Yadarola solicitó a la Jefatura de Gabinete de Ministros que establezca cuál sería el mejor destino de los 790.550 dólares secuestrados el 4 de agosto de 2007, que Antonini Wilson traía en una valija detectada por una agente aduanera en la Terminal Sur del Aeroparque Jorge Newbery.
El juez pretende que lo incautado "pueda reparar, en alguna medida, el daño causado a la sociedad con motivo del suceso objeto de pesquisa" y además agregó que luego de nueve años, "ninguno de los imputados en la causa reconoció ser propietario de la suma en cuestión y nadie reclamó la devolución del 50% del monto secuestrado".
Antonini Wilson había llegado a la Argentina en el vuelo de la aeronave de la empresa Royal Class número 5113S, rentado para regresar de Maiquetía, Venezuela, por la empresa estatal Enarsa y según el juez omitió realizar la declaración aduanera sobre los dólares que ingresaba al país.
En la resolución, el magistrado mencionó también el artículo del Código, que prevé que "en operaciones de lavado de activos, serán decomisados de modo definitivo, sin necesidad de condena penal" cuando se compruebe la ilicitud del origen o del hecho material al que se estuvieren vinculados y el imputado no pudiere ser enjuiciado".
Para el juez, "la presunta ilicitud del origen de las divisas que fueran secuestradas" deriva de "diversos indicios: por un lado, por haberse transportado esa cantidad de dinero en efectivo, evitando cualquier tipo de bancarización" y, "por otra parte, por no haber sido declaradas ni al salir de Venezuela ni al entrar al país".
Como ninguno de los imputados reclamó el dinero "no se vislumbra claramente el derecho o garantía constitucional que se podría vulnerar de procederse al decomiso en esta instancia de la suma en cuestión", recalcó Yadarola.
Finalmente, el juez decidió además "exhortar a la Unidad de Información Financiera para que preste colaboración en la materialización de la medida dispuesta".
















