Los cuatro jueces del máximo tribunal señalaron que no hay gravedad institucional en las objeciones que hizo la vicepresidenta, acusada de ser la jefa de una asociación ilícita que hizo negociados con 51 obras cedidas al empresario Lázaro Báez en la provincia de Santa Cruz.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó hoy todos los planteos de la vicepresidenta de la Nación Cristina Kirchner en el juicio oral por la obra pública, en la que está acusada de ser la jefa de una asociación ilícita.
La decisión fue adoptada por unanimidad por los cuatro jueces de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, ante los pedidos de la defensa de la ex presidenta de anular el juicio. Así, el juicio -el primero en el que es juzgada la ex presidente- no se modifica y el 11 de julio el Tribunal Oral Federal 2 iniciará los alegatos, que es la etapa en la que las partes piden condenas y absoluciones.
Los magistrados señalaron en sus resoluciones que Cristina Kirchner no justificó la gravedad institucional que invocó en sus apelaciones y que ninguna de ellas es una sentencia definitiva que implique la internación del máximo tribunal.
“El hecho de que se trate de un juicio que involucre a una alta funcionaria pública nacional no cambia esa conclusión. No es posible pensar que cualquier decisión adversa que se adopte en procesos donde estén implicados funcionarios de tal naturaleza exija, por esa sola circunstancia, la intervención de esta Corte”, señalaron los jueces.
La Corte resolvió tres planteos que la defensa de Cristina Kirchner, a cargo del abogado Alberto Beraldi, hizo contra el juicio. El primero porque el Tribunal Oral no aceptó toda la prueba que propuso la defensa, el segundo por la intervención en el caso de la Sala IV de Casación Federal, y el tercero porque entendía que el caso ya había sido investigado y cerrado por la justicia de Santa Cruz.
Sobre la primera apelación, el máximo tribunal señaló que el rechazo de prueba no ponía fin a la causa y que los jueces del Tribunal Oral también objetaron medidas que pidieron otras partes del juicio. “Nada autoriza a descartar la posibilidad de que la apelante resulte absuelta o que, incluso, y a juicio de la propia interesada, el pronunciamiento satisfaga los requisitos de legalidad y de justicia. Por ello, los agravios en cuestión se tornan hipotéticos y conjeturales, y su tratamiento, por prematuro, improcedente”, dijeron Rosatti, Rosenkrantz, Maqueda y Lorenzetti.
La defensa de Cristina Kirchner sostuvo que había gravedad institucional en que no se haga toda la prueba que solicitó. La Corte afirmó que “si se invoca la doctrina de la gravedad institucional el interesado tiene una particular carga justificatoria”. “En ese sentido, los planteos de la recurrente no cuentan con un desarrollo suficiente con relación a la existencia de un interés que exceda el individual de la parte y afecte de manera directa al de la comunidad o el funcionamiento de las instituciones básicas de la Nación, sostuvieron.
Por último, el tribunal señaló que “puede concluirse que se esté ante una simulación de un juicio, “carente de todo contenido jurídico y probatorio” sin que la defensa haya logrado demostrar que su asistida esté ante una situación de privación de justicia, sin posibilidad de reparación ulterior”.
En el caso se juzgan las presuntas irregularidades en 51 obras públicas que las empresas de Lázaro Báez recibieron durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner para la provincia de Santa Cruz. Entre ellas el pago de sobreprecios, compañías que no estaban capacitadas para hacer los trabajos y el pago total cuando no estaban terminadas, entre otras.
Junto con Cristina Kirchner y Báez están acusados el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, el ex secretario de Obras Públicas José López, el ex funcionario de Planificación Carlos Kirchner -primo del ex presidente Néstor Kirchner-, el ex director de Vialidad Nacional Nelson Periotti y ex funcionarios nacionales y de Santa Cruz del área de vialidad. Hoy la Corte Suprema también rechazó planteos de Kirchner, De Vido y Báez.
El proceso comenzó en mayo de 2019 en los tribunales de Comodoro Py a cargo de los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso. El fiscal es Diego Luciani. Una semana antes de su inicio, Cristina Kirchner anunció su candidatura como vicepresidenta para las elecciones de ese año con Alberto Fernández en la fórmula. El Presidente de la Nación fue uno de los testigos en el juicio y negó cualquier irregularidad en el caso.
El juicio se reanudará el lunes próximo cuando los magistrados resuelvan qué prueba se incorpora por lectura. Algunas partes hicieron objeciones. Luego, el 11 de julio se inician los alegatos. Primero será el turno de la Unidad de Información Financiera (UIF), un organismo del gobierno nacional. Después le correspondía a la Oficina Anticorrupción (OA) pero se bajó del juicio. Tras el receso judicial de las dos últimas semanas de julio será el turno del fiscal Luciani y después de cada una de las defensas.
La expectativa es que antes de fin de año los jueces den a conocer su veredicto. La intención es que no sea en 2023 -año de elecciones presidenciales- para que no haya ninguna especulación sobre su decisión.
