La intimación llegó a la sede de Camioneros. El Ministerio de Trabajo advirtió por la falta de información requerida para avanzar con el análisis de las memorias, balances y movimientos de fondos con la obra social. El Gobierno arrancó con las auditorías a los gremios, en plena pulseada con Hugo Moyano y la presión al resto de los dirigentes para dejarlo aislado en la movilización convocada para el miércoles 21.
En esta primera tanda de las auditorías entraron 80 sindicatos, los que estaban en falta con algún requerimiento del Ministerio, con el foco en los enfrentados al Gobierno. “Es una señal a todos los gremios, que tienen que dar respuestas por sus acciones. Nuestra animosidad no es con el sindicalismo sino con los que están fuera de regla, ésa es la diferencia y para eso arrancamos con las auditorías”, dijo uno de los funcionarios abocados a la iniciativa.
Algunos ya empezaron a entregar información. Otros, como Camioneros, todavía no lo hicieron. El incumplimiento contempla desde sanciones económicas hasta la suspensión y la pérdida de la personería, de acuerdo con la Ley de Asociaciones Sindicales. A su vez la etapa de las inspecciones físicas arrancó el jueves con la Federación de Educadores Bonaerenses, conducida por Mirta Petrocini, con Roberto Baradel una de las dirigentes duras en la paritaria docente. Suteba está en la lista para la inspección, aunque una vez que transcurran las negociaciones que arrancan formalmente mañana. La inspección física a Camioneros no será antes de la marcha del 21, confirmaron en Trabajo.
El análisis incluye memoria y balances contables, cruces de información con la AFIP, chequeos para constatar que los números coincidan con las actividades financieras y operativas de los gremios, listado de afiliados y autoridades. Otra lupa se posa sobre las obras sociales y los giros entre éstas y los sindicatos.
La Bancaria, de Sergio Palazzo, fue una de las que ya recibió dos inspecciones en la obra social. Con la estructura actual con seis contadores a cargo de las revisiones, acotada según funcionarios del Gobierno -“porque es algo que nunca se hacía”-, estarán los resultados de las auditorías de entre 20 y 30 gremios por mes.
En caso de encontrar irregularidades, Trabajo las remitirá a las áreas específicas como AFIP o Unidad de Información Financiera (UIF), que ya entregó a la Justicia reportes de operaciones sospechosas entre el Camioneros, OCA -la empresa en manos de Patricio Farcuh y vinculada a Moyano- y firmas manejadas por su mujer, Liliana Zulet. En la Casa Rosada no ocultaron las expectativas por el flujo cruzado entre el ministerio, esos organismos y la Justicia, en medio de la escalada con el ex jefe de la CGT por la fallida reforma laboral que el Gobierno se resignó a impulsar fraccionada y su reacción ante las causas que lo apremian, también por presunto lavado de dinero en el club Independiente. “Les queda poco”, desafió Moyano a la administración de Mauricio Macri.
La pelea incluyó la presión de los integrantes del Gabinete con relación con sindicalistas -Rogelio Frigerio (Interior), Guillermo Dietrich (Transporte) y Andrés Ibarra (Modernización), además de Triaca- para dejar aislado a Moyano en su convocatoria para el 21 en la avenida 9 de Julio. Los gremios negocian con el Gobierno los giros de la Superintendencia de Servicios de Salud a las obras sociales sindicales y la distribución de los intereses de los Bonar 2020 para tratamientos de alta complejidad y subsidios por discapacidad. El oficialismo también agitó el proyecto de reforma institucional de los sindicatos, el fin de las reelecciones indefinidas y la publicación de las declaraciones juradas de los gremialistas, aunque anoche les bajaron el tono a esas iniciativas: “Pueden sumar, pero no resuelven las cuestiones de fondo”.
En los últimos días el Gobierno celebró las decisiones de las organizaciones más fuertes y estratégicas, como las del transporte, de no participar en la la marcha convocada por Moyano para el miércoles de la semana próxima. “Queda claro que no hay negocio político ni gremial para llevar adelante la movilización”, marcó anoche un alto funcionario. “Sería pegarse a un tipo que tiene facturas pendientes con los dirigentes, que no genera solidaridad y por un motivo equivocado, por las causas judiciales y por OCA”, insistió con uno de los argumentos para bajar la adhesión a la protesta.
