De haber continuado la fórmula anterior, la jubilación mínima (sin bono) se ubicaría en $253.225, mientras que con la nueva fórmula se ubicará en $234.540 (7,4% debajo).
La política previsional adoptada, desde diciembre 2023, consta de distintas aristas, todas con carácter regresivo, con la consolidación de la pérdida del poder adquisitivo de los haberes tras la aceleración inflacionaria, la licuación de los bonos a las jubilaciones mínimas y el intento de derogar la moratoria previsional y de liquidar los activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES.
En el primer trimestre del año, el poder de compra de las jubilaciones se desplomó, de acuerdo al centro CEPA: en enero percibieron entre 14,7% y 20,1% menos en términos reales que en noviembre de 2023 (según sea la mínima con bono o por encima de la mínima), en febrero cobraron entre 24,7% y 29,5% menos que en noviembre, y en marzo los haberes se ubicaron entre 13,7% y 19,2% por debajo de noviembre.
El Gobierno Nacional no compensó esa pérdida. Al contrario, lo aprovechó para que sean los jubilados quienes sostengan el superávit. Y lo mantuvo más allá del primer trimestre: en el período enero-julio, el 27,7% del ajuste del gasto del Estado estuvo explicado por la pérdida de poder adquisitivo de las jubilaciones y pensiones.
Adicionalmente, en marzo, Milei modificó la fórmula previsional por DNU 274/24, atando los haberes a la inflación. Así, derogó la Ley 27.609 vigente desde 2021. Si bien la fórmula atada a inflación permitió recuperar parte del terreo perdido, a esta altura podemos concluir que la fórmula anterior, en el tiempo, hubiera sido superadora para los haberes jubilatorios, y se la eliminó intencionalmente antes de que se produjeran las mejoras. En septiembre, de haber continuado la fórmula anterior, la jubilación mínima (sin bono) se ubicaría en $253.225 mientras que con la fórmula de Milei se ubicará en $234.540 (7,4% debajo).
A la par, desde marzo, el bono compensatorio que recibía el 70% de los jubilados fue congelado en $70.000, licuando mes a mes su capacidad de compra. Por ello, quienes cobran la mínima aún no recuperaron el poder adquisitivo de noviembre, sino que en septiembre 2024 se ubican aun 2,6 puntos por debajo y 20,3% por debajo del mismo período de 2023.
Los datos muestran que mientras que los haberes se incrementaron entre marzo y septiembre 74,3%, la mínima, con bono incluido, sólo aumentó 48,9%. De haberse actualizado en la misma proporción, el bono debiera ser en septiembre de $122.010, es decir, $52.010 más de lo actual.
En concreto, a contramano de los dichos de Milei, los jubilados no le ganaron a la inflación: las jubilaciones sin bono en el trimestre septiembre-noviembre se mantendrán 4,6% por debajo del mismo trimestre de 2023, mientras que las jubilaciones con bono lo harían 13,6% por debajo.
El Congreso sancionó la Ley 27.756 que incluía una recomposición por única vez de 7,2% para todos los haberes, un haber mínimo equivalente al 109% de la CBT de un adulto, y una cláusula gatillo una vez al año (en marzo) si hubiere recuperación real de los salarios en el año calendario anterior. Sin embargo, esta iniciativa fue vetada. Estamos hablando de $13.300 para el jubilado de la mínima.
La sustentabilidad del sistema no se resintió con las moratorias. De hecho, mejoró la sustentabilidad ¿Cómo es posible? Aquellos que cuestionan las moratorias no han estudiado nunca el sistema previsional. El financiamiento del sistema depende de la cantidad de trabajadores activos, sus salarios, los aportes y contribuciones que realizan y la registración. En 2015, con 2,5 millones de personas ya incorporadas al sistema vía moratorias, el gasto contributivo de seguridad social era cubierto en más del 80% por la recaudación del propio sistema de la seguridad social. Esto se debe a la mejora de salario, el empleo y la recaudación.
Por el contrario, durante el menemismo y macrismo, esta relación disminuyó sistemáticamente hasta 64,9%, por la merma de ingresos por 4 vías: la pérdida de puestos de trabajo, la caída del poder adquisitivo de los salarios, las políticas de reducción de contribuciones patronales, el incremento de la informalidad y la promoción de mecanismos de contratación con menores aportes.
