El 15 de diciembre de 2022 la legislatura local aprobó la Ley 10.608, aunque aún no fue publicada en el Boletín Oficial. Jujuy, Catamarca y Salta se manifestaron en contra de la iniciativa.
Una iniciativa vinculada a la regulación de la explotación del litio que cuenta con el visto bueno del gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, mantiene en vilo a dirigentes industriales y gobernadores de Salta, Jujuy y Catamarca.
De las cuatro provincias mencionadas, La Rioja es la que cuenta con una porción casi nula de litio en su territorio en comparación con las demás y el 15 de diciembre de 2022 la legislatura local aprobó la Ley 10.608, aunque aún no la promulgó.
La normativa declara al mineral y sus derivados como un “recurso estratégico”, lo cual implicaría que el Estado pueda tener un mayor peso a la hora de tomar decisiones sobre su explotación. Incluso, tendría la potestad de suspender permisos y concesiones de exploración aunque ya hayan sido otorgados.
Para que la ley entre en vigencia, solo falta un paso: que el gobernador Quintela la firme y se publique en el Boletín Oficial.
El rechazo de las provincias de la Mesa del Litio
Jujuy, Catamarca y Salta concentran prácticamente el 100% del litio de la Argentina. Las tres conforman la Mesa del Litio, un espacio que los actuales gobernadores Gerardo Morales, Raúl Jalil y Gustavo Sáenz, respectivamente, quieren oficializar para desarrollar proyectos de explotación en conjunto.
Las tres provincias y sus máximos dirigentes ya se manifestaron en contra -a pesar de proceder de distintos partidos políticos- de declarar al recurso como “estratégico” a través de una ley, según señala el portal EconoJournal.
Igualmente, además del gobernador de La Rioja, durante los últimos años, el gobierno del Frente de Todos se pronunció en el mismo sentido. Incluso se evaluó la posibilidad de crear una empresa estatal nacional encargada de la producción del litio.
De todos modos, las diferencias también aparecerían dentro del propio Gobierno, ya que el ministro de Economía, Sergio Massa, y su secretaria de Minería, Fernanda Ávila, dejaron en claro que los recursos son de las provincias y que es fundamental para el desarrollo la combinación de trabajo con empresas privadas.
Los industriales, también en contra
Luego de que se aprobara en la legislatura riojana a mediados de diciembre del año pasado la Ley 10.608, la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM) salió inmediatamente a rechazarla a través de un escrito.
Señaló que “impacta gravemente en el sector minero del país en su conjunto” y que también “afecta la estabilidad jurídica”. “Suspender las concesiones y permisos daña las posibilidades de desarrollo socio-económico a futuro, impactando no solo a las empresas que ya confiaron en la provincia, sino, además, generando señales negativas que atentan contra potenciales inversores, frenando la posibilidad de producción y generación de divisas”, agregó CAEM en un comunicado.
