara de Diputados que el gobierno tenía a principios de mes. Sólo precisa 171 legisladores que voten contra el pedio de impeachment.
Pero según afirman los medios locales, si hace 15 días contaban con 240 votos, hoy están en la línea de flotación. El líder del gobierno en el Senado, Humberto Costa, tuvo su cuota de tremendismo al señalar que “tenemos pequeña ventaja” en la comisión especial que debe analizar la demanda de juicio. “La primera contabilidad muestra que no es muy grande la diferencia a favor del gobierno. Debemos trabajar diputado por diputado”. En la cita con sus colaboradores la presidenta pidió que estos “continúen trabajando normalmente, mantengan las agendas y no atrasen decisiones” por cuenta de la crisis. Es lógico que en medio de esta situación, la jefa de Estado le huya a toda imagen de paralización de su gestión. Pretende aún más, con el lanzamiento de una agenda positiva como por ejemplo el lanzamiento de una nueva fase del programa social “Mi casa, mi vida”.
LULA TEME SER ARRESTADO ESTA SEMANA
El ex presidente brasileño Luiz Inacio Lula da Silva, investigado por corrupción, lanzó este domingo una campaña para denunciar acoso judicial y mediático y pidió levantar el bloqueo a su designación ministerial, que lo libra a la justicia ordinaria.
Los abogados de Lula y un grupo de juristas pidieron a la corte suprema dejar sin efecto el fallo que le impide asumir como nuevo jefe de gabinete del gobierno de izquierda de Dilma Rousseff, quien a su vez está a las puertas de un juicio de destitución en el Congreso.
"Lula no ha sido acusado de ningún crimen, incluso después de haber sido sometido en los últimos meses a una verdadera invasión [de su vida privada] y a intimidaciones", afirmó en un comunicado el Instituto Lula.
Es que el tiempo corre. Lula necesita de los fueros especiales que le otorga su puesto de ministro, y que lo ponen a salvo del juez de primera instancia Sergio Moro, que lo investiga por corrupción en el caso de coimas en Petrobras.
Según publica este lunes la prensa brasileña, el gobierno no descarta que el ex presidente sea detenido esta semana por orden del juez Moro, a cargo de la causa por corrupción en Petrobras, informó hoy la prensa local .
"El gobierno teme una nueva acción de Sergio Moro contra Lula y pide respuesta urgente al Supremo" Tribunal Federal, escribió el diario Valor Económico, mientras Estado publicó que "temiendo a Moro la Abogacía General de la Unión requiere otra cautelar" a favor de Lula.
La Abogacía General demandó ayer en carácter inmediato la "concesión excepcional de medida cautelar" que permita a Lula ejercer funciones de ministro Jefe de la Casa Civil, cargo para el cual juró el jueves pasado ante Rousseff.
La cadena de noticias Bandeirantes, una de las mayores del país, informó el sábado sobre rumores acerca de que la detención de Lula sería este lunes,
Mientras sitios de opinión próximos al oficialismo publicaron ayer por la noche comentarios sobre el "riesgo" de que Lula sea apresado por orden Moro lo que desataría el descontento popular.
Lo que, según esos medios afines al gobierno, puede configurar un clima de enfrentamientos entre oficialistas y opositores similar al que se desató en la crisis que precedió al suicidio del ex presidente Getulio Vargas, en 1954.
Los abogados de Lula piden que el presidente de la Corte suprema levante el bloqueo de la designación de Lula como ministro.
La medida fue ordenada el viernes por otro magistrado de esa instancia, por sospechar que era una maniobra para dotar a Lula de fueros que lo protegieran de la justicia ordinaria y en especial de un eventual pedido de detención en su contra.
Lula y su familia, afirma el comunicado, fueron "sometidos a métodos no jurídicos y antidemocráticos de investigación, intimidación y difamación".
El ex presidente de Brasil, de 70 años, está en la mira de la justicia por supuesta ocultación de bienes -un tríplex y una chacra en San Pablo- que los fiscales vinculan al escandaloso esquema de fraudes que drenó más de 2.000 millones de dólares de Petrobras a través de una red de empresarios, políticos y especialistas en blanquear capitales.
Moro ordenó el 4 de marzo un aparatoso allanamiento del domicilio del hasta entonces intocable ícono de la izquierda latinoamericana y debía decidir si daba cabida a una orden de detención, cuando el nombramiento ministerial pareció arrebatarlo de su esfera.
El magistrado no vaciló en divulgar una conversación telefónica pinchada entre Lula y Rousseff, que fue interpretada como una señal de que el nombramiento era una treta para que su caso pasara a la Corte Suprema.
El máximo tribunal tiene previsto realizar su próximo plenario el 30 de marzo y los abogados de Lula pidieron un hábeas corpus para que su cliente no pueda ser detenido en ese lapso.
El Instituto Lula denuncia "las filtraciones ilegales, las declaraciones irresponsables de las autoridades, las falsas delaciones y la invasión sistemática de la privacidad (del ex jefe de Estado), en una vergonzosa complicidad entre medios de comunicación y agentes facciosos del Estado".
Las complicaciones de Lula se suman a las de Rousseff, amenazada por un juicio de destitución en el Congreso por presunta manipulación de las cuentas públicas.
Para un número creciente de brasileños esa sería la solución a la grave crisis en la que se debate el país, sumada a la recesión económica, a menos de cinco meses de los Juegos Olímpicos de Rio.
Fuente: agencias
















