Los gobernadores no quisieron ir al último acto que preparó el círculo íntimo de la presidente antes de su viaje a China. Hoy, una foto con Cristina tiene un alto precio a pagarse en costo político. Por ello Fellner, al igual que sus colegas gobernadores del FPV no quisieron estar presentes en ése acto.
Hubieran preferido algo más íntimo para juntarse a refinanciar las deudas provinciales que las provincias menos eficientes e improductivas mantienen con la nación. Pero la jefa quería la foto, de lo contrario no habría refinanciación de la deuda, y prácticamente los extorsionó a cambio de apoyo político en el peor momento que vive Cristina desde que llegó a la Casa Rosada.
El efecto Nisman atemoriza a los gobernadores pero tuvieron que asistir a regañadientes, sabedores de que a pesar de los esfuerzos del gobierno nacional que, a través de diversos anuncios y bombas de humo de variado calibre logró que se hable más de las hipótesis sobre la muerte del fallecido fiscal que sobre la denuncia que debía exponer ante la Comisión de Asuntos Penales en el Congreso.
Los últimos sondeos de opinión realizados, tras la muerte del fiscal Alberto Nisman, por las consultoras demuestran un serio problema para el FPV cuya figura principal, a pesar de estar en el ocaso y sin posibilidad de continuidad, es la presidente Cristina Fernández de Kirchner. La encuesta realizada por González y Valladares y la firma iSurveyX ha verificado un efecto devastador para la imagen de la presidente cuya imagen positiva cayó cuatro puntos entre diciembre y enero. El derrumbe de la imagen positiva se confirma al observar la evolución de la imagen negativa que superó los cincuenta puntos aumentando, de diciembre a enero, 11 puntos. Por otro lado la encuesta de la consultora Carlos Fara reveló que el 72% no avala la teoría del suicidio y más de la mitad de los consultados creen en la veracidad de las denuncias del fallecido fiscal Nisman quien solicitó la imputación de la presidente de la nación como encubridora de los terroristas sindicados por la Justicia argentina como los perpetradores del atentado a la AMIA.
Con todo esto, Fellner viajo nuevamente a Buenos Aires a prestarle el apoyo a una "averiada pero no hundida" presidente. Se le notaba en los gestos las pocas ganas que tenía de estar allí. Sin embargo Eduardo Alfredo cumplió, una vez más, sumisamente con los mandatos de la jefa. Ya la semana pasada se había tenido que tragar el sapo de exponer un documento que le mandaron ya escrito a la cumbre extraordinaria del PJ para que lean los popes del PJ.
La verdad de las cosas es que la culpa del costo político que está pagando el gobernador no la tiene la presidente, ni muerte rodeada de misterio del fiscal Nisman. La culpa recae sobre la propia cabeza del un gobernador que desde hace poco más de 15 años ha manejado los destinos de la provincia, sea personalmente o a control remoto, basando su gestión en el aspecto administrativo, contentándose con pagar los sueldos de los empleados públicos, pero descuidando irresponsablemente el aspecto productivo generador de empleo genuino.
Los indicadores demuestran que Jujuy es una de las provincias que más empleados públicos tiene per cápita. Con esta forma de política se ha convertido a la administración pública en el aguantadero y moneda de pago de la militancia, denigrando la carrera administrativa.
En estos 15 años la provincia se ha manejado con tanta desidia e indolencia que la provincia solo es capaz de producir menos del 10% de ingresos propios y genuinos, convirtiéndola en un parásito del sistema central que la mantiene atada a un círculo vicioso de endeudamiento tras endeudamiento... ya no para pagar la deuda sino para pagar los intereses de una deuda que, de seguir las cosas así, será la impagable hipoteca del futuro de miles de jujeños.
Si el gobernador Fellner se hubiera preocupado por recuperar industrias y por generar un clima propicio para el establecimiento de emprendimientos privados, hoy la fuerza laboral de la provincia estaría al servicio un pujante sector privado que estaría aportando los recursos para la autonomía e independencia económica de nuestra empobrecida provincia.
Por otro lado, este Jujuy colapsado ya no presta los servicios esenciales del Estado. Están seriamente comprometidos la salud, la administración de Justicia, la seguridad, y la educación. En los hospitales no hay insumos básicos para atender a los pacientes o realizar procedimientos. Ni hablar de las condiciones edilicias y de las condiciones laborales de una cantidad de médicos que no quieren saber nada con trabajar para el Estado... por eso hay una crisis de carencia médicos en el Hosital de Niños y en las unidades de emergencias.
El vetusto, por no decir medieval, sistema de selección de jueces y funcionarios del poder judicial, cada vez con mayor frecuencia da muestras de la hilacha del nepotismo que se evidencia en las ínfulas de algunos funcionarios que agreden a otros servidores públicos que cumplen con sus funciones, creyéndose estar por encima de los demás mortales y de poseer privilegios. Hay algunos empleados que creen estar por encima de los propios jueces arrogándose la dirección de procesos al condicionar las funcionalidades propias de la jurisdicción a sus informes como peritos. También se evidencia en las arbitrarias demoras en algunas causas que son interpretadas como denegación de justicia por razones políticas. Hay ciudadanos que denuncian que hay causas gravísimas en manos de jueces que las cajonean por favorecer a ciertos políticos, tal vez sabiendo que con ello contribuyen al descreimiento generalizado hacia las instituciones que cunde en una sociedad cada vez más desamparada, y a la sensación de injusticia por el encubrimiento que facilitan a algunos personajes conocidos de la política. La crisis de la Justicia jujeña no es de hoy, ya ha sido advertida por una Asociación de Magistrados en 2010.
