La libertad de expresión, la libertad de prensa y el derecho de acceso a la información, todos juntos, derechos esenciales para la democracia, libran estos días una batalla determinante.
Una batalla en la que las sociedades civilizadas se juegan en gran medida la esencia misma de la democracia, es decir, la rendición de cuentas de los gobernantes ante sus ciudadanos. Me refiero al juicio de extradición que comienza en Londres contra el periodista Julian Assange, a instancias de los Estados Unidos de Norteamérica.
Si el fundador de la agencia de noticias WikiLeaks fuera entregado a este país, se habría sacrificado la transparencia de nuestros gobiernos ante la daga de la seguridad nacional. La prensa mundial quedaría en una situación alarmante, pudiendo ser procesada por la justicia estadounidense, sin defensa factible, a su entera voluntad, siempre que considere que una concreta publicación ha afectado a sus poderosas instituciones. En ese momento, el ejercicio del poder ejecutivo, por demás omnímodo en la actual administración, avanzaría por una senda totalitaria peligrosísima, sin una prensa combativa que fiscalice su actuación y garantice que los soberanos ciudadanos disponen de información suficiente sobre sus gobernantes para controlar su actuación.
Al señor Assange le acusan las autoridades norteamericanas de cometer 18 delitos, 17 de los cuales se registran bajo la Ley de Espionaje de 1917, una anacrónica norma para perseguir espías en el marco de la Primera Guerra Mundial; y uno relacionado con la supuesta ayuda a la militar Chelsea Manning para manejar las computadoras desde donde, dicen, salió la información.
La petición de pena es de nada menos que 175 años de cárcel, lo que implica de facto una cadena perpetua, en unas condiciones de aislamiento casi absoluto, por aplicación de las denominadas ‘Medidas Administrativas Especiales’ (SAMS, en inglés) no se le permitirá ningún contacto con la familia, solo con sus abogados que no podrán transmitir mensaje alguno sin enfrentar cargos criminales. Su crimen, la publicación de los diarios de guerra de Irak y Afganistán en 2010, los cables del Departamento de Estado y los archivos de Guantánamo sobre los allí encarcelados. Unas publicaciones que evidenciaron la comisión de crímenes de guerra, torturas sistemáticas y demás crímenes internacionales.
Es necesario recordar que WikiLeaks es una agencia de noticias cuyo valor añadido fue crear un sistema de cortafuegos en las IPs para garantizar que cualquier persona, cualquier ‘whistleblower’ del mundo, pudiera enviar información sobre corrupción o comisión de delitos a la plataforma, para que se pudieran conocer garantizando el anonimato de la fuente. Por ello, nadie, ni siquiera el propio Julian Assange, pueden conocer el origen de la información que publica la plataforma. Paradójicamente, la Directiva europea sobre los alertadores contra la corrupción, va en ese sentido.
Sobre la base de esa innovadora idea que sometía a los poderosos a que sus miserias pudieran ser conocidas, la agencia de noticias ha publicado información de diversa índole, como el vertido de residuos tóxicos en Costa de Marfil por la multinacional Trafigura, los manuales de instrucción de la base militar de Guantánamo, evidencias de corrupción y ejecuciones extrajudiciales en Kenya o la censura de Internet en China, entre otros.
La innovación introducida en el mundo de la prensa por WikiLeaks a través de su fundador, Julian Assange, ha sido galardonada por múltiples premios internacionales como el The Economist New Media Award en 2008, el Premio de Nuevos Medios de Amnistía en 2009, la Medalla de Oro de la Fundación de la Paz de Sydney en 2011, el Premio Global Exchange Human Rights People's Choice en 2013, el Premio a la Defensa de los Derechos Civiles Yoko Ono Lennon en 2013, además de las nominaciones para el Premio Mandela de las Naciones Unidas en 2015 o las nominaciones durante varios años consecutivos para el Premio Nobel de la Paz.
