Diego Frutos denunció que le arrojaron piedras mientras realizaba tareas en el cerco de su propiedad. Ya había sido blanco de la violencia de grupos encapuchados
Luego de un mes de una tensa calma en Villa Mascardi, un vecino del lugar fue atacado con piedras mientras realizaba tareas de mantenimiento en el cerco de su propiedad y sospecha que los atacantes pertenecen a la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu, que desde 2017 mantiene una ocupación de tierras en la zona, a 35 kilómetros de Bariloche.
El denunciante es Diego Frutos, quien el 25 de noviembre fue agredido brutalmente por un grupo de encapuchados, integrantes de la agrupación autodenominada mapuche, en el marco de un corte de ruta que realizaron en conmemoración por el aniversario del asesinato del joven mapuche Rafael Nahuel.
En agosto del año pasado, el mismo vecino- que además es presidente de la Junta Vecinal de Villa Mascardi- denunció otro ataque con piedras y tuvo que refugiarse en una estación de servicios ubicada a un kilómetro de la toma.
La nueva denuncia se radicó en el fuero provincial. Frutos, propietario del complejo La Cristalina, aseguró que realizaba tareas de mantenimiento en el alambrado perimetral de su vivienda cuando autores desconocidos comenzaron a agredirlo con piedras y otros elementos.
Los proyectiles fueron arrojados desde el predio lindero al suyo, que es ocupado actualmente por la comunidad Lafken Winkul Mapu y con quien Frutos mantiene un duro enfrentamiento desde hace tiempo.
El denunciante no resultó lesionado. Los ataques anteriores, que fueron denunciados en reiteradas ocasiones, sirven como antecedente para sospechar de los autores.
Fuentes del caso indicaron que “el ataque se encuentra en plena etapa de investigación, debido a que los agresores no fueron identificados, aunque sí hay sospechas debido a que fueron efectuados desde el predio lindero al del denunciante, que es ocupado actualmente por mapuches”.
Desde el pasado 16 de diciembre, cuando se realizó un cinematográfico operativo en la zona para concretar una constatación judicial comandado por la fiscal federal subrogante de Bariloche, Syvia Little, no hubo nuevos incidentes en Villa Mascardi.
Dicho operativo, del que participó un centenar de efectivos de la Policía Federal Argentina, fue la bisagra para que la situación se mantenga en calma hasta el último fin de semana, cuando se produjo el nuevo ataque.
Las diferencias entre Frutos y los encapuchados surgieron a partir de las reiteradas denuncias que radicó el vecino por los “constantes ataques” de los mapuches. El episodio más grave ocurrió cuando un grupo de los autodenominados mapuches interceptó a Frutos durante un corte de ruta y lo agredió brutalmente.
Por ese ataque, tres integrantes de la comunidad fueron imputados por la justicia ordinaria.
En su última denuncia, el vecino mencionó además los daños forestales que produjo la comunidad al derribar añejos ejemplares autóctonos, algunos de los cuales provocaron daños al caer sobre distintas estructuras.
La leña que extrajeron de esos árboles es comercializada frente a la comunidad, donde hay un cartel que ofrece esos productos forestales a los veraneantes que utilizan las costas del lago Mascardi para pasar el día.
Alguno de los árboles que “voltearon” cayeron sobre el cerco perimetral de La Cristalina, motivo por el que Frutos decidió reparar los daños, momento en el que fue atacado por los integrantes de la comunidad.
La justicia provincial dispuso el desalojo de uno de los predios ocupados por la comunidad mapuche, perteneciente al obispado de San Isidro, aunque un pedido de la entidad religiosa frenó el cumplimiento de la medida.
El objetivo de los religiosos fue el de “evitar episodios de violencia y postergar la medida hasta tanto estén dadas las garantías para llevar a cabo el desalojo”.
La comunidad Lafken Winkul Mapu mantiene una ocupación desde noviembre de 2017, cuando ingresó a dos predios pertenecientes a la Administración de Parques Nacionales.
Con el correr de los meses, avanzó hacia predios linderos, algunos pertenecientes a privados y otros a organismos públicos como Gas del Estado y otro también perteneciente a Parques Nacionales.
En este último fue donde se realizó, el 16 de diciembre, la constatación de los daños que provocaron en la estructura edilicia aunque luego de la misma no hubo avances en la causa que lleva adelante el Juzgado Federal de la ciudad.
