El balance más reciente de la sociedad presidencial Hotesur SA que tiene la Inspección General de Justicia (IGJ) es de 2010. No sólo eso. Apenas recibió una fotocopia de ese supuesto balance, sin firmas ni las certificaciones que impone la ley, se aprobó en una presunta asamblea en la que en teoría participó Máximo Kirchner, pero que arrastra un pecado original: se celebró en una oficina en la que desde hacía un año ya no estaba esa sociedad.
Esas y otras inconsistencias surgen de documentos inscriptos en la IGJ, el organismo que depende del Ministerio de Justicia que debería controlar a Hotesur, pero que no le aplicó las sanciones que prevé la ley hasta quitarle su personería, y que el juez federal Claudio Bonadio obtuvo durante el allanamiento de este jueves.
La escasa e incompleta documentación obrante dentro de la IGJ sobre la sociedad anónima de la familia Kirchner contradice la versión que brindó el jefe de Gabinete, Jorge Milton Capitanich. El funcionario, en su conferencia de prensa de anteayer, habló de "hostigamiento judicial" y de "golpismo activo del Poder Judicial", términos que fueron duramente criticados.
"Hotesur ha presentado toda la documentación respaldatoria", afirmó Capitanich, quien planteó que "la firma presentó la documentación solicitada [por la IGJ]. No se necesitaba ningún allanamiento judicial. La operatoria [de Hotesur] fue clara y transparente".
Del legajo de Hotesur en la IGJ, sin embargo, surge otro panorama. Los últimos balances disponibles de la firma que controla el hotel Alto Calafate son de los ejercicios 2009 y 2010. Y ambos se presentaron sin firmas de sus autoridades o un contador. Una laguna clave para una empresa que ingresó millones de pesos del empresario patagónico Lázaro Báez gracias a las 1100 habitaciones que pagó durante años sin jamás usar esas reservas.
No sólo eso. Esos balances de 2009 y 2010 se presentaron en un formato Word o Excel que permiten su eventual manipulación, en vez de respetar los parámetros previstos por la ley.
El último balance, correspondiente a 2010, se complementó con el acta de una supuesta asamblea que se celebró durante 2011 para aprobar ese ejercicio y en la que habría participado el líder de La Cámpora, Máximo Kirchner.
Esa acta, sin embargo, registra sus propias inconsistencias. Entre otras, se consignó el departamento "A" del 4° piso de la calle Lavalle 975 de la ciudad de Buenos Aires como la sede en que se celebró el encuentro. Pero para entonces ése ya había dejado de ser el domicilio donde funciona la sociedad presidencial, según informó el abogado que registra esa oficina como propia desde hace ya cuatro años.
De verificarse esa anomalía, Hotesur no sólo omitió inscribir ante la IGJ el cambio de sede social, como impone la ley, sino que habría declarado un domicilio falso ante el organismo que debe controlar las sociedades que se constituyen o fijan su sede en la ciudad de Buenos Aires.
De esos últimos movimientos societarios correspondientes a 2010 y 2011 surge además que los actuales dueños de Hotesur continúan en las sombras. Aunque la presidenta Cristina Fernández de Kirchner informó esa firma en la declaración jurada que presentó ante la Oficina Anticorrupción, ante la IGJ consta mucha menos información. Apenas que las acciones quedaron dentro de la sucesión del ex presidente Néstor Kirchner, fallecido en octubre de 2010, sin detallar sus actuales titulares o sus porcentajes accionarios.
Según informó la IGJ mediante un comunicado que difundió anteayer, y Capitanich repitió dos veces durante su conferencia de prensa, "Hotesur SA se encuentra entre las sociedades activas que han presentado la declaración jurada y cuya documentación aún se encuentra en etapa de análisis".
De la documentación que ahora analiza la Justicia surge que, en efecto, los responsables de Hotesur presentaron la declaración jurada que impone la ley, pero lo hicieron recién en abril de 2012 -vencido el plazo previsto-, en la que reafirmaron como su sede legal el domicilio de Lavalle 975 cuando esa oficina ya se encontraba en realidad en manos de un abogado.
La propia IGJ verificó la inconsistencia de ese domicilio cuando un año después intentó intimar a Hotesur para que pagara las tasas que adeuda desde 2009 y presentara los balances pendientes de los últimos años. Le envió una carta documento que volvió al organismo porque en esa oficina ya no funcionaba la sociedad presidencial.
Desde la IGJ, sin embargo, no ordenaron la inspección de rigor en la supuesta sede social para verificar qué ocurría. De haberse comprobado esa información inconsistente, combinado con que además ya adeudaba balances y tasas de varios años, el organismo habría quedado habilitado para pedir la cancelación judicial de su personería.
En vez de seguir ese camino -o al menos aplicar multas-, el legajo de Hotesur refleja que la IGJ no avanzó más. De hecho, esa intimación fallida por carta documento ni siquiera incluyó las firmas de los funcionarios que la dispusieron, acaso para protegerlos de eventuales represalias. Pero allí no se acaban las divergencias entre la versión oficial y lo que surge del legajo de Hotesur, en línea con lo que LA NACION comenzó a revelar en diciembre de 2013.
En su comunicado de anteayer, la IGJ también aludió a sus "competencias de fiscalización" y a un programa de "reempadronamiento y depuración societaria" que abarca a decenas de miles de firmas como Hotesur. Pero del legajo de Hotesur, sin embargo, no surge que se haya dispuesto ningún trámite de fiscalización concreto sobre la sociedad de la familia presidencial.
