Las subas tributarias que buscaba el Poder Ejecutivo en negociación con la oposición y los gobernadores naufragaron. El ajuste de 6% del PBI recaerá más sobre el gasto.
El capítulo de la suba de impuestos que actuaba como una de las columnas del plan económico inicial del gobierno de Javier Milei y que implicaba un reajuste tributario para algunos sectores clave de la economía como el campo y la industria, terminó por naufragar sobre el cierre de la semana en un ida y vuelta con la oposición y los gobernadores que empantanó el tratamiento de la ley ómnibus.
A pesar de ese retroceso de la Casa Rosada, un cambio impositivo clave seguirá vigente por la sencilla razón de que no necesitó pasar antes por el Congreso y que además es el que mayor aporte hace en la ecuación de ajuste fiscal.
Los retoques en las alícuotas y alcances de diversos impuestos asomaban como parte fundamental del fuerte programa de ajuste fiscal para eliminar el déficit equivalente a 6,1% del PBI en un solo año.
En el equipo económico dedicaron toda la semana a asegurar de que se trataba de medidas transitorias, algo que no había hecho evacuar por completo sus dudas al sector privado.
El mandato de Milei de activar una baja sustancial de la presión tributaria -por la propia cosmovisión económica del presidente libertario, pero también por sus promesas de campaña- entró en colisión con el inicio del plan de urgencia económica que elaboró y lleva adelante el ministro de Economía, Luis Caputo. Ese ajuste grande que necesitaba hacer la Casa Rosada era imposible realizarla solo con recortes de gastos. Necesitaba un refuerzo de ingresos tributarios.
La proporción, haciendo grandes números, era hasta el anuncio de retiro del capítulo fiscal del megaproyecto de ley, de un blend de 60-40: 6 de cada 10 pesos a ajustar provendría de podas en numerosos renglones del gasto público (principalmente subsidios, obra pública y transferencias no automáticas a provincias) y los otros cuatro, por reajustes tributarios que hagan subir la presión impositiva este año y que le dé más aire al fisco. Esa proporción, con seguridad, mutará hacia otra con un peso mayor en el recorte de gastos.
El problema para el Gobierno, precisamente, fue que una parte relevante de todo ese combo no depende solo de la voluntad del Poder Ejecutivo, sino que necesitaba un aval parlamentario. Y por esa razón, el tramo fiscal e impositivo del megaproyecto, que había experimentado cambios y contramarchas desde el inicio del tratamiento parlamentario, asomó más como un obstáculo que como un vehículo del plan económico.
Para resumir, la ley ómnibus incluía un elemento vertebral en ese plan fiscal: una suba de retenciones a las exportaciones generalizado. En un primera versión del excel de Caputo, el 15% de nuevo piso abarcaba a todos los productos, sin discriminar si fuesen economías regionales o pampeanos de explotación extensiva, como la soja, el maíz o el trigo.
También el Gobierno había ensayado modificaciones, en los primeros 45 días de gobierno libertario, en impuestos personales. Una parte se intentó canalizarlos a través de la Ley Ómnibus (Bienes Personales) y otra en un proyecto aparte (Ingresos Personales, ex Ganancias, Monotributo y Autónomos).
Respecto a Bienes Personales, el corazón del programa era una reducción paulatina de alícuotas hasta dejarla en 2027 en 0,25% como gravamen anual al patrimonio. También incluía un blanqueo y un premio a contribuyentes cumplidores, que para los tributaristas era más simbólico que realmente sustancial.
