Relató que lo que se inició con una nota de la damnificada ante la Legislatura se fue transformando en una cuestión más compleja. En este sentido, recordó que la misma fue ratificada luego a través de una denuncia penal y una posterior presentación ante el Inadi. “La mujer avanzó en su denuncia y ratificó su afectación de derechos ante los organismos que entienden en este tipo de situaciones. Toda la información que fue aportando la damnificada fue derivada a las comisiones de Asuntos Institucionales, de Derechos Humanos, y de Género. Es un tema que está siendo evaluado”, acotó.
Asimismo, Haquim confió que solicitó la celebración de un plenario de comisiones para que se adopte una resolución y recalcó que la situación se complica cada vez más para el ombudsman jujeño, no sólo por la denuncia de la empleada del organismo, sino además por las notas ingresadas a la Legislatura por entidades vinculadas con la sociedad civil y partidos políticos expresando su preocupación por la actitud de un defensor del Pueblo que violenta derechos de sus propios trabajadores.
“Este es un tema de gravedad extrema que no se puede pasar por alto y por lo mismo vamos a darle el seguimiento que corresponde”, enfatizó.-