Sin embargo, Estados Unidos jamás perdonó que WikiLeaks sometiera su política exterior al escrutinio de la opinión pública mundial. Nunca aceptó que WikiLeaks evidenciara la comisión de crímenes internacionales por parte de su Ejército. De hecho, la mayor paradoja norteamericana es que la persona que reveló esos crímenes se encuentra sometida a procesamiento ante un Grand Jury en Virginia, mientras que los militares que cometieron esos crímenes están absolutamente impunes en la misma jurisdicción norteamericana. Todos recordamos aquel video en el que un helicóptero Apache que sobrevolaba un barrio de Bagdad disparaba indiscriminadamente contra civiles, incluso contra un vehículo con una familia y niños que iban a la escuela. Esos militares viven tranquilamente en Estados Unidos, mientras que Julian Assange afronta 175 años de cárcel.
Tampoco perdonó Estados Unidos a quien, según la justicia de ese país, habría sido la fuente de WikiLeaks, Chelsea Manning. En febrero de 2012 el Relator de la ONU contra la Tortura informó que Manning había sido sometida a trato cruel, inhumano o degradante. Posteriormente condenada y su pena conmutada por la Administración Obama al terminar su mandato, en la actualidad se encuentra nuevamente en prisión por negarse a declarar contra Assange.
El calvario de Assange desde la publicación de los diarios de la guerra de Irak y Afganistán no puede ser denominado más que de tortura, como ha sido confirmado también por el Relator de la ONU contra la Tortura, Nils Melzer. En 2012 tuvo que refugiarse en la minúscula Embajada de Ecuador en Londres para evitar una entrega a Suecia, donde se negaban garantías de no reextradición a Estados Unidos, por una caótica causa sin sentido alguno que jamás formuló cargos y que se cerró tres veces sin evidencia alguna. Durante casi siete años Julian Assange vivió sin acceso a la luz solar ni al aire fresco, con un padecimiento físico y psicológico indescriptible. Actualmente, ya detenido después de que las presiones económicas de Estados Unidos al actual Gobierno de Ecuador fructificaran, su situación es insostenible. En una cárcel de máxima seguridad, conocida como la “Guantánamo Británica”, con un limitado acceso a abogados y en una situación de práctico aislamiento.
La extradición que comienza el 24 de febrero y que culminará el 5 de junio debe inapelablemente concluir con la denegación de la entrega del periodista. El peligroso precedente que esta extradición puede suponer ha sido advertido por la práctica totalidad de los organismos internacionales del mundo. Ya a comienzos de 2016 el Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias del Consejo de Derechos Humanos de la ONU indicó que la situación de Assange era de detención arbitraria, requiriendo a Reino Unido y Suecia su inmediata liberación e incluso una indemnización por el daño causado. La Corte Interamericana de Derechos Humanos el 30 de mayo de 2018 libró una opinión consultiva vinculada a su caso donde indicaba la obligación de garantizar el asilo.
Múltiples relatores de la ONU de mandatos como la tortura, la privacidad, las ejecuciones extrajudiciales, y demás organismos del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, igualmente se han pronunciado contra esta arbitrariedad desplegada por Estados Unidos. Además, desde la sociedad civil, la práctica totalidad de las organizaciones de derechos humanos han cerrado filas indicando que la prensa libre del mundo está en peligro con este caso. De hecho, también los medios de comunicación del mundo han señalado que sus periodistas se encontrarían en peligro con la entrega de Assange a Estados Unidos.
La justicia británica debe denegar esta peligrosa entrega y poner fin a la persecución política. En primer lugar, porque Julian Assange, como periodista, está protegido por la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, donde se recoge el derecho a la libertad de prensa y a la publicación de información veraz obtenida de fuentes anónimas. En segundo lugar, por la desproporción que implica la aplicación de la Ley de Espionaje y una pena de 175 años de cárcel contra un periodista en ejercicio.
Pero sobre todo, en tercer lugar, por gravísimos hechos que afectan además a nuestro país, como es el hecho de que la Audiencia Nacional esté investigando a la empresa de seguridad española que prestaba servicios en la embajada por, presuntamente, haber instalado micrófonos ocultos, haber extraído información de los teléfonos, fotocopiado documentos personales, e instalado cámaras de vídeos ocultando micrófonos en las mismas, con la presunta finalidad de entregar esa información a Estados Unidos.
Un abusivo y totalitario esquema de espionaje contra Assange y sus abogados que evidenciaría una absoluta falta de garantías del periodista ante la jurisdicción norteamericana.
