La decisión histórica de la Iglesia Católica de prescindir progresivamente de los recursos del Estado argentino para su funcionamiento se enmarca en el enfrentamiento político que mantiene con el gobierno de Mauricio Macri casi desde su mismo inicio.
Horas antes del anuncio que hizo la última Asamblea Plenaria anual de obispos, el papa Francisco se pronunció en el mismo sentido. “A la Iglesia la mantienen los fieles”, dijo durante una homilía. Y advirtió: “El núcleo de la corrupción es justamente una idolatría: es haber vendido el alma al dios dinero, al dios poder. Así se es un idólatra”, afirmó.
El punto máximo de aquel enfrentamiento sucedió en marzo pasado, cuando en vísperas del inicio del debate legislativo sobre la despenalización del aborto y en uno de sus habituales informes, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, a pedido de la diputada oficialista Carla Carrizo, reveló cuánto recibe la Iglesia Católica del Estado: poco más de 130 millones de pesos en 2018, alrededor de 7 por ciento del presupuesto de la Iglesia católica, respondió rápido el jefe de ministros. “Sorprendentemente –dijo ayer a este medio una alta fuente eclesiástica–, Peña tenía los números a mano. Nos ‘toreó’”.
También el reclamo de terminar con el aporte estatal a la Iglesia Católica reapareció el mes pasado tras la multitudinaria misa que ofició el obispo de Mercedes-Luján, monseñor Agustín Radrizzani, por “Paz, pan y trabajo” convocada por el sindicalismo opositor.Después de aquel hecho de marzo, tras el que cobró fuerza el reclamo de separación Iglesia-Estado, en medio de las multitudinarias manifestaciones públicas a favor de la legalización del aborto, se conformó una comisión entre el Gobierno y los obispos para avanzar en el tema. El acuerdo se hizo en agosto pasado con el secretario de Culto de la Cancillería, Alfredo Abriani.
Ese dinero, que en el proyecto de Presupuesto 2019 bajará a 126 millones de pesos, está destinado a la asignación mensual de unos 40 mil pesos que recibe cada uno de los 94 obispos que hay en el país, mientras que una cifra menor perciben los párrocos de frontera y los seminaristas menores, todo según el artículo 2 de la Constitución de 1953 y un decreto de 1979 de los varios de la pasada dictadura cívico militar que beneficiaron a la Iglesia Católica.
Ayer, último día de reunión de los obispos, en la localidad bonaerense de Pilar, un comunicado oficializó el cambio.
“Los obispos han confirmado aceptar el reemplazo gradual de los aportes del Estado por alternativas basadas en la solidaridad de las comunidades y de los fieles, asumiendo el espíritu de las primeras comunidades cristianas, que ponían lo suyo en común”, indicó en su parte sustancial.
También informó que se conformará “una comisión episcopal para el sostenimiento de la misión evangelizadora de la Iglesia”, que trabajará en la creación de un “fondo solidario y la continuidad del diálogo con el Gobierno nacional, consensuando diversas alternativas que facilitarán este reemplazo” de fondos.
Quita gradual
Fuentes episcopales consultadas por La Voz precisaron que “el reemplazo gradual” de los aportes del Estado “es un proceso que demandará entre dos y tres años”, aunque especularon con que podría concluirse en 2019 por razones de conveniencia político electoral del gobierno de Cambiemos.
El anuncio se hizo al término de la asamblea que, a diferencia de lo que es habitual, no tuvo una declaración final.
Sin embargo fue el presidente de la Conferencia Episcopal, monseñor Oscar Ojea, quien el martes se pronunció con una fuerte crítica a la política económica del gobierno macrista.
“La Argentina transita una crisis social y económica que golpea a todo el pueblo argentino y que va resintiendo la confianza en la dirigencia política, aumentando el mal humor social, el enojo y la intolerancia que hacen muy crispada la convivencia”, afirmó Ojea.
Además, el religioso denunció los “ataques personales” al Papa “desde dentro y desde fuera de la Iglesia de un modo que no tiene precedentes”.
Visión laica
La diputada nacional Brenda Austin (Cambiemos) celebró la importancia de la decisión de la Iglesia. “Esto implica reconocer una legítima demanda de un sector de la ciudadanía que brega por el respeto al principio de neutralidad del Estado como mecanismo para garantizar la libertad religiosa”, dijo.
“No se trata de negar la religiosidad, sino de permitir que en el Estado convivan las diferentes visiones. Es incompatible con la aspiración del Estado laico solventar con recursos públicos los sueldos de los obispos”, apuntó.
