El Tribunal Constitucional respaldó un recurso del gobierno de Rajoy. Además, advirtió a 21 altos funcionarios catalanes de las causas penales que podrán pesar en su contra si no acatan la decisión
El Tribunal Constitucional –máximo órgano de justicia español– admitió el miércoles por unanimidad un recurso de inconstitucionalidad solicitado por el gobierno de Mariano Rajoy.
Con esto, ha suspendido la vigencia de la declaración independendista votada el lunes por el Parlamento catalán, según informó el diario español El Mundo.
Además de admitir el recurso de Rajoy, el Tribunal notificó a 21 altos cargos del gobierno regional sobre las consecuencias jurídicas –e incluso penales– que pueden pesar sobre ellos por desobediencia a la Justicia.
Entre los notificados figura Artur Mas, presidente de la Generalitat; Carme Forcadell, presidente del Parlament; y el resto de los miembros de la Cámara autonómica. A través de la resolución, el Tribunal advierte de que podrán ser suspendidos de sus cargos y perseguidos penalmente en caso de no acatar dicha resolución.
El jueves 5, el mismo Tribunal Constitucional había permitido la votación en el Parlamento catalán que había dado lugar a la mencionada declaración de independencia. En ese momento, la Justicia había defendido al Parlamento como "la sede natural del debate político" y había afirmado que el resultado no debía "condicionar anticipadamente la viabilidad misma del debate".
"Solicitaré la inmediata suspensión de esta iniciativa y de todos sus efectos", había prometido Rajoy en una comparecencia televisiva poco después de que las fuerzas independentistas catalanas aprobaran la resolución donde declaraban "el inicio del proceso de creación del Estado catalán".
Cataluña sigue adelante
Pese a la fuerte advertencia de hoy, las fuerzas catalanas han afirmado que no darán marcha atrás con el proceso secesionista. La vicepresidente de la Generalitat afirmó, minutos después de la resolución de la Justicia, que continuarán con la separación de España.
En su resolución independentista, de hecho, se especificaba que este proceso "no se supeditará a las decisiones del Estado español, en particular del Tribunal Constitucional".
La resolución presentada por las formaciones independentistas (Junts pel si y CUP) en favor de la "desconexión" de Cataluña respecto a España plantea que, en el plazo de un mes, empiece la tramitación de las "leyes de proceso constituyente, de seguridad social y de hacienda pública", que sienten las bases de la hipotética república catalana.
Las formaciones independentistas Junts pel Sí y la CUP registraron la resolución un día después de constituirse el nuevo Parlamento catalán, después de las elecciones en las que obtuvieron la mayoría de los votos.
"Se declara solemnemente el inicio del proceso de creación de un Estado catalán independiente en forma de república", decía el documento.
