El organismo presidido por Claudio “Chiqui” Tapia apuntó contra el inspector Daniel Vítolo, a quien acusó de utilizar un procedimiento administrativo como mecanismo de presión en medio de la disputa con el Poder Ejecutivo. “Es falso que la AFA se escapó”, remarcó en alusión al cambio de jurisdicción.
La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) respondió oficialmente a la intimación emitida por la Inspección General de Justicia (IGJ), intensificando la disputa entre ambas instituciones por el control de los balances y la supervisión administrativa. Este cruce pone en primer plano el estado de las cuentas del fútbol argentino y la transparencia en su gestión.
Según la IGJ, dirigida por Daniel Roque Vítolo, se exige a la AFA y a la Liga Profesional de Fútbol explicaciones detalladas sobre partidas globales en sus estados contables que, en conjunto, superan los USD 450 millones. El organismo estatal sostiene que esas cifras, acumuladas durante los últimos ocho años, no tienen el desglose necesario y que las observaciones previas no fueron respondidas. Así lo expresó Vítolo: “Confiamos en que tanto la AFA como la Superliga expliquen correctamente los contenidos internos de rubros globales que, en conjunto, superan los USD 450 millones y que se incluyeron en los estados financieros sobre los cuales se los ha interrogado durante ocho años sin haber recibido jamás respuesta”.
La AFA señala que la intimación llegó junto a fuertes demandas públicas del inspector general. Por esa razón, la entidad presentó un descargo formal respecto de sus ejercicios contables de 2017 a 2023. Su comunicado enfatiza que el objetivo es clarificar la situación con las asociaciones socias y el público, respaldando las respuestas con hechos objetivos, documentación pública y actos administrativos verificables.
Desde la AFA, presidida por Claudio “Chiqui” Tapia, se afirma que todos los balances requeridos fueron presentados y que no existe ningún incumplimiento. Mediante un comunicado, la organización sostiene que aportó informes y documentación en tiempo y forma. Además, indica que sólo una observación le fue notificada conforme a la norma y que fue respondida de inmediato. Señala también la obtención regular de certificados de vigencia y domicilio emitidos por la IGJ, en los que el propio organismo dejó constancia del cumplimiento de obligaciones y documentación.
De forma adicional, la AFA recalca su disposición al cumplimiento institucional y rechaza las acusaciones de maniobras evasivas. “La realidad es exactamente la contraria: jamás se le requirió información alguna durante todo este tiempo”, precisa el comunicado, que insiste en la ausencia de notificaciones válidas desde el sector estatal.
Entre los argumentos de la AFA figura el trámite de cambio de jurisdicción, realizado desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hacia la Provincia de Buenos Aires. Según la asociación, la asamblea correspondiente fue fiscalizada por veedores de la IGJ y toda la documentación fue aprobada y emitida por la autoridad estatal. Más adelante, la Dirección Provincial de Personas Jurídicas avaló el traslado y notificó formalmente a la IGJ.
Desde la perspectiva de la AFA, cuestionar el traslado carece de fundamento, ya que sostiene que se realizó conforme a la normativa y bajo supervisión oficial. Niega toda intención de eludir controles o escapar a la fiscalización estatal, y afirma que el cambio fue parte del ejercicio regular de sus derechos. “Es falso que la AFA se escapó”, remarcó.
Sobre las diferencias contables, la IGJ remarca que la magnitud y la falta de detalle en partidas globales requieren un análisis adicional, tanto de la AFA como de los auditores externos involucrados en la validación de los balances. Según Vítolo, se necesitan explicaciones técnicas y garantías respecto a la prevención de lavado de dinero y la trazabilidad de los fondos, en línea con investigaciones penales sobre el manejo de recursos.
La AFA responde que la mayoría de las observaciones a los balances no le fue notificada formalmente y que varias vistas fueron archivadas sin un procedimiento concreto. Argumenta que presentó la documentación correspondiente y denuncia demoras de hasta más de 700 días hábiles por parte de la IGJ para analizar los expedientes. Sostiene que es imposible responder a requerimientos no cursados formalmente.
En cuanto a posibles medidas, el inspector Vítolo advirtió que si la AFA no da respuesta satisfactoria antes del 20 de enero de 2026, propondrá al Ministerio de Justicia la designación de un veedor contable. Esta función consistiría en investigar los libros y documentos de la AFA y la Liga Profesional, con el objetivo de esclarecer la gestión de fondos y responder a las observaciones pendientes. “Si no contesta la AFA…, seguramente propondremos al Ministerio la designación de un veedor contable para que realice la investigación sobre los libros y documentos de la AFA y de la Superliga”, aseguró el funcionario.
La posición de la AFA es rechazar la necesidad de tales medidas y sostener que los controles deben realizarse respetando las competencias y el cauce legal. Alega que la difusión pública de imputaciones sin respaldo documental implica presión mediática y no una fiscalización transparente.
La IGJ comparó el caso con el escándalo FIFA Gate, que expuso una red global de corrupción. Según Vítolo, si se prueban desvíos de fondos, operaciones cambiarias irregulares o manejos ilícitos, el impacto podría superar el del caso internacional. Recordó que entonces se trataba de unos USD 200 millones, mientras que las partidas en revisión en la AFA superan ya los USD 400 millones.
Vítolo también subrayó que, si se demuestran ilícitos, la responsabilidad sería individual y recaería sobre miembros del Consejo Directivo, directivos de clubes y fiscalizadores que avalaron los actos, sin afectar a la AFA como institución.
La AFA reitera estar dispuesta a responder por los canales institucionales y sostiene que el uso mediático de la causa desvirtúa la legalidad del proceso. Recalca que las acusaciones públicas carecen de prueba documental y contradicen los propios actos administrativos previos del organismo estatal.
En su visión, el conflicto revela una disputa política y judicial de fondo, donde se busca trasladar responsabilidades por demoras e irregularidades. La asociación concluye que los cuestionamientos no se sustentan en hechos comprobados y atribuye la controversia a la falta de respuesta oportuna y adecuada del propio organismo de control.
A la par del conflicto administrativo, hay varias causas abiertas que pusieron la lupa sobre el manejo de dinero de la AFA y sus principales autoridades. Al respecto, ayer habló por primera vez Tapia de la cuestión. “Lo llevo tranquilo, no estoy imputado”, planteó.
