El candidato de centroizquierda mexicano Andrés Manuel López Obrador amplía su ventaja sobre sus rivales y ya roza el 50% de las preferencias, lo que le augura la mayoría parlamentaria de cara a las elecciones del próximo 1 de julio, según un estudio de sondeos publicado este jueves.
El último registro, difundido por el sitio Oraculus que monitorea las preferencias del proceso eleccionario mexicano, da cuenta de un aumento de los votos de López Obrador, que ya mantiene una ventaja de 23 puntos porcentuales sobre el candidato que lo sigue, Ricardo Anaya, que ronda el 27%, informó el periódico Excelsior.
Más atrás, el oficialista José Antonio Meade suma alrededor del 20%, por lo que las miradas se centran ahora en ver si el apoyo a López Obrador se traducirá también en un respaldo a su partido, Morena, y a su coalición con el conservador Encuentro Social (PES) y el Partido del Trabajo (PT), en el Congreso.
La consolidación del candidato de centroizquierda como el favorito indiscutido en los sondeos desplazó su estrategia discursiva, ahora centrada en la necesidad de lograr el máximo apoyo en las cámaras de diputados y senadores, objetivo que -de alcanzarse- daría un golpe en el tablero político mexicano.
No obstante, incluso logrado este objetivo, hay dudas de que el conservador PES se sume a todas las decisiones del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), de López Obrador, para sacar adelante todas sus iniciativas.
Los datos de los sondeos indican que el Morena podría ser el más votado en los dos casos y que su coalición con el PES y el PT podría conseguir la mayoría en las dos cámaras.
Desde hace varias semanas, la discusión ya no es si ganará o no López Obrador, sino por cuánto, si podrá rebasar la barrera psicológica del 50%, una hazaña que lograda por última vez hace 30 años por Carlos Salinas en 1988, y cómo se traducirá ese triunfo en las cámaras.
Las encuestas del voto para diputados colocan a Morena como el partido más votado, cerca del 40% de votos, y la suma con PES y PT eleva sus apoyos hasta el 45% o 46%, lo que se traduciría en que -en virtud del particular sistema mexicano- Morena, PT y PES rondarían los 260 escaños y podrían lograr una mayoría en la cámara (que consta de 500 miembros).
La ley mexicana determina que 300 diputados se eligen en distritos uninominales por mayoría relativa, lo que suele dar ventaja al partido más votado porque introduce un sesgo mayoritario.
Conscientes de esto, las coaliciones se coordinan y en muchos distritos presentan un único candidato que aglutine todas sus fuerzas.
Este sesgo mayoritario, que no es constante ni lineal, complica las predicciones sobre los diputados ya que resulta complicado anticipar su magnitud.
Los 200 diputados restantes se eligen con repartos proporcionales y son más fáciles de predecir, aunque el sistema electoral también introduce incertidumbres, como el mecanismo contra la sobrerrepresentación.
Según lo establecido en el artículo 54 de la Constitución del país, ningún partido podrá tener más de 300 diputados ni un porcentaje de diputados mayor en 8 puntos a su porcentaje de votos. En 2012 y 2015, el PRI superó el umbral de sobrerrepresentación y fue necesario restarle diputados y recalcular el reparto siguiendo la ley.
En el Senado, en tanto, la suma de Morena, PT y PES ronda el 46% de votos en las encuestas, mientras que las coaliciones alrededor del PAN y del PRI suman el 33% y el 21% de los votos, respectivamente. En este caso, el efecto mayoritario del sistema es menor porque, de los tres senadores que elige cada estado, hay uno que se reserva a la primera minoría. Aún así, la coalición de López Obrador tiene opciones para conseguir la mitad de los senadores y controlar la cámara.
El 1 de julio están llamados a las urnas 89 millones de mexicanos para elegir presidente, diputados, senadores, ocho gobernadores y el jefe de Gobierno de Ciudad de México, entre otros 3.400 cargos.
Este jueves, López Obrador dijo que, de ganar la presidencia, no promoverá reformas constitucionales en los primeros tres años del sexenio, aunque buscará cambios para que el presidente pueda ser eventualmente enjuiciado
