Según datos de la Inspección General de Justicia, la empresa K adeuda balances desde el 2010. Un acta muestra que Máximo trabajó para la compañía desde un domicilio fantasma.
El lunes 10 de noviembre, un funcionario de la Inspección General de Justicia (IGJ) introdujo un escrito en el legajo de la empresa Hotesur que estaba bajo control de ese organismo: el texto decía que esos papeles, pertenecientes a la compañía con la que familia Kirchner maneja el hotel Alto Calafate, debían “fotocopiarse” y guardarse “bajo llave”. El programa PPT, de Jorge Lanata, y Clarín, habían informado hacía horas de las irregularidades con las que funcionaba esa firma. Ese mismo día, la diputada nacional Margarita Stolbizer (GEN), presentó una denuncia penal en la que pedía que se investigue por ese tema a la Presidenta. El jueves pasado, el juez Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli allanaron la IGJ en busca de aquella documentación caliente. El alboroto interno que generó ese operativo provocó que el contenido del legajo de Hotesur trascendiera entre fuentes de Clarín que hicieron carrera en ese ente. Las primeras pruebas de la causa Hotesur comprometen a la Presidenta y a su hijo, Máximo. No quedaron bajo llave.
Los documentos de Hotesur empezarán a ser analizados por la Justicia, pero este diario pudo reconstruir parte de su información sensible. La causa Hotesur busca determinar si esa empresa funcionó de modo ilegal gracias a la protección del Gobierno que lidera su propietaria, la Presidenta.
Kirchner afirmó en su última declaración de bienes que sus acciones en esa compañía hotelera tenían un valor de $ 9.367.528,8.
El hotel de Hotesur fue administrado hasta fines del año pasado por el socio de los K, Lázaro Báez, investigado en causas de lavado de dinero en Suiza, Uruguay y Argentina. El empresario fue acusado de haber contratado habitaciones del Alto Calafate que nunca fueron ocupadas, una maniobra típica de quienes buscan lavar dinero.
Es por eso que el expediente Hotesur podría abrirse hacia pesquisas de delitos financieros vinculados a la corrupción.
Las primeras sospechas de los investigadores de la causa, mientras tanto, empiezan a tener un respaldo probatorio.
En el legajo de Hotesur que estaba en la IGJ se confirma que en todos los trámites que la compañía realizó ante ese organismo registró como sede a un domicilio en el que en realidad no hay nada: Lavalle 975 piso cuatro departamento cinco. Esas oficinas fueron allanadas el jueves pasado y estaban vacías y en alquiler. Un abogado aseguró ser el dueño del lugar desde hace cuatro años, y descartó tener alguna vinculación con el hotel presidencial. Los Kirchner declararon haber comprado el Alto Calafate en 2008.
Pero en abril de 2012, por ejemplo, Hotesur presentó ante la IGJ su declaración jurada de actualización de datos: en ese trámite se lee que la firma volvió a inscribir como sede a Lavalle 975. Las sociedades comerciales tienen la obligación de informar la dirección de su sede activa. La IGJ supo que algo pasaba en ese domicilio porque a fines del 2013 intimó a Hotesur por sus incumplimientos pero la carta volvió rebotada. No hubo acciones estatales para ver qué había pasado.
A todo esto se suman otras novedades sobre el hotel presidencial.
Según la documentación de la IGJ, la firma adeuda sus balances del 2011, 2012 y 2013. El último estado contable presentado es el de los años 2009-2010.
Clarín pudo saber que esos papeles, cruciales para conocer las finanzas del hotel de los Kirchner, no llevan la firma avalatoria de contadores.
La aprobación de esos balances de Hotesur fue realizada, según declaró la compañía, en una asamblea del 2011. En el acta que reproduciría ese encuentro figura que estuvo presente el hijo de la Presidenta, Máximo Kirchner, y que aprobó esos ejercicios contables, aunque no está su firma en ese papel. Ese documento afirma que la reunión de la cúpula de Hotesur se hizo en la oficina hoy fantasma de Lavalle 975. El dato que complica al heredero de los Kirchner.
¿Máximo estuvo en Lavalle 975 y aprobó esos estados contables? Es probable que la Justicia busque respuestas a ese interrogante.
Los documentos de Hotesur muestran que al menos al 2011 sus acciones estaban bajo control de la “sucesión” de Néstor Kirchner.
La Presidenta declaró que su parte de Hotesur vale $ 9.367.528,8. Y dijo que tiene una deuda con la empresa por $ 4.683.848,68.
¿Por qué le debe tantos millones a su propia compañía? Hotesur no presentó a la IGJ sus últimos balances.
El jueves pasado, la supuesta sede la empresa fue allanada, pero los Kirchner no hicieron declaraciones. El oficialismo embestió contra el juez Bonadio, al que acusa de estar haciendo “golpismo”.
Hasta ahora, el Gobierno no desmintió con documentación respaldatoria la información sobre el sospechoso funcionamiento de Hotesur
