Diputados y referentes de Juntos por el Cambio cuestionaron con dureza la jugada que pretende ejecutar el Gobierno. El ala K del Frente de Todos presiona a Alberto Fernández para que firme el decreto
La oposición cuestionó duramente el proyecto que impulsa un senador bonaerense del Frente de Todos para reformar por decreto la Corte Suprema y ampliarla a 25 miembros como plan alternativo ante un traspié en el Congreso, donde hay varias iniciativas para reformar el Máximo Tribunal.
El borrador del DNU plantea que cada gobernador y el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires elevarán al Presidente una dupla garantizando la paridad de género. El mandatario será el encargado de seleccionar a uno de los dos candidatos propuestos que luego deberán contar con el acuerdo del Senado.
El kirchnerismo quiere que Alberto Fernández firme el DNU para presionar a los gobernadores a elevar sus candidatos de forma inmediata, aunque el mismo proyecto establece un período de 30 días.
En caso de que los gobernadores o el jefe de Gobierno porteño no presenten sus duplas en el plazo establecido, el mandatario -que propondrá a uno de los 25 miembros- también elegirá a los candidatos de esos distritos.
El propio kirchnerismo reconoce que este artículo se puede declarar inconstitucional, ya que la carta magna establece que es el Presidente quien nombra a los magistrados de la Corte con el acuerdo del Senado. Sin embargo, en el borrador del DNU, el oficialismo se excusa sosteniendo que como el Jefe de Estado seguirá siendo quien designe a los postulados por los gobernadores para pasar al acuerdo de la Cámara Alta, considera que el único que podrían plantear la inconstitucionalidad es el propio jefe de Estado.
“De concretarse (el DNU), el Presidente sigue insistiendo en estar al margen de la ley. Es inconstitucional, el artículo 99 inc. 3 plantea que por regla general están prohibidos los DNU, salvo cuando existan circunstancias excepcionales y no se pueda seguir el procedimiento normal de formación y sanción de leyes. Además deberían ser analizados inmediatamente por el Congreso y cualquier juez federal podría declararlo nulo”, opinó el presidente de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, ante una consulta de Infobae. Y agregó: “Continúan con el quiebre del Estado de Derecho para concretar el único plan que tienen, el de la impunidad. Esto es propio de regímenes autoritarios, tanto de izquierda como de derecha, que quieren un Poder Judicial adicto”.
Por su parte, la presidenta del PRO Patricia Bullrich dijo que la idea “es una locura”. “Ellos quieren una corte política, es la anti república que cada gobernador maneje jueces de la Corte”, agregó.
En tanto, el diputado y candidato a gobernador Diego Santilli anticipó que Juntos por el Cambio va a impedir que la propuesta avance. “Nuestra misión es garantizar la justicia independiente en el país y esta no es la forma”, dijo. Sobre el proyecto, agregó: “Esta es otra forma de atacar y atropellar a la República. La prioridad del Gobierno siempre fue la impunidad, desde el día uno. Necesitan un Procurador amigo, entonces van por el que está para cambiarlo. No les conviene un Consejo de la Magistratura equilibrado, entonces van por una Magistratura adicta. No les conviene una Corte justa, entonces van por el juicio político o desconocen sus fallos. No tienen mayoría legislativa para que el juicio político tenga éxito, entonces arman un decreto. Les falta disolver el Congreso y la Justicia para ser lo mismo que (Nicolás) Maduro, al que tanto admiran”.
Desde el bloque de Evolución Radical también destacaron que las reformas a la Justicia tienen que partir de consensos y acuerdos en el Congreso. “Llevan tres años gobernando y fracasando plenamente en su intento de reformar al poder judicial porque cada uno de sus proyectos desnudaba sus verdaderas intenciones: controlar la justicia para que la corrupción de la década kirchnerista quede impune”, dijo la diputada Nacional Dolores Martínez.
Para la diputada del espacio de Martín Lousteau, “ni la reforma del Consejo de la Magistratura, ni la designación del procurador general o la ampliación de los miembros de la Corte, pasaron el test democrático de su debate y aprobación por mayorías en el Congreso, cualquier otro intento es muestra clara de desesperación, porque quedan apenas unos meses en el poder”.
Otro diputado del PRO, Álvaro González, que ahora integra el Consejo de la Magistratura, adelantó que el DNU sería declarado inconstitucional y recordó que el Gobierno tiene una vacante para cubrir en la Corte hace más de un año. “Hay un proyecto con media sanción del Senado. Es decir que el trámite para la sanción de las leyes está prácticamente terminado. El DNU no es una herramienta para “conveniencia” del presidente, para anular a una parte de la sociedad (mayoritaria), representada por el arco opositor, que no está de acuerdo con la medida. Tampoco hay “urgencia” en la medida, ya que la conformación posterior de una Corte ampliada requiere la designación de los miembros con un acuerdo del Senado por dos tercios”, puntualizó.
En esa misma línea, el diputado nacional de Avanza Libertad José Luis Espert opinó que el eventual decreto “además de ser inconstitucional, es un adefesio institucional que va en contra de los principios de la República”. ‘Como regla general de la Constitución Nacional, el Poder Ejecutivo no puede tomar decisiones legislativas, como todo lo que tiene que ver con la Justicia. Para que el Poder Ejecutivo pueda ejercer facultades legislativas se tienen que dar dos cosas simultáneamente de acuerdo con el artículo 99. Ninguno de estos dos presupuestos se da en el caso de la ampliación de los miembros de la Corte Suprema”, le dijo a Infobae.
El borrador de DNU fue propuesto por el senador bonaerense del Frente de Todos y ex intendente de San Antonio de Areco, Francisco “Paco” Durañona, quien en las últimas horas publicó en su cuenta de Twitter que “para evitar la proscripción definitiva de Cristina es imprescindible pensar en candidaturas que ofrezcan las mejores propuestas para ganar las elecciones y, entre otras cosas, llevar adelante una moderna, seria, profunda y democrática reforma judicial”.
La iniciativa también busca la modificación del artículo 10 del decreto ley 1.285 mediante el cual los ministros del Máximo Tribunal ejercerán sus funciones desde la jurisdicción en la que fueron designados. Y los empleados de su vocalía también deberán estar radicados en dicha jurisdicción. Los candidatos propuestos por la Ciudad y por el Poder Ejecutivo, ejercerán sus funciones en CABA.
En el documento se agregó una cláusula transitoria que incluye a los actuales miembros del Máximo Tribunal. Al considerarse a Juan Carlos Maqueda oriundo de Córdoba; a Carlos Rosenkrantz de la Ciudad de Buenos Aires; y a Horacio Rosatti de Santa Fe, dichas provincias no podrán proponer duplas de candidatos hasta que se genere la vacante en cada una de ellas (a Ricardo Lorenzetti se lo considera designado por el Presidente de la Nación). Por lo tanto, en una primera etapa solo 21 gobernadores podrán proponer jueces.
Sobre el supuesto federalismo que platea el DNU, González lo calificó como “disparatado”. “En la Corte actual ninguno es nacido en la CABA. Y todos ellos han sido designados con acuerdo de dos tercios del Senado, que es el órgano federal por excelencia. Por otra parte, con un criterio tan absurdo deberíamos reformar al Poder Ejecutivo, que solo tiene un miembro y es porteño”, finalizó.
