El secretario de Obras Públicas de la Nación durante todos los gobiernos kirchneristas José López fue condenado a 6 años de prisión por enriquecimiento ilícito. Es la primera condena que recibe el ex funcionario, que se encuentra detenido desde junio de 2016, cuando fue hallado intentando ocultar dinero en un convento en General Rodríguez. Pero además de la condena, la Justicia ordenó el decomiso del dinero secuestrado el día de la detención y determinó que los bienes debían ser destinados a dos hospitales públicos.
El fallo dispuso la recuperación a favor del Estado de casi US$ 9 millones, 153 mil euros, 159 mil pesos y dos relojes. Y puso esos bienes a disposición del Hospital Garrahan y el Hospital Ricardo Gutiérrez. También decomisó una propiedad ubicada en el Dique Luján, en Tigre, aunque no le dio el mismo destino y no aclara en el fallo cuál será, y rechazó el decomiso de otras joyas y relojes que también había pedido la fiscalía de juicio a cargo del fiscal Miguel Ángel Osorio.
La figura del decomiso establece que cuando un tribunal condena a alguien por cualquier delito puede decomisar “las cosas que han servido para cometer el hecho y de las cosas o ganancias que son el producto o el provecho del delito, en favor del Estado nacional, de las provincias o de los municipios”. El mismo artículo establece que en casos en los que se acusa por lavado de dinero, el decomiso se puede dictar antes de la condena, al comprobar el origen ilícito de los bienes.
Este sistema no es nuevo y es distinto al régimen de extinción de dominio aprobado vía decreto de necesidad y urgencia por el presidente, Mauricio Macri, en enero de 2019. La extinción de dominio es un recurso civil que le permite al Estado recuperar bienes que tienen origen ilícito antes de que se dicte una condena, algo que en el caso de López ya ocurrió.
Qué se hace durante el proceso
El dinero y los bienes que tenía López el día de su detención fueron secuestrados cautelarmente por la Justicia federal el día de su detención. Durante el proceso, la Ley 20.785 establece que cuando se secuestra dinero en una causa penal se debe depositar en una cuenta en el Banco Nación y “devengarán los intereses al tipo bancario correspondiente”.
Sin embargo, el dinero que tenía López cuando fue descubierto fue guardado en el Banco Central de la República Argentina (BCRA), por disposición del juez federal a cargo de la instrucción, Daniel Rafecas. Esto se hizo para resguardarlo ya que era la prueba del delito y durante el proceso se buscó rastrear su origen, según confirmó a Chequeado Federico Delgado, el fiscal federal a cargo del caso.
Qué pasa después
Históricamente, la Corte Suprema de Justicia de la Nación interpretó que todos los bienes secuestrados o decomisados en procesos penales pasan a formar parte de las arcas del Poder Judicial de la Nación. Para poner un ejemplo: luego de que la Justicia decomisara el petit hotel de la ex secretaria de Medio Ambiente de la Nación María Julia Alsogaray, el Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE) solicitó que los fondos de la subasta fueran destinados al Hospital Garrahan. La Corte rechazó el pedido en dos oportunidades argumentando que esto iría en contra de normas que garantizan el financiamiento del Poder Judicial, ya que los fondos tenían que ser usados para el funcionamiento de la Justicia
Sin embargo, en febrero de 2018 el máximo tribunal dictó una nueva acordada en la que incorporó la posibilidad de que los bienes sean destinados a entidades con fines de interés público, como había reclamado el CIPCE en el caso de Alsogaray. Esta acordada citó ayer el Tribunal Oral Federal N° 1, a cargo de José Michilini, Adrián Grünberg y Ricardo Basilico, al decomisar el dinero de López y ponerlo a disposición de dos hospitales públicos, aunque los jueces no precisaron por qué se decidió elegir a esos hospitales en particular.
En el caso de los bienes que se recuperan a partir de ahora bajo el régimen de extinción de dominio, la norma dispone que queden bajo la órbita de la Agencia de Administración de Bienes del Estado. En el decomiso hay algunos casos específicos en los que los bienes se destinan a reparar el daño a las víctimas, como en los casos de trata de personas. Pero en otros casos, como en enriquecimiento ilícito, que es el delito por el que fue condenado López, la ley no dispone un destino específico. Por lo tanto, se incorporan a las arcas del Poder Judicial o se destinan a las entidades de bien público que disponga el Tribunal.
Fuente Chequeado
