Julio Marcelo de Oliveira afirmó que el Ejecutivo brasileño "generó gastos sin tener el dinero suficiente ni sustentación financiera". Lula da Silva se presentó a declarar por un supuesto tráfico de influencias
El Gobierno de la presidente brasileña, Dilma Rousseff, ha cometido y comete "irregularidades graves" en el manejo de las cuentas públicas, dijo en una entrevista con la agencia de noticias EFE el fiscal a cargo de la investigación en la que se basa la oposición para intentar un juicio político contra la mandataria.
El procurador del Ministerio Público de Cuentas, Julio Marcelo de Oliveira, detectó el año pasado las maniobras fiscales realizadas por el Gobierno para maquillar sus resultados, que finalmente han sido reprobados por ese órgano de contraloría, que recomendó al Congreso que haga lo mismo, aunque la cámara aún no se ha pronunciado.
"Hay una multiplicidad de conductas irregulares", dijo el fiscal; y resumió el asunto en que "el Gobierno generó gastos sin tener el dinero suficiente, sin sustentación financiera" y se valió de la banca pública para financiarlos.
Según la oposición, eso configura un "delito de responsabilidad", contemplado en la Constitución como un posible motivo para un juicio con miras a la destitución de un mandatario, tesis rechazada por el Ejecutivo, que pretende consultar sobre el caso a la Corte Suprema.
La investigación realizada por el fiscal constató que en 2014 el Gobierno dejó de depositar en la banca pública, usada como agente de pago, parte de los montos previstos para seguros de desempleo, subsidios a las familias más pobres y créditos para campesinos, entre otras obligaciones.
Eso llevó a los bancos a cubrir esos compromisos con sus propios recursos y le generó al Estado una deuda que el año pasado cerró en unos 40.000 millones de reales (hoy 10.530 millones de dólares).
Algo más del 50% de esa deuda fue generada con el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) y los montos restantes se reparten sobre todo entre la Caixa Económica y el Banco do Brasil.
De Oliveira explicó que esas irregularidades comenzaron en 2013, pero aclaró que al día 31 de diciembre de ese año el Gobierno llegó a cubrir sus deudas con la banca pública.
Sin embargo, las maniobras fueron retomadas a inicios de 2014 y se acentuaron en el segundo semestre de ese año cuando Rousseff fue reelegida para el segundo mandato que comenzó el 1º de enero pasado.
A diferencia de 2013, esas obligaciones no se cubrieron y, aunque las deudas fueron reducidas por el Gobierno a inicios de este año, han vuelto a subir y al día de hoy se sitúan en la misma cifra en que cerró 2014, aseguró De Oliveira.
En opinión del fiscal, eso comprueba que ha habido "continuidad" en lo que calificó de "abuso" en el manejo del dinero público.
El Tribunal de Cuentas reprobó los balances del Gobierno de 2014 y ahora, con los nuevos datos aportados por el procurador, ha iniciado un proceso para examinar los correspondientes al actual ejercicio fiscal.
La oposición, apoyada en los datos de 2014, solicitó al Congreso el inicio de un juicio con miras a la destitución de Rousseff, pero lo dejó en suspenso después de que muchos especialistas del área jurídica consideraron que un delito cometido en el mandato anterior no puede servir como base para juzgar a la actual gestión.
No obstante, la investigación realizada por De Oliveira sobre la continuidad de las irregularidades durante los últimos meses le han dado nuevos bríos a la oposición, que este jueves presentó ante un notario público otro pedido de juicio político, fundamentado ahora en las maniobras fiscales de 2014, pero también en las de 2015.
Esa nueva solicitud será formalizada ante el Congreso el próximo martes y deberá ser analizada por el presidente de la Cámara baja, Eduardo Cunha, que hasta ahora ha rechazado once iniciativas de esa naturaleza porque no cubrían los necesarios requisitos jurídicos.
El fiscal De Oliveira declinó comentar si esas irregularidades suponen un "delito de responsabilidad", como sostiene la oposición. Explicó que el Tribunal de Cuentas solo examina los resultados del Gobierno y da un "parecer técnico", que luego debe ser analizado por el Congreso, al que le corresponde la última palabra con relación al manejo de las cuentas públicas y sobre cómo debe ser tipificado el caso.
Lula declaró en la Fiscalía por un supuesto tráfico de influencias
El ex presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, prestó declaración de manera voluntaria ante la Fiscalía, que lo investiga por supuesto tráfico de influencias a favor de una importante constructora después de concluir su mandato, según informó su oficina de prensa.
El Ministerio Público Federal de Brasilia abrió el pasado julio una investigación penal contra Lula por supuestamente haberse valido de su influencia, después de dejar la Presidencia en 2011, para hacer que el banco de fomento del Gobierno favoreciera a la constructora Odebrecht.
En su declaración, Lula argumentó que "todos los presidentes y ex mandatarios del mundo entero defienden a las empresas de sus países en el exterior", según informó este jueves, mediante un comunicado, el instituto dirigido por el ex jefe de Estado.
Según las investigaciones, hay indicios de que Lula influyó en el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) para que financiase proyectos de la constructora, investigada por el escándalo de corrupción en Petrobras, en otros países latinoamericanos y africanos.
