Rodolfo Aguiar participó hoy de otra protesta en Rosario, junto a otros gremios en rechazo al proyecto de modernización laboral. “Todos los derechos laborales que conocemos están en riesgo de perderse”, sostuvo.
El Frente de Sindicatos Unidos (FreSU) movilizó este martes en Rosario junto a más de 100 organizaciones gremiales de todas las centrales obreras para rechazar la reforma laboral impulsada por el Gobierno. La protesta tuvo como objetivo exigirle a los gobernadores provinciales y sus senadores que se opongan a la iniciativa que se debatirá en sesión este miércoles en la Cámara alta.
Mientras el Gobierno cerró toda vía de diálogo con los sectores más opositores, el titular de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) Nacional, Rodolfo Aguiar, dio un fuerte mensaje de advertencia a los mandatarios dialoguistas. “Los gobernadores que avalen esta reforma laboral estarán firmando su propia sentencia de muerte, y la sentencia de muerte de su provincia”, apuntó.
El gremialista, uno de los más confrontativos con la Casa Rosada, afirmó días atrás que el proyecto contempla una rebaja en el impuesto a las ganancias para las grandes empresas, financiada con el 60% de los fondos coparticipables destinados a las provincias. Según su análisis, esta medida pondría en riesgo “todos los derechos laborales que conocemos” e instó a los gobernadores a “defender a los ciudadanos que habitan en cada uno de sus territorios”.
“Todos los derechos laborales que conocemos están en riesgo de perderse. Por eso es un error grave prohibirles mañana miércoles 11, que movilicen al Congreso que ejerzan el derecho de huelga a los trabajadores. Es una oportunidad perdida", lamentó, en un video compartido por redes sociales.
El gremio ATE advirtió que el capítulo fiscal de la reforma impactará directamente en las provincias. Estiman que la reducción de las alícuotas de Ganancias para grandes empresas representará 1,9 billones de pesos menos en recaudación anual, de los cuales $1,12 billones corresponderían a provincias y Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y $790.000 millones al Gobierno nacional.
Esta mañana, los sindicatos agrupados en el nuevo frente gremial ultraopositor –impulsado por la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), ATE, las dos CTA y la Federación de Aceiteros– continuaron con su plan de lucha, sin el aval de la CGT, pero con medidas que incluyen movilizaciones y paros. Este sector sindical tiene críticas hacia la central obrera, e impulsa un perfil más beligerante a las medidas oficial de La Libertad Avanza (LLA).
“Este frente de sindicatos no para de crecer. Tiene que seguir peleando, no solo para derrotar la reforma laboral. La tiene que trascender, porque lo que hay que derrotar es el modelo económico de saqueo y empobrecimiento de Milei”, alentó.
En este marco, Aguiar sostuvo que la reforma laboral propuesta “ataca a los sindicatos para debilitar y desproteger a los trabajadores a la hora de discutir sus salarios y sus condiciones laborales”, y anticipó que podrían profundizar el plan de acción si la ley avanza en el Congreso. Además, vinculó la coyuntura de seguridad en Santa Fe al referirse al acuartelamiento policial, como un “ejemplo” de la tensión social que, dijo, podría agravarse con la aprobación de la reforma.
Días atrás, el 5 de febrero, sindicatos del mismo nucleamiento gremial realizaron una movilización en Córdoba como parte del “Plan Nacional de Lucha contra la Reforma Laboral Regresiva”, que busca promover acciones de resistencia en todo el país.
Daniel Yofra, secretario general de la Federación de Trabajadores Aceiteros y Desmotadores de Algodón, expresó: “Llaryora y sus legisladores tienen que entender que es una ley en contra de los trabajadores que la armaron los patrones por beneficio de ellos”. Según Yofra, el problema de fondo es económico y no se soluciona con cambios en la legislación laboral.
Las jornadas de protesta buscan exponer la posición de los gobernadores frente a la reforma y responsabilizarlos por un eventual avance del proyecto. El frente sindical rechaza cualquier intento de negociación parcial y desconfía de posibles declaraciones de inconstitucionalidad posteriores por parte de la Corte Suprema.
Este miércoles, la actividad gremial continuará con movilizaciones de la Confederación General del Trabajo (CGT) y otras centrales en la Plaza de los Dos Congresos, mientras algunos sindicatos optarán por un cese parcial de actividades para facilitar la asistencia de sus afiliados, y otros, de perfil más combativo, realizarán una huelga de veinticuatro horas.
El sector estatal, nucleado en el sindicato ATE, anunció para el miércoles 11 de febrero un paro nacional con movilización al Congreso, en coincidencia con el tratamiento de la iniciativa en el Senado. Sin embargo, el otro gremio de peso, la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), solo se limitó a convocar a la concentración ante el Congreso.
En el sector del transporte, la respuesta será dispar. La Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) resolvió no realizar un paro general, sino ceses de actividades parciales. Hasta las 14.30, horario previsto para la concentración frente al Congreso, el transporte público funcionará normalmente, aunque algunas organizaciones podrían realizar paros breves al cierre de la jornada. La Unión Tranviarios Automotor (UTA), a cargo de Roberto Fernández, garantizó el servicio de colectivos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