La educación pública es otra deuda que hipotecará el futuro de miles de niños que hoy pasan de grado casi por decreto para no evidenciar en las estadísticas las graves falencias de un sistema educativo que no les garantiza una educación de calidad, ni la totalidad de los días lectivos, porque la provincia está colapsada y no puede pagar sueldos dignos a los docentes, y porque se les chicanea en toda oportunidad que se presta para la fullería que permita al Estado ahorrarse unos pesos que luego se terminan destinando a los grandes negociados con los grandes amigos... a ellos no se los descuida. El año pasado los chicos han perdido en promedio el 21% de los días de clases por las medidas gremiales que, reitero, no es culpa de los maestros sino del gobierno que no cumple con sus empleados ni con sus compromisos.
Y por supuesto que la seguridad no puede quedar fuera de las carencias con que llega el régimen fellnerista a sus últimos 300 días. A pesar de la bajada de línea política sobre los cuadros policiales superiores para no exponer, más bien ocultar, la creciente inseguridad que es tema de conversación a bordo del colectivo, el taxi, la carnicería o el almacén de barrio, la cada vez mayor actividad delictiva que despliega una inusitada violencia a la que los jujeños no estábamos acostumbrados. Hay quienes sostienen que el incremento de la inseguridad se debe en gran medida al descontrolado narcotráfico que le ha ganado las calles a una Policía más concentrada en custodiar funcionarios y ex funcionarios, y a las autoridades que miran, tal vez con alguna cuota de complicidad, para otro lado.
A pesar de este deprimente cuadro, el gobernador está más preocupado por el año electoral, en ver la forma de revertir una anunciada derrota que se cierne sobre un régimen en el ocaso. Por ello destina esfuerzos y fondos a desembarcar en la capital de la provincia con el afán de arrebatarles la intendencia a los radicales. Por eso las obras faraónicas que solo significan trabajo para hoy y hambre para mañana, como la redundancia que es la Ciudad Cívica. Por ello los loteos improvisados pensados para dar solución a la crisis habitacional, pero que por ser llevados adelante unilateral e inconsultamente terminan generando problemas mayores, como los que padecen los vecinos de las 150 Hectáreas que recibieron terrenos en el marco de "Un Terreno Para Cada Familia Jujeña que lo Necesite".
Por otro lado, en el afán de desgastar políticamente a la intendencia del arquitecto Jorge, el gobierno provincial ha desplegado a su principal fuerza de choque para impedir el normal funcionamiento de las instituciones de la Capital. Es por esto que llegamos a febrero con problemas que debieron haber quedado zanjados el año pasado.
Con la clara intencionalidad de generar desgaste, y también como bomba de humo, el gobierno intenta que se hable más de un aumento que se venía inminente en la tarifa de transporte público de pasajeros, dada la inflación que aqueja a la economía de los argentinos, que de los aumentos en los aportes del Instituto de Seguros de Jujuy que ya están pagando todos los empleados públicos para el mantenimiento de la gerenciadora de salud que el gobierno obliga a todos sus empleados a contratar. La gerenciadora es otra caja que maneja el gobierno con fines políticos, pues tanto los abonados como los propios médicos se quejan de la pésima y restrictiva cobertura que tienen.
También se ha intentado silenciar el escándalo por la sobrefacturación de la obra pública cuyo ejemplo más conocido es la no finalizada obra de la Ruta 9, tramo Puente Paraguay - Yala, que ha sido denunciada como un agujero negro de fondos públicos que terminan en las arcas de algunos empresarios y funcionarios del gobierno.
Y por supuesto que también se quiere tapar con el humo del rechazo por el aumento del colectivo, la falta de solución a la problemática de la Garrafa Social. No se ha visto a la diputada Milagro Sala ni a sus seguidores acampando en las afueras de las distribuidoras que lucran con la necesidad de los más necesitados para quienes se pensó el subsidio al gas licuado. Mientras hay miles de jujeños que terminan pagando las garrafas sobrefacturadas hasta un 500% por encima del precio que debería estar disponible para todos, la diputada Sala se preocupa más por $0,75 que necesitan los empresarios del transporte para sostener un servicio público sobre el que pesan muchas gratuidades que benefician a estudiantes, uniformados, y discapacitados. ¿Se la llegará a ver alguna vez a Milagro Sala, Germán Norno, Emilio Cayo y José Luis Bejarano acampando afuera de alguna de las distribuidoras de gas licuado exigiendo que se respete el precio fijado por el gobierno nacional del que supuestamente son acérrimos defensores y referentes?
Se nos fue enero, el mes del letargo estival, y empieza febrero, el mes del Carnaval. En los próximos días seguramente se llegue al fin de la novela que se han montado sobre la problemática de la readecuación de la tarifa de transporte urbano para que se pueda seguir con los problemas de siempre.
La vísperas del mes carnestolendo mantienen una tregua entre gremios y gobierno que pronto retomarán las armas para continuar la sempiterna puja de voluntades que padecemos desde que Fellner llegó al poder de la provincia.
