Durante los primeros años del kirchnerismo, los millonarios subsidios a los colectivos se repartían de acuerdo a -entre otras cosas- la cantidad de kilómetros recorridos y de pasajeros transportados por las empresas. Las empresas presentaban declaraciones juradas de la cantidad de pasajeros y de kilómetros recorridos y ante ello el Estado pagaba los subsidios.
Con la implementación de la tarjeta SUBE y la instalación de dispositivos de GPS, en los colectivos se activó un sistema de control que antes no existía.
En la causa judicial se compararon los datos previos y posteriores a los controles y se determinó que hubo empresas que cobraron entre el 5 y el 50% más de dinero que el que les correspondía. Según fuentes judiciales se detectó un perjuicio para el Estado por unos 609 millones de pesos. De ese total 403 millones corresponden a la entrega de dinero en efectivo a las empresas y 205 millones en gasoil subsidiado para los colectivos.
También fueron procesados, sin prisión preventiva los ex secretarios de Transporte Ricardo Jaime, Juan Pablo Schiavi y Alejandro Ramos, quien como De Vido es diputado nacional por el Frente para la Victoria. El juez les fijó embargos a todos los procesados en virtud del monto de la defraudación : el de De Vido es fue establecido en 1000 millones de pesos.
Entre los procesados y embargados también se encuentran Eduardo Sícaro, Guillermo Lapadula y Pedro Ochoa Romero, quienes estuvieron al frente de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT).
En la resolución firmada por Bonadio se explica la maniobra:
El ex secretario de Transporte Ricardo Jaime, con la anuencia del Ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, se encargó de diseñar el marco normativo dentro del cual tuvo lugar la actividad ilegal. A tal efecto se dictaron las resoluciones que regulaban todo el sistema incluyendo las relativas a la actuaciones de la CNRT y terminaron creando un entramado de múltiples subsidios y compensaciones superpuestas hasta el extremo de entregar seis subsidios simultáneos con formulas de cálculo diferentes, ademas del gasoil a precio diferencial que a su vez poseía otra fórmula más.
En ese marco, el 23 de julio de 2003 se dictó la resolución 23/2003 de la Secretaría de Transporte que los kilometrajes a considerar para los cálculos de los subsidios fueran proporcionados por las empresas beneficiarias a través de declaraciones juradas.
Con esta resolución Bonadio cierra la primera parte de la causa. En breve comienzan a declarar en indagatoria los directivos de las empresas que se quedaron con los subsidios. La cara privada de la maniobra.
