El Jefe de Gabinete sostuvo que el sistema de protección comercial en la provincia patagónica atenta contra la competitividad. “Tendrá que ir hacia la baja y competir más”
Guillermo Francos, jefe de Gabinete
El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, cuestionó hoy el régimen de protección comercial que rige en Tierra del Fuego, sostuvo que atenta contra la competitividad y la baja en los precios que impulsa el gobierno nacional, y aseguró: “Lo que hacen es armar productos que vienen desarmados del exterior”.
“Es hora de que empiecen a competir un poco más. Lleva mucho tiempo este régimen, debería tener condiciones de competitividad mayor. Lo que hacen es armar productos que vienen desarmados del exterior para meterlos al territorio con una cantidad de beneficios impositivos muy grandes”, manifestó el funcionario en una entrevista con radio Splendid.
Y agregó: “Se exageran las cosas. Todo lo que se produce allí tiene mucha protección y entra al continente con un costo muy alto. En el exterior, estos costos han bajado significativamente. Se pretende generar un marco de competitividad entre los argentinos, y Tierra del Fuego tendrá que ajustarse y competir más”.
El funcionario, además, subrayó la importancia de establecer un marco jurídico claro en torno a los dólares que permanecen fuera de la economía nacional. “Se está trabajando y definiendo el encuadre jurídico para estos dólares”, expresó, con relación a las medidas que estudia el equipo económico conducido por el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo
Con relación al anuncio del gobierno de reducir los aranceles a los productos tecnológicos importados reducir los aranceles a los productos tecnológicos importados, la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) realizó un paro total en las fábricas de Ushuaia y Río Grande a modo de protesta.
Según elMinisterio de Economía, la resolución comenzará a regir en las próximas semanasy estará acompañada por cambios regulatorios adicionales que también afectarán a otros sectores de la electrónica.
El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, respaldó la decisión con una serie de argumentos centrados en el impacto económico general de este régimen fiscal. A través de un mensaje difundido en redes sociales, señaló que la protección impositiva vigente genera efectos negativos en términos de empleo, productividad y desarrollo regional.
Sturzenegger indicó que la reducción del régimen fiscal especial podría derivar en una disminución del empleo en la isla, aunque planteó que el efecto neto sobre el trabajo nacional sería positivo. Según sus estimaciones, el régimen provocaba una pérdida neta de 60 mil empleos en el conjunto del país, ya que se trataba de una actividad con bajo requerimiento de mano de obra, especialmente en comparación con los servicios.
“El menor costo de la electrónica para 47 millones de argentinos implica un dinero ‘extra’ en el bolsillo que gastarán en otras cosas”, expresó el funcionario. Afirmó que ese nuevo gasto generaría más puestos de trabajo que los que se destruyen, al cambiar consumo de productos ensamblados localmente por otros servicios o bienes de mayor valor agregado.
La eliminación de aranceles provocó reacciones inmediatas en el sector privado. En declaraciones durante su participación en el Congreso Anual del Instituto Argentino de Finanzas (IAEF), el CEO de Newsan, Luis Galli, advirtió ayer que con esta decisión será difícil continuar fabricando celulares en el país. Según explicó, el régimen vigente no solo buscaba desarrollar empleo local, sino también facilitar la creación de cadenas de valor en el sector electrónico.
El empresario consideró que la apertura repentina puede alterar gravemente las condiciones de producción y provocar un desarme de capacidades instaladas. Subrayó que las empresas establecidas en la isla invirtieron durante años bajo un marco de incentivos que ahora cambia drásticamente, sin un período de transición.
Además, algunos analistas señalaron que la medida podría derivar en una revisión más amplia del régimen de promoción fueguino, vigente desde la década del 70. En particular, se plantea que el actual contexto de apertura comercial y equilibrio fiscal requiere una modernización de los esquemas de subsidios a la producción.
