La decisión del presidente Javier Milei de preservar el núcleo central del capítulo de retenciones en la ley ómnibus desató una fuerte discusión en Pro, el socio más estrecho de La Libertad Avanza en el Congreso.
“Queremos ayudar, pero no están los votos”, advierten en el bloque que conduce Cristian Ritondo, que se encamina a firmar un dictamen en disidencia con el oficialismo. Si bien acompañará en disidencia el dictamen del oficialismo, el bloque que conduce Ritondo no tiene una postura unificada respecto de la propuesta del Gobierno sobre los derechos a la exportación para el sector agropecuario
A esa jugada se sumarían un sector de la UCR y Hacemos Coalición Federal, después de que los gobernadores de Juntos por el Cambio llegaran esta tarde a un principio de acuerdo con la Casa Rosada. En principio, acompañarán la ley en ómnibus en general, pero rechazarán el artículo de retenciones. El oficialismo, en caso de que logre llevar el debate al recinto pasado mañana, tendrá 36 horas para negociar y evitar que le tumben ese capítulo en el recinto.
Si bien el Presidente accedió a introducir modificaciones respecto de la redacción original del megaproyecto y cedió al disponer la eliminación del gravamen para las economías regionales, mantuvo los incrementos en los derechos a la exportación para la producción agroganadera, el sector industrial o la pesca.
Esa propuesta fue rechazada por gobernadores aliados a la Casa Rosada, como Maximiliano Pullaro, Rogelio Frigerio y Martín Llaryora, y puso en pie de guerra a referentes de la UCR y Hacemos Coalición Federal en provincias como Córdoba y Santa Fe. Pero en Pro, el bloque que más voluntad muestra de convalidar las reformas de Milei, también se desató un tenso conflicto, ya que un grupo de diputados anticiparon en la última reunión de la bancada que no están dispuestos a levantar la mano en el recinto para aprobar las subas en las alícuotas y reclaman que el Gobierno revea su postura o haga un gesto para hacer más “digerible” los aumentos.
Es decir, sugieren que diseñe un calendario y prometa que bajará las retenciones a partir de 2025 o que considere eliminar el régimen de promoción industrial de Tierra del Fuego para cumplir sus objetivos fiscales.
La oferta dividió las aguas en el bloque de Pro. Representantes de Santa Fe, una de las provincias más afectadas por las subas de las retenciones agropecuarias que dispone Milei en el texto de la ley de bases, se pusieron al frente de la resistencia. De hecho, el economista Luciano Laspina expuso su rechazo a la medida ante sus compañeros de bloque. Hoy pidió que Milei recorte más el gasto político, de la “superestructura” y de las “burocracias” -consideró que el Gobierno fue “tímido”- antes de recaudar con subas de impuestos.
“No es lo que esperábamos cuando apoyamos a Milei en la segunda vuelta”, sostuvo antes de ingresar al Congreso. A Laspina se sumaron Gabriel Chumpitaz, un dirigente cercano a Maximiliano Pullaro, gobernador de Santa Fe y uno de los más irritados por la falta de respuestas del Gobierno; Alejandro Bongiovanni, referente de la Fundación Libertad y Progreso; José Núñez, un “halcón” de Pro, y Verónica Razzini, quien compitió en la lista del larretismo en 2023. También se oponen emisarios de Córdoba, La Pampa, como Martín Maquieyra, o Buenos Aires, entre otros.
En cambio, los bullrichistas lucen dispuestos a “acompañar al Gobierno”, sobre todo, después de que accediera a prescindir de la reforma electoral y reformular el capítulo de las jubilaciones. En ese grupo hacen hincapié en que no les agrada acompañar la suba de un impuesto regresivo, pero recuerdan que el país atraviesa una “emergencia” y tienen una mirada concesiva respecto de las dificultades fiscales que enfrenta Milei.
