En la primera audiencia del megaproceso por presuntos sobornos entre 2003 y 2015, la expresidenta, junto a Julio De Vido, José López y otros 86 acusados, escucharon por Zoom los cargos en su contra. La acusación fue contundente: “Se encuentra acreditada su intervención en dicha asociación ilícita en carácter de jefa”.
El inicio del juicio oral contra Cristina Kirchner y otros ochenta y seis acusados, inauguró esta mañana una etapa inédita en la justicia argentina, al permitir el acceso público a un proceso considerado el más extenso en materia de corrupción en el país. En los primeros tramos de la audiencia, se comenzaron a leer los requerimientos de elevación a juicio y el detalle de los sobornos recibidos, comenzando con las imputaciones contra la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, y los ex funcionarios Julio de Vido y Roberto Baratta.
La apertura de este debate oral, bajo la modalidad virtual, responde a la decisión del Tribunal Oral Federal N°7 de garantizar la transparencia y la participación de todos los imputados, quienes deben comparecer ante las cámaras en cada audiencia.
La primera sesión, presidida por el juez Enrique Méndez Signori junto a Fernando Canero y Germán Castelli, estableció que las audiencias se realizarán los jueves por la mañana a través de Zoom, y a partir del 3 de marzo de 2026, también los martes, permitiendo el seguimiento abierto por la ciudadanía. Esta disposición fue comunicada por los magistrados a última hora del martes. En la audiencia inaugural, los acusados debieron mostrarse ante las cámaras, cumpliendo con la consigna de visibilidad en la sala virtual.
Los detalles de la lectura
El proceso se puso en marcha con la lectura del primer requerimiento de elevación a juicio, elaborado por el fiscal de instrucción Carlos Stornelli. La secretaria María Cecilia Chichizola inició la exposición de la acusación, que abarca seis causas conexas, cada una con su propio auto de elevación a juicio. En estos documentos se detallan los hechos investigados, la evidencia reunida y la formulación de cargos para cada uno de los implicados, según la perspectiva del fiscal Stornelli.
La acusación contra Cristina Fernández de Kirchner es contundente: “Se encuentra acreditada su intervención en dicha asociación ilícita en carácter de jefa, rol que también cumpliera Néstor Carlos Kirchner, quienes detentaron el cargo de presidente de la República Argentina que ejercieron entre el 10 de diciembre de 2007 hasta el 9 de diciembre de 2015, y entre 25 de mayo de 2003 y el 9 de diciembre de 2007, respectivamente”.
La expresidenta participó de la audiencia desde San José 1111, el lugar donde cumple prisión por la condena en la causa Vialidad, acompañada por su abogado. La fiscalía está representada por la fiscal general Fabiana León, el fiscal coadyuvante Nicolás Codromaz y los auxiliares fiscales Guido Ignacio Ambrosio y Claudio Nimis.
Una vez finalizada la lectura de los requerimientos de elevación a juicio -que podría extenderse durante todo noviembre-, se abrirá formalmente el debate oral.
En ese momento, los defensores y querellantes podrán plantear cuestiones preliminares, como nulidades o asuntos que consideren deben resolverse antes de avanzar. Los jueces suelen postergar la resolución de estos planteos hasta el final del proceso, salvo que se trate de cuestiones urgentes.
La siguiente etapa contempla las declaraciones indagatorias de los acusados, quienes tendrán la oportunidad de ejercer su defensa. La fiscalía ha manifestado su preferencia de que estas indagatorias se realicen de manera presencial. Todo este segmento será accesible a través de Zoom abierto, permitiendo el seguimiento público.
Posteriormente, se exhibirá la prueba mediante las declaraciones de testigos. Esta fase no será transmitida por YouTube, sino que estará restringida a periodistas y público acreditado en un Zoom cerrado. El objetivo es evitar que los testigos conozcan previamente los testimonios de otros y puedan ajustar sus relatos en consecuencia. Una vez concluidas las declaraciones de testigos y peritos, se dará paso a los alegatos, etapa en la que se reanudará la transmisión por YouTube para que la sociedad pueda presenciar el cierre del proceso y la lectura del veredicto.
El tribunal estima que el juicio se prolongará durante varios años, dado que están previstos más de 440 testigos y ochenta y seis acusados, cada uno con su respectivo abogado, quienes podrán interrogar a los testigos sin restricciones.
Durante la audiencia, el tribunal rechazó la solicitud de Patricio Gerbi, uno de los empresarios imputados, quien había pedido la suspensión del juicio a cambio de realizar tareas comunitarias y abonar una suma de 209 millones de pesos. Gerbi argumentó que su pedido se basaba en su “colaboración activa y constante con la justicia”, destacando que había declarado como arrepentido.
No obstante, los jueces consideraron que, aunque la situación de Gerbi —sin antecedentes condenatorios y con una eventual pena de ejecución condicional— podría encuadrarse en los parámetros de la probation, la oposición fundada de la fiscalía impedía aceptar su solicitud. La fiscal León se opuso a esta alternativa, y el tribunal sostuvo que, como representante de la sociedad, la fiscalía debía prestar su conformidad para que la suspensión del juicio a prueba prosperara. Además, la fiscalía argumentó que el caso involucra a funcionarios públicos y que existen instrucciones generales de la Procuración General de la Nación que desaconsejan esta solución. Por estos motivos, el tribunal resolvió denegar la suspensión del juicio a prueba.
Desde el mediodía y luego de un cuarto intermedio, la lectura del requerimiento de elevación a juicio continuó con varios centenares de hechos ilícitos atribuidos a Baratta y otros funcionarios como el ex jefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina; Hugo Martín Larraburu, su secretario; Nelson Lazarte, secretario de De Vido; Hernán Camilo Gómez, ex funcionario de la Subsecretaría de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio de Planificación Federal; y Fabián García Ramón, director de Promoción de Energías Renovables.
Cada hecho fue identificado con su fecha, los actores que habrían intervenido, el lugar donde se habría concretado la coima, la finalidad del soborno y de cuánto dinero habría sido cada transacción, aunque en algunos casos ese último dato no logró determinarse.
En la enorme mayoría de las presuntas coimas reconstruidas, la acusación ubicó a Cristina Kirchner como “destinataria final del dinero”.
El juicio continuará el próximo jueves, desde las 9.30 y también con modalidad virtual. Seguirán leyéndose las acusaciones contra el resto de los imputados.
