Las autoridades de Epuyén ordenaron la evacuación preventiva de nuevos sitios turísticos. Las llamas consumieron más de 2 mil hectáreas y por ahora no hay forma de detenerlas.
Más de 200 brigadistas y combatientes trabajando en tierra, seis medios aéreos y un centenar de trabajadores en labores de logística buscan frenar el avance del fuego en el norte de Chubut, que ya arrasó con 2000 hectáreas de vegetación autóctona y bosque implantados, y obligó la evacuación de dos villas turísticas situadas en la periferia del lago Epuyén.
El fuego avanza sin control y afecta tanto a Puerto Patriada como a Epuyén, dos localidades cercanas que rodean el lago homónimo, en el extremo norte de la provincia patagónica.
El ministro del Interior Diego Santilli se reúne hoy en Esquel con el gobernador Ignacio Torres, como parte de la gira que el funcionario nacional comienza por el país para negociar con los gobernadores el acompañamiento a la reforma laboral. Sin embargo, la contingencia por el incendio podría ocupar parte del cónclave.
Sofía Cerela, presidenta de la Asociación de Bomberos Voluntarios de El Hoyo, fue tajante sobre el estado de situación en la zona del devastador siniestro: “El incendio continúa activo y por el momento está lejos de ser controlado. Toda la capacidad operativa de las instituciones está dando lo mejor de sí, al máximo de recursos materiales y humanos”.
Torres remarcó que la prioridad absoluta es controlar el fuego y garantizar la seguridad de vecinos y turistas. En ese sentido, destacó el trabajo coordinado entre brigadistas provinciales, nacionales y equipos enviados desde otras provincias, y subrayó que “no hay distintas jurisdicciones cuando se trata de combatir el fuego”.
Según lo que declaró Torres -en base a las investigaciones preliminares- el origen de las llamas fue intencional. Por su parte, el ministro de Seguridad de la provincia patagónica, Héctor Iturrioz, confirmó que “hay una investigación de oficio, en la que se reúne todo el material probatorio posible”.
Días atrás se encontraron artefactos explosivos en sitios recónditos de Epuyén, lo que podría ser considerado una evidencia para la investigación en curso sobre la presunta intencionalidad. Además hubo comunicaciones telefónicas que anticipaban un incendio de magnitud en la región.
“Hubo una llamada, concretamente a la Brigada provincial, amenazando con prender fuego nuevamente este lugar, que es una base que reconstruimos porque en su momento se había abandonado, y hoy funciona de manera interjurisdiccional con las provincias de Río Negro y Neuquén”, y agregó que “el ministro de Seguridad, junto con la Fiscalía y la Procuración, están llevando adelante las investigaciones correspondientes”.
Por otro lado, las condiciones climáticas son adversas –con temperaturas elevadas y sequía extrema- y un pronóstico que no anticipa precipitaciones para los próximos ocho días.
Además, los recursos puestos a disposición resultan insuficientes para contener el fuego, motivo por el que los brigadistas priorizan la conservación de estructuras edilicias.
Proyecto para declarar la emergencia
El flamante senador por Río Negro, Martín Soria, presentó un proyecto de ley para declarar la emergencia ambiental, económica y habitacional en las provincias de Río Negro, Chubut, Neuquén y Santa Cruz, y lanzó críticas al gobierno central, al que acusó de debilitar el sistema de combate contra las llamas.
“Mientras Milei recorta el 69% del presupuesto del Programa de Manejo del Fuego, nuestros bosques patagónicos están en llamas”, denunció en su cuenta de X al anunciar la presentación del proyecto.
El proyecto establece la declaración de emergencia en los territorios afectados y habilita al Poder Ejecutivo a destinar fondos extraordinarios, reforzar los recursos para el combate del fuego y coordinar acciones entre Nación, provincias y municipios.
Soria enmarcó la iniciativa en una fuerte crítica al Gobierno de Javier Milei, al que acusa de haber debilitado la capacidad de respuesta del Estado por los recortes en el Programa Nacional de Manejo del Fuego.
Según el senador, la reducción presupuestaria agravó el impacto de los incendios y dejó a las provincias patagónicas en una situación de mayor vulnerabilidad frente a una catástrofe ambiental que ya tiene consecuencias sociales y económicas.
