El carioca Marco Archer Cardoso Moreira, de 53 años, acaba de ser fusilado en la prisión de Besi en Indonesia. A pesar de los reiterados pedido del gobierno brasileño, primero con Lula da Silva y luego con Dilma Rousseff, el actual presidente Joko Widodo se negó a conmutar la pena capital. Su delito fue ingresar en Yakarta con 13 kilos de cocaína y estaba en prisión desde agosto de 2003.

La presidenta Rousseff emitió una nota, firmada por ella, en la que afirma estar “consternada e indignada” por la falta de clemencia. Moreira había señalado poco antes de morir que era consciente de su terrible falta. Según el comunicado de Dilma, la ejecución concretada “afecta gravemente las relaciones entre nuestros dos países”. Hace unos minutos, la cancillería brasileña informó que convocó a su embajador en Indonesia “para consultas”. Es una medida de “congelamiento” de las relaciones que puede terminar incluso en ruptura.

Qué pasó

Moreira, un instructor de vuelo libre, fue detenido en agosto de 2003 cuando la policía indonesia descubrió 13,5 kilogramos de cocaína escondidos dentro de tubos de un ala delta.

De acuerdo con los medios periodísticos de la época, el narcótico habría sido descubierto al pasar por un control de Rayos X en el aeropuerto internacional capitalino. El hombre, por entonces de 42 años, consiguió huir pero fue apresado dos semanas después.

Según contó un diario del estado de Amazonas, donde vive la familia de Marco Moreira, el condenado había adquirido la droga en la ciudad de Trujillo, en el departamento homónimo de Perú. Con ella entró en el río Amazonas por barco y permaneció dos días en Manaos en la casa de su familia. Viajó a San Pablo y de allí salió rumbo a Yakarta. Pero antes de llegar a la capital indonesia llegó a realizar una escala en Amsterdam.

Prisionero desde hace más de una década, Marco tenía la expectativa de obtener la clemencia del primer ministro Widodo, quien asumió los destinos del país en octubre último con el compromiso de velar por los derechos humanos. Pero el político también se había comprometido con la "tolerancia cero" con los narcotraficantes. Y el 31 de diciembre ratificó la sentencia de muerte.

Amnistía Internacional repudió la condena. Y pidió al gobierno de Indonesia que no realice las ejecuciones de seis condenados (hay otros cuatro de otras nacionalidades). "Deben ser interrumpidas inmediatamente. La pena de muerte es una violación de los derechos humanos" subrayó.