El martes quedará constituida la bicameral de seguimiento de los programas de Participación Pública Privada (PPP), un atajo del gobierno para transferir al sector privado el financiamiento de la obra pública. La decisión de reactivar esa comisión no es casual: Forma parte del endurecimiento del peronismo con Macri, que cree que se terminarán pagando tasas usurarias del 11% en dólares.
A los legisladores le sobran dudas sobre el costo financiero y sospechan que el financiamiento se empieza a acercar peligrosamente a las tasas del megacanje y las pagadas por Néstor Kirchner a Hugo Chávez. Además quieren conocer en detalle el criterio utilizado para seleccionar las obras y el precio final de las mismas. Estiman que este sistema podría terminar triplicando el valor que le cuesta al Estado una obra financiada por el Tesoro.
El programa está bajo una enorme tensión tras el acuerdo con el FMI. Es que el organismo considera que se trata de "deuda externa encubierta". Esta reticencia ya llegó a los bancos que financian a las UTES que ganaron los corredores viales que integran el primer paquete de PPP que lanzó el Gobierno. Varios de los bancos involucrados no terminan de autorizar la operación a la espera de tener más información sobre la postura del Fondo.
En concreto, el Banco Galicia esta revisando la posibilidad de financiar a la firma puntana Rovella Carranza, en su momento vinculada a los Rodríguez Saá.
La bicameral la preside el diputado Diego Bossio y el martes elaborará una lista de consultas de los legisladores para enviarlas a los funcionarios y esperar prontas respuestas.
Si bien la comisión no es vinculante sobre los PPP sus dictámenes pueden ser girados a la Sigen o la AGN, que controla Oscar Lamberto, alineado con el sector del peronismo racional que integra Bossio y en el Congreso lidera Miguel Angel Pichetto.
La discusión por como se eligen las obras -casi las únicas que quedarán en pie tras el ajuste anunciado- no pasará desapercibido para los gobernadores, que Macri necesita para que lo ayuden a aprobar un presupuesto austero y cumplir con el Fondo Monetario Internacional.
El retorno del FMI como auditor puede ser otro problema, porque no está claro si considera las PPP como deuda pública o un pasivo más con proveedores.
"Si es deuda, es una deuda cara y peligrosa. Deberle a proveedores es otra cosa", advierten los legisladores que el martes empezarán a poner el ojo en el programa. La última licitación sorprendió por los bajos precios y en el mercado dudaban si los proyectos no se refinanciarían.
Otra discusión será por las obras elegidas para buscar financiamiento privado. Los gobernadores temen que se priorice más la rentabilidad de inversión que la necesidad sociales y lo marcarán cuando así lo consideren.
La bicameral tiene 13 legisladores, 6 de Cambiemos y mucha presencia de gobernadores. Además de Bossio, la bicameral la integran los senadores Miguel Pichetto, el cordobés Carlos Caserio y el correntino Carlos Espínola, todos cercanos a la liga de mandatarios.
Cambiemos tiene a los senadores Federico Pinedo, Nancy González, Silvia Elías de Pérez y los diputados Luis Borsani, Yanina Gayol y Miguel Bazze. El kirchnerismo sólo tendrá la voz de Adrián Grana.
