"Todos coincidimos en que si todo el sistema ha fallado debemos asumir la responsabilidad", explicó el primer Ministro holandés antes de presentar la renuncia de todo el gabinete.
El primer ministro holandés Mark Rutte y todo su gabinete renunciaron el viernes al asumir la responsabilidad política de un escándalo de investigaciones a pagos de bienestar infantil que calificaron erróneamente a miles de padres de estafadores.
En un discurso televisado a la nación, Rutte dijo que había informado al rey Guillermo-Alejandro de su decisión y prometió que su gobierno continuaría trabajando para compensar a los padres afectados lo antes posible y combatir el coronavirus.
“Todos coincidimos en que si todo el sistema ha fallado, debemos asumir la responsabilidad, y eso ha llevado a la conclusión de que acabo de presentarle al rey la renuncia del gabinete en pleno”, dijo Rutte.
Poco después de pronunciar su discurso, Rutte fue en bicicleta al palacio del rey en un bosque en La Haya para informarle personalmente. La televisión holandesa lo mostró cuando estacionaba su bicicleta al pie de la escalinata y se dirigía al interior del palacio.
Se trata de una medida en gran medida simbólica, ya que el gobierno permanecerá en funciones hasta que se forme una nueva coalición después las elecciones del 17 de marzo.
“Se ha penalizado a gente inocente, se ha destruido sus vidas y se informó al parlamento de manera incorrecta e incompleta”, dijo.
¿QUÉ SUCEDIÓ?
Unas 26.000 familias fueron acusadas erróneamente de fraude con las prestaciones sociales y obligadas a devolverlas, lo que sumió a muchas de ellas en graves problemas financieros. Algunos de los hogares estaban en la mira de la administración por su origen étnico, en base a su doble nacionalidad. Se ha “criminalizado a personas inocentes, sus vidas fueron destruidas”, admitió Rutte.
Una investigación parlamentaria publicada en diciembre reveló que funcionarios de impuestos pusieron término a las prestaciones de miles de familias, acusadas erróneamente de fraude entre 2013 et 2019, y les obligaron a devolverlas de forma retroactiva. En algunos casos, se trataba de decenas de miles de euros.
