Se trata de la primera vez que la Argentina preside el organismo intergubernamental del que forman parte una treintena de países comprometidos en compartir un marco común de normas para la prevención del blanqueo de capitales, que también integran la Comisión Europea y organizaciones internacionales como el FMI, la ONU y el Banco Mundial.
La asunción de la Argentina al frente del GAFI coincide con un momento en el que el país se encuentra en medio de denuncias de presuntos actos de corrupción relacionados con el caso Odebrecht.
Quien estará al frente del organismo, el secretario de Justicia de la Nación, Santiago Otamendi, dijo a Télam que la designación de la Argentina en la presidencia del GAFI "es un incentivo para redoblar nuestros esfuerzos".
"En términos políticos lo tomamos como un reconocimiento teniendo en cuenta la importancia del organismo, y sus objetivos, que son trabajar en la lucha contra el lavado de dinero, la proliferación del terrorismo y armas de destrucción masiva", dijo Otamendi en Valencia, donde se celebró la sesión plenaria que oficializó el traspaso de mando.
"Para Argentina, que hace unos años que estaba en la 'lista gris' del GAFI como país que incumplía los estándares de lucha contra el lavado, estar en la presidencia es un paso muy importante", subrayó el número dos del ministro de Justicia, Germán Garavano.
Otamendi destacó que el hecho de que su cargo en el GAFI se encadene con la conducción del G20 por parte del presidente Mauricio Macri el próximo año, supondrá que "Argentina estará liderando los mayores espacios internacionales donde se discuten, debaten y fijan acciones para los principales problemas globales".
La corrupción y el terrorismo internacional son dos de las mayores amenazas a las democracias en el mundo entero, aunque para algunos países emergen en distinto orden de prioridad.
En el caso de Argentina, la confesión de directivos de la empresa brasileña "Odebrecht" del pago de sobornos durante para tomar a su cargo proyectos de infraestructura, pone en primer plano la necesidad de que el gobierno avance y se comprometa aún más con el desarrollo de marcos legales para prevenir e investigar la corrupción.
"La Argentina conduce el GAFI como organismo internacional más allá de que se producen en el país hechos de la agenda diaria como los casos mencionados, pero esto debería redoblar nuestro esfuerzos", destacó Otamendi.
En ese sentido, el secretario de Justicia reconoció que el marco normativo argentino no ayuda a avanzar en profundidad en las investigaciones del caso Odebrecht.
"El Presidente (Mauricio Macri) fue muy claro, con el marco legal no se logró obtener la información, pero se está diseñando un viaje de jueces y fiscales a Estados Unidos para encontrarse con los fiscales que hicieron la investigación (y tienen los nombres de los argentinos que recibieron los sobornos)", explicó Otamendi.
"Existen déficit formales, pero el viaje es para intentar obtener información para avanzar", insistió.
"La dificultad de un delito complejo es precisamente la información, es difícil encontrar los rastros del delito y tener las herramientas de investigación", añadió el flamante responsable del organismo encargado de la lucha contra el lavado de dinero.
Según Otamendi, uno de los objetivos de su gestión apuntará a que "jueces y fiscales puedan conocer de qué se trata del GAFI, cuáles son los estándares, si pueden compartir visiones, y de qué manera pueden compartir acciones efectivas".
Por otro lado, bajo la presidencia argentina, el GAFI seguirá trabajando con su agenda permanente, que a nivel mundial tiene el foco en cómo cortar los flujos del financiamiento del terrorismo.
"Hace un tiempo se hablaba de cómo evitar acciones a gran escala pero ahora el desafió es revisar la estrategia para adaptarla a los cambios de los métodos que utilizan organizaciones como el Daesh (acrónimo del Estado Islámico) que actúan cada vez a menor escala", dijo Otamendi.
Respecto a es tema en el GAFI existe un debate muy importante en torno a cómo avanzar en estrategias contra el financiamiento del reclutamiento de combatientes yihadistas y de sus viajes a zonas de conflicto.
"Otro de los objetivos es trabajar con las empresas de las bitcoins -que corren el riesgo de ser usadas para financiar el terrorismo- para que trabajen con las regulaciones del GAFI y la necesidad del organismo de tener alguna regulación sobre esas empresas", sostuvo el secretario de Justicia.
"Se trata de un diálogo entre GAFI y FinTech y REgTEch que empezó este último año y vamos a continuar", remarcó.
Otamendi insistió en que "el desafío es global, prevenir y evitar fenómenos como los ataques terroristas. Pero también "lograr efectividad, que no es solo el diseño de normas sino que las normas se pueda cumplir, y se involucren otras agencias, incluidos jueces y fiscales".
Para ello es fundamental "encontrar un equilibrio", evitar una 'inflación regulatoria', porque para que el dinero no salga del sistema", subrayó.
"El GAFI alimenta la agenda del G20, por lo tanto, a partir de la presidencia argentina, la sinergia entre los dos organismos va a ser mayor", concluyó Otamendi.
