Dicho protocolo está pensado para la aplicación obligatoria en las instituciones públicas y privadas de la salud y tiene como propósito garantizar el cumplimiento del derecho de todas las personas a vivir una vida libre de violencia, desde una mirada transversal e interdisciplinaria.
Al respecto, la legisladora provincial manifestó que de esta manera “se establecerá una pauta de actuación normalizada y homogénea para la detección, valoración y actuación ante situaciones de violencia, con el objeto de ofrecer orientaciones a los agentes de salud para la atención integral de las mujeres que acuden a las instituciones públicas y privadas de salud en demanda de atención”.
Asimismo indicó que “la aplicación de este protocolo tiene por objeto la intervención activa del Estado en la prevención de los casos de violencia de género”, por ende los agentes o efectores de salud deberán recabar la información necesaria y completar el Registro de la Historia Clínica que concentrará, contendrá y sistematizará la información en formato digitalizado, de los hechos, tipos y modalidades de la violencia de género regulados en la Ley 26.485, siéndoles extensivas y aplicables las disposiciones que en materia de confidencialidad e intimidad se establecen en los artículos 8 y 10 de la Ley 25.326 y el artículo 7, inciso f, de la Ley 26.485.
En este sentido, dijo que “en determinadas ocasiones es muy difícil la tarea de identificación de las víctimas de violencia, ya que en muchas oportunidades la mujer no está dispuesta a manifestarse públicamente al respecto. Sin embargo, estamos estableciendo un protocolo de actuación que, de seguirse, permitirá dilucidar muchas situaciones que se esconden detrás de la historia de muchas mujeres y que permitirá ayudarlas”.
“De esta manera los profesionales de la salud van a tener una serie de pasos para analizar la situación de cada mujer: identificación de los signos y señales de violencia, pautas para la entrevista e indicadores en lo que hace a la exploración física y psíquica de las pacientes, con un apartado especial para profesionales de la Salud Mental”, agregó.
Con dicho protocolo está previsto que los profesionales actúen no sólo en lo inmediato (ayudando a las damnificadas a reconocer el problema, aportándole información respecto a lugares específicos a los que acudir) sino también en un seguimiento posterior a la víctima.
Por último, recalcó que “los trabajadores de la Salud pueden aportar mucho para terminar con este flagelo que afecta a muchísimas mujeres. Es una manera de generar una forma más de prevención, en instancias en las que es posible actuar a tiempo”.
