La legalización del aborto tiene por delante una empinada cuesta arriba en el Senado . La foto actual, cuando falta un mes para la fecha establecida para que las comisiones emitan dictamen, el próximo 1º de agosto, muestra una mayoría de 36 senadores que rechazan o reclaman cambios en el proyecto aprobado por la Cámara de Diputados . La perspectiva que se impone, a la luz de las posturas, es que el proyecto enfrente modificaciones en su paso por el Senado.
Según un recuento eventual, hasta el momento unos 27 senadores apoyan la sanción de una ley de aborto legal, seguro y gratuito, en tanto que quedan nueve que prefirieron no adelantar su posición mientras no avance el debate en las comisiones. No obstante, y frente a la fuerte movilización social en torno a la cuestión del aborto y el impacto que tuvo la presión ejercida por los sectores que están en favor de la legalización en la votación en la Cámara baja, ninguna cifra se puede considerar tallada en piedra.
Cuando el proyecto todavía no comenzó a discutirse en comisiones (el primer plenario será mañana, a las 17), los sectores antiabortistas se muestran dispuestos a abandonar el rechazo liso y llano de la iniciativa y apuestan por la posición de introducirle cambios al texto y devolverlo a Diputados en segunda revisión.
Se amparan en los 36 votos contrarios al proyecto que reúnen hasta el momento. Se trata, ni más ni menos, de la mitad del cuerpo, lo cual les garantizaría el voto de desempate de la vicepresidenta Gabriela Michetti, declarada antiabortista.
Hasta ahora, las objeciones vienen manifestándose de manera dispersa, pero podrían coincidir en un dictamen alternativo que enfrentaría la versión aprobada en Diputados en la sesión del 8 de agosto.
Desde el sector antiabortista hizo punta el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo (Pro Capital), que presentó un proyecto de ley que modifica el artículo 88 del Código Penal para permitirles a los jueces "reducir la pena a la mujer al mínimo legal" (un año), tomando como atenuantes "su edad, la calidad de los motivos que la determinaron a actuar, especialmente la miseria o la dificultad de ganarse el sustento propio necesario", entre otras causas.
Detrás de la postura de Pinedo se alinean senadores oficialistas como las radicales Inés Brizuela (La Rioja) y Silvia Elías (Tucumán). También han manifestado su rechazo cerrado a la legalización peronistas como Miguel Mayans (Formosa) y Guillermo Snopek (Jujuy), y la renovadora salteña María Fiore Viñuales.
En una posición un poco más flexible, aunque siempre contrarios al proyecto aprobado por la Cámara baja, se inscriben senadores como Rodolfo Urtubey (PJ-Salta) y Ernesto Martínez (Cambiemos-Córdoba), que están a favor de despenalizar el aborto, pero no de su legalización.
Para el senador cordobés, la salida sería actualizar el Código Penal en sintonía con el fallo FAL de la Corte Suprema de Justicia , que eliminó la pena para la mujer que quiere abortar un embarazo producto de una violación.
En un hecho atípico, y dejando de lado sus diferencias políticas, los cordobeses Martínez, Laura Rodríguez Machado (Pro) y Carlos Caserio (PJ) ya anunciaron que impulsarán modificaciones en el proyecto.
El peronista Caserio anticipó su rechazo a la iniciativa tal cual fue aprobada por la Cámara baja. "No estoy de acuerdo con el proyecto, lo voy a votar en contra", aseguró.
Entre sus cuestionamientos, Caserio cita algunos puntos centrales del proyecto: que el aborto pueda praticarse hasta la semana 14, que los menores de entre 13 y 16 años puedan hacerlo sin autorización de sus padres y la supuesta mala redacción del texto que permitiría abortar en fecha avanzada del embarazo a quienes declaren haber sido víctimas de una violación.
El misionero Maurice Closs (Frente Renovador de la Concordia) también ha manifestado su rechazo al proyecto y su disposición a introducirle cambios.
El exgobernador de Misiones se mostró preocupado por el costo para los sistemas provinciales de salud que significará la práctica gratuita del aborto en hospitales públicos y por la prohibición de la objeción de conciencia institucional.
El debate todavía no comenzó, pero la puja por la legalización del aborto ya empezó en el Senado.
Recién dentro de 30 días, cuando se firme el dictamen, se sabrá cómo terminará esta película.
