Finalmente la jueza María Romilda Servini de Cubría, quien está subrogando el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 4, rechazó habilitar la feria para comenzar a tratar la denuncia del fiscal Alberto Nisman sobre un pacto para darle impunidad a los iraníes acusados del atentado a la AMIA. La decisión será tomada por el titular del juzgado, Ariel Lijo, al regreso de su licencia por vacaciones, en febrero.
Pese a esto, la oposición reclamó un tratamiento de "responsabilidad y urgencia" a la denuncia de Nisman, que involucra a la presidente Cristina Kirchner y al canciller Héctor Timerman, entre otros. Los referentes de los partidos no kirchneristas remarcaron la "gravedad institucional" que implica lo revelado por el fiscal especial del caso AMIA.
La UCR advirtió que la denuncia de Nisman contra la jefa de Estado en el marco del caso AMIA "debe ser abordada con responsabilidad y urgencia" en el Congreso. A través de un comunicado, las autoridades del partido, encabezadas por el presidente del Comité Nacional, Ernesto Sanz, y la de la Convención partidaria, Lilia Puig de Stubrin, dijeron que la denuncia "reviste una gravedad institucional mayúscula".
Confirmaron que "los bloques legislativos del radicalismo solicitarán la presencia" del fiscal Nisman en el Congreso "cuantas veces sea necesaria, para interiorizar al Poder Legislativo acerca de la investigación".
Además, reclamaron a Cristina Kirchner "que denuncie sin más demora el documento que se ha pactado con Irán, que ha sido evidentemente pernicioso para los intereses del país, agraviantes para las víctimas y familiares de víctimas del atentado y un impedimento para la investigación judicial".
En el PRO, la diputada nacional Laura Alonso afirmó que los pedidos de indagatorias presentadas por Nisman en la causa AMIA son de una "una gravedad institucional importante". "El memorándum fue el punto de llegada de una negociación oculta, espuria, que iba en contra de la Justicia argentina y que se estaba dando entre bambalinas entre representantes del Gobierno argentino clandestinos con Irán a través de uno de los acusados", enfatizó Alonso.
La diputada opositora aseguró que durante el debate del Memorándum realizado en la Cámara de Diputados de la Nación pudo observarse que a partir del año 2010 se registró un giro en la política internacional argentina que impactaba en la posición del gobierno en la causa AMIA.
La denuncia "es de una gravedad institucional importante" y agregó: "Es bastante contundente, es espeluznante ver las conversaciones que mantienen interpósitas personas designadas por la presidente" en diálogo directo con uno de los acusados.
A su turno, "Pino" Solanas reclamó que se abran los archivos secretos del atentado a la AMIA y se los ponga a disposición de una Comisión Investigadora de la Verdad. "Es el único camino para saber la verdad y castigar a todos los culpables", resaltó el senador y líder del partido Proyecto Sur.
Por su parte, el precandidato a gobernador bonaerense por el Frente Renovador Francisco de Narváez sostuvo que "la Presidente debe responder la denuncia gravísima" elevada por Nisman. Recordó que se opuso el memorándum con Irán y consideró que el tratado con Teherán "que no tenía ni pies, ni cabeza".
Por su parte, el rabino Sergio Bergman, diputado nacional del PRO, reclamó "prudencia y mesura" para poder "leer en profundidad la denuncia de Nisman". "Estamos todos conmocionados por la noticia periodística, pero dada la gravedad de su denuncia, entendemos que por el trabajo que él viene realizado debe tener la consistencia de la argumentación. Ser prudentes y, en función de eso, poder apoyar toda investigación que la Justicia independiente debe realizar", aseveró Bergman.
