“El año pasado tuvimos los niveles históricos más altos de incautación, con lo cual entendemos que el tráfico no se ha resentido de una manera notable”, sostuvo el director de la fuerza de seguridad, Mario Layera
El Director Nacional de Policía de Uruguay, Mario Layera, dijo que la ley de regulación de la marihuana aprobada en 2013 no implicó directamente una caída del tráfico de esa droga y que el narcotráfico ha generado un aumento de asesinatos.
"El año pasado tuvimos los niveles históricos más altos de incautación en el país proveniente de otra región. Con lo cual entendemos que el tráfico hacia Uruguay no se ha resentido de una manera notable", comentó Layera en una entrevista con la radio local El Espectador, sobre la vigencia de la ley de la marihuana.
En diciembre, la Brigada de Narcóticos local indicó que la droga más incautada en 2016 fue marihuana, con una confiscación de 4,305 toneladas hasta el 18 de diciembre (2,52 toneladas en 2015), seguida de la cocaína con 144,4 kilos.
Uruguay aprobó en 2013 una ley que permite la producción de marihuana por privados bajo control estatal, el cultivo hogareño para autoconsumo y la formación de clubes de siembra cooperativa, entre otros. Sin embargo, hasta ahora el principal problema fue la venta en farmacias que está retrasada y aún no pudo ser implementada por problemas logísticos.
Además, Layera sostuvo que a partir del tráfico de drogas constatado en los últimos tiempos se dio un aumento de "los niveles en cuanto a delitos y homicidios".
"La tasa de aumento criminal, que la ubicamos del 2005 en adelante, fue creciendo bajo la base de fenómenos que significa la oferta y el consumo de drogas", indicó.
En los últimos años, la policía constató el aumento de asesinatos, principalmente de hombres jóvenes, que determinó en muchos casos que se trataban de ajustes de cuentas entre personas vinculadas al narcotráfico.
Por otra parte, Layera también dio a conocer que hubo autoridades amenazadas debido a las nuevas estrategias y medidas aplicadas por las autoridades para combatir el crimen organizado.
"Varias autoridades del Ministerio del Interior han sido amenazadas además de jueces, fiscales y algunas personalidades de los Derechos Humanos", subrayó.
