El Gobierno piensa nombrar 34 nuevos jueces federales para licuar el poder de los actuales 12 jueces federales de Comodoro Py, según el proyecto de ley que el presidente Alberto Fernández tiene sobre su escritorio.
Según confirmó a LA NACION una fuente del Gobierno, esta iniciativa -que todavía no está definitivamente cerrada- prevé que pasen a ser 46 los juzgados federales. La mitad -es decir, 23- serían nuevos juzgados federales a crearse y los otros 23 serían los 12 juzgados federales de Comodoro Py existentes, más los 11 juzgados en lo penal económico, que ya funcionan.
Según este proyecto, los nuevos 23 jueces federales deberían ser nombrados por concurso en un plazo de un año. Pero hasta que se terminen estos largos trámites, la iniciativa prevé un sistema de subrogancias que ya genera polémica.
Los suplentes serían elegidos por la Cámara Nacional de Casación Penal, que es un tribunal nuevo, creado en 2015, integrado por camaristas nombrados por Cristina Kirchner , con un perfil mayoritariamente progresista. Según el proyecto, esta Casación seleccionará a sus candidatos a subrogantes entre los jueces nacionales de instrucción. Deberán elegir entre los magistrados que no tengan atraso en sus juzgados. El plan es que estas subrogancias duren un año.
La sugerencia de estos camaristas requeriría luego la aprobación del Consejo de la Magistratura, que debería tener en cuenta los antecedentes de los candidatos en el fuero federal y respetar un cupo de género, según un resumen con los detalles de la iniciativa que circula por grupos de WhatsApp de camaristas y jueces. En el Gobierno confirmaron a LA NACION que, si bien quedan cuestiones por terminar de definir, estas son las líneas generales del plan que el Presidente piensa enviar al Congreso.
Es la solución más "política" según la describió un encumbrado camarista, porque permite elegir quiénes serán los jueces federales interinos.
El plan incluye crear además 23 fiscalías federales y tres defensorías federales nuevas, y avanzar en la implementación del nuevo Código Procesal Penal.
El proyecto contempla establecer además un plazo máximo de traspaso de toda la competencia de la justicia ordinaria a la ciudad de Buenos Aires, una tarea que está pendiente desde la reforma constitucional de 1994. Según los detalles de la iniciativa que trascendieron, el traspaso de magistrados, funcionarios y empleados de la órbita nacional a la Ciudad sería voluntario.
Las dependencias que queden bajo la jurisdicción del Poder Judicial de la Nación se pueden unificar, disolver o transformar en federales, dependiendo del resultado de quienes hayan aceptado el traspaso.
La idea del Gobierno es, además, establecer un plazo para terminar con la implementación del nuevo Código Procesal Penal, que les da mayor protagonismo a los fiscales en el proceso. Hoy, rige solo en Salta y Jujuy.
De prosperar este proyecto, el Gobierno contaría con la posibilidad de cubrir 23 nuevas vacantes entre los jueces federales, además de cubrir a menos las actuales vacantes del juzgado de Claudio Bonadio, Sergio Torres y la que dejaría Daniel Rafecas de ser elegido Procurador. Sin contar con las dos vacantes que tiene actualmente por cubrir en la Cámara Federal.
Sin fecha
En un primer intento, el proyecto de ley de reforma judicial iba a llegar al Congreso el viernes pasado. Sergio Massa, el presidente de la Cámara de Diputados y aliado del Gobierno, informó que había sido avisado de eso por la secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra. Pero nada de esto ocurrió.
La expectativa se trasladó para esta semana, pero tampoco se concretó la presentación del proyecto de ley que, según dijeron a LA NACION ayer allegados al Presidente, "está al caer" porque el propio Alberto Fernández está punteando artículo por artículo. En las últimas horas circuló la versión de que se iba a demorar el envío un poco más, hasta que se hubiera despejado el horizonte por la negociación de la deuda, pero cerca del Presidente dicen que no es el plan esperar tanto.
No obstante, hasta anoche se seguían discutiendo artículos para compatibilizar las diferencias que plantearon los diversos sectores de la coalición gobernante, dijeron fuentes oficiales.
Lo cierto es que el proyecto de ley de reforma judicial tuvo al menos tres versiones en las que colaboraron diversos sectores dentro de la coalición gobernante: el área del Ministerio de Justicia, a cargo de Marcela Losardo; la Secretaría de Asuntos Estratégicos, de Gustavo Beliz, junto con la Secretaría de Vilma Ibarra, y, por último, el sector más cercano al kirchnerismo, con su propio proyecto de ley, sobre el que opinaron abogados cercanos a Cristina Kirchner. En todos los proyectos se trata de licuar el poder de los jueces federales de Comodoro Py, sumando más magistrados.
En paralelo con la versión de los 46 juzgados, las otras versiones proponían reformas diferentes. Una sumaba los 11 juzgados del fuero penal económico a los 12 federales, para que fueran, en total, 23. Esta contaba con el beneplácito de jueces de Comodoro Py 2002. Otra opción que propuso Beliz era federalizar todos los juzgados nacionales. Esta propuesta, más "técnica", de traslado completo, implicaba renunciar al poder de elegir quiénes serían los nuevos jueces federales.
