La ley de flagrancia, que entró en vigencia en diciembre de 2016, establece que si un delincuente es detenido "in fraganti", debe realizarse una audiencia oral y pública en menos de 24 horas.
Según un monitoreo realizado por la Unidad de Asistencia a la Reforma Procesal Penal de la Subsecretaría de Política Criminal en los primeros días del mes de abril, se redujo de esta manera el tiempo en el trámite de las causas.
Con la puesta en práctica de la ley, el magistrado ya no puede disponer telefónicamente sobre la libertad del imputado detenido en una comisaría, evitando la denominada "puerta giratoria", mediante la cual un imputado sorprendido cometiendo un delito quedaba en libertad antes incluso de que el fiscal pudiera presentar los cargos.
Antes de la sanción de la ley de flagrancia los casos tardaban más de dos años en tramitarse, mientras que ahora el plazo máximo para dictar sentencia es de dos meses a partir de la comisión del delito, según el tercer informe estadístico elaborado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
En tanto, Garavano destacó los procedimientos realizados al afirmar que han demostrado ser "una herramienta eficaz".
Sobre 117 hechos imputados, el 49 por ciento fue por tentativa de robo o de hurto; el 20 por ciento fue por lesiones; el 12 por ciento por robo; el 8 por ciento por resistencia a la autoridad; y el cuatro por ciento por hurto.
En tanto, sobre 100 personas imputadas, el 69 por ciento tiene entre 18 y 35 años y el 86 por ciento son hombres.
