El gremio APLA, comandado por Pablo Biró, había presentado una acción de amparo contra las normativas del Gobierno que buscaban controlar los impactos de las medidas de fuerza sindicales.
La Justicia fue contra el Gobierno este jueves y aceptó una acción de amparo presentada por el gremio de los pilotos sobre los decretos del gobierno de Javier Milei que fijaban la esencialidad del servicio. La disposición correrá por tres meses y será exclusiva para los trabajadores nucleados en la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), conducida por Pablo Biró.
Este es el segundo revés para la Casa Rosada en 48 horas, debido a que ayer el fiscal Franco Picardi desestimó la denuncia de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, contra Biró por “incitación a la violencia”.
La resolución de este jueves fue del Juzgado de Trabajo N° 42, a cargo de Ricardo Hierrezuelo. Desde el gremio denunciaban que Aerolíneas Argentinas quería, a través de estos decretos, limitar el ejercicio del derecho de huelga. “Una vez más, la razón y la ley están de nuestro lado”, celebraron desde APLA en un comunicado que publicaron en sus redes sociales. LA NACION pudo averiguar que el Gobierno ya prepara la apelación de la medida.
De momento la Justicia no se expidió sobre la cuestión de fondo, sino que el juez determinó una acción urgente para que se suspendan los efectos de los decretos hasta la sentencia definitiva. Lo hizo a través de esta resolución en la que avaló la cautelar innovativa solicitada por los pilotos y ordenó “suspender los efectos de los decretos 825/2024 y 831/2024 respecto de APLA y de los trabajadores comprendidos dentro del ámbito de representación personal de dicha asociación sindical por el plazo de tres meses”.
Entre sus justificativos, el magistrado señaló que APLA acreditó “debidamente” la verosimilitud del derecho de huelga, que además se encuentra “expresamente reconocido” en la Argentina, tanto en la Constitución como en los pactos internacionales a los que suscribió.
“Nuestro país no contiene una regulación específica sobre la huelga en los servicios esenciales, por lo que la reglamentación que se intente sobre los mismos, que ínsitamente trae aparejada una limitación y restricción al ejercicio de dicho derecho, debe analizarse con extrema prudencia y excepcionalidad, para no convertir en letra muerta el ejercicio de un derecho constitucional”, señaló Hierrezuelo, quien además se amparó -al igual que la fiscalía- en que el Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) destacó enfáticamente que el derecho de huelga “es uno de los elementos esenciales del derecho sindical” y que “en la mayor parte de los países constituye un derecho legítimo al que pueden recurrir los sindicatos para defender los intereses de sus miembros”. También citó a ese comité de la OIT al respecto de que no constituyen servicios esenciales los pilotos de líneas aéreas.
Asimismo, el juez consideró que el peligro en la demora “es evidente” y que, por lo tanto, la medida pedida por el gremio es “la única eficaz” para no limitarles la posibilidad de protesta, en medio del conflicto salarial que hay en Aerolíneas Argentinas, que tiene como CEO a Fabián Lombardo.
Entonces, el juez admitió la cautelar, pero aclaró que eso no implicaba “adelantar opinión” acerca de la “suerte final” del litigio y “menos aún” de la discusión jurídica subyacente, en la que APLA considera que los decretos del gobierno de Milei deberían ser directamente declarados nulos o inconstitucionales.
La denuncia contra Biró
El miércoles el sindicato también celebró que Picardi decidiera no iniciar acciones contra Biró, uno de los líderes aeronáuticos más cuestionados por la Casa Rosada, a quien consideran artífice de los paros que provocan caos en los aeropuertos. El secretario general de los pilotos dijo luego que se empezaba a caer la “campaña de demonización” que la gestión libertaria había montado en su contra. “Si él deja de parar el país, nadie lo va a demonizar. Si él amenaza, seguiremos por el camino de la denuncia”, le advirtió ante LA NACION Bullrich, quien lo había llevado a la Justicia sin suerte.
Con un conflicto que recrudece día a día, más allá del plano salarial transcurre la intención oficialista de privatizar la compañía. Ayer, mientras en APLA celebraban la medida judicial a favor de Biró, en las comisiones de Transportes y Presupuesto de Diputados iniciaba la discusión para que el Estado quede desafectado de la compañía.
En eso, el secretario de Transporte, Franco Mogetta, subió la apuesta cuando deslizó que la empresa estatal podría ir hacia el cierre si no consiguen reemplazo para el gerente operacional que, según su visión, renunció por presión sindical. Desde los gremios, en tanto, denuncian que el Gobierno busca un lock out patronal para desligarse de Aerolíneas.
