De la sorpresa a la resignación. La noticia de que un juez federal había sido amenazado de muerte sacudió a los referentes del mundo judicial y a los políticos de la oposición que se dieron cita en la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional.
La mesa estaba servida y Sergio Massa se preparaba para ponerle la firma a la propuesta que busca asegurar la plena vigencia del principio de separación de poderes, cuando la información de último momento obligó a cambiar por unos instantes el foco de atención. El fiscal general Ricardo Sáenz se salió del libreto y comentó: "Nos acabamos de enterar por Infobae que Claudio Bonadio fue amenazado".
La frase fue un inhibidor automático de las sonrisas de ocasión y provocó un inmediato cruce de miradas entre el líder del Frente Renovador, sus compañeros de espacio político y los representantes de la Asociación de Magistrados que estaban en la sala de reuniones de la sede ubicada a metros de Tribunales. "No se puede creer", repetían algunos por lo bajo.
Con la noticia un poco más digerida, Massa expresó su "solidaridad" con Bonadio y exigió que le den "garantías" para que pueda seguir investigando. "Desgraciadamente esto ya no sorprende porque es un hecho que sucede habitualmente. La única diferencia es que a veces toma estado público y otra veces, no", reflexionó el referente opositor en diálogo con este medio.
Una de las más alarmadas fue la legisladora Graciela Ocaña, quien advirtió sobre un grado de violencia creciente e hizo un reclamo público: "Cuidemos mucho a Bonadio, porque, al igual que Nisman, tiene una investigación que invoclura a la Presidente de la Nación. El mayor interesado en protegerlo debería ser el gobierno nacional, porque luego de las amenazas y los 'tapones de punta', hoy tenemos un fiscal muerto".
El análisis de Julio Cobos también apuntó al recuerdo de lo que sucedió con Nisman: "No es bueno para un país democrático que un juez sea amenazado, como tampoco lo es que aún no se sepa la causa del deceso de un fiscal".
"Como el Gobierno no parece dispuesto a brindarles tranquilidad a los jueces para que investiguen, seremos nosotros desde la otra fuerza política los que tendremos que ocuparnos del tema", indicó el referente de la Unión Cívica Radical.
La mirada de José Manuel de la Sota fue similar a la del ex vicepresidente: "Si alguien que investiga causas muy importantes acaba de hacer una denuncia de amenazas, es porque los jueces y los fiscales indudablemente no se sienten muy cómodos. Por eso nosotros estamos acá, para respaldarlos y terminar con eso de que si alguien investiga es porque tiene una intencionalidad política".
Por su parte, Luis María Cabral señaló que esta nueva amenaza le genera "preocupación" porque "son momentos en los cuales se advierten algunos procedimientos oscuros que no se sabe de dónde vienen". En el mismo sentido, el consejero de la Magistratura señaló que detrás puede haber "poderosos de todo orden: políticos, organizaciones criminales o grupos economicos".
Lentamente la sorpresa inicial mutó en una preocupante resignación: una buena parte de los firmantes reconoció que la noticia era "inquietante", pero a esta altura, en un escenario plagado de presiones, son prácticas que "lamentablemente" ya "no asombran" a nadie.
