Después de dos fracasos sucesivos en el recinto de la Cámara de Diputados , la oposición volverá a la carga este miércoles en la Comisión de Presupuesto y Hacienda: allí insistirá en emitir dictamen favorable sobre el proyecto titulado "Razonabilidad en las tarifas de los servicios públicos" , iniciativa concebida por el peronismo no kirchnerista y que tiene el aval (con disidencias) del resto de los bloques opositores.
Resignado, el oficialismo decidió convocar a la comisión, que preside el santafecino Luciano Laspina (Cambiemos) a sabiendas que, tarde o temprano, la oposición se saldría con la suya y que el oficialismo, en minoría, difícilmente pueda frenar la embestida.
Si la oposición vuelve a unirse, podría llegar a superar numéricamente a Cambiemos a la hora de firmar el dictamen en Presupuesto. Es que el bloque Justicialista, el Frente Renovador y el Frente para la Victoria-PJ juntan 22 integrantes, a los que podrían sumarse el puntano Andrés Vallone y el misionero Jorge Franco. Si también son de la partida Martín Lousteau (Evolución) y Graciela Navarro (Frente Cívico Santiagueño), llegarían a 26, contra 23 del oficialismo.
El proyecto unificado busca que los aumentos no puedan exceder el del promedio de los salarios para usuarios residenciales, y además que las tarifas sean estables por 12 meses. En el caso de las pymes, cooperativas de trabajo y empresas recuperadas, los incrementos no podrán ir por encima del IPC mayorista.
Se propone además la eliminación del incremento diferencial del IVA para las empresas, y por el término de 12 meses se prevé que la alícuota de los servicios públicos regulados en esta ley se establezca en 10,5%. En igual sentido, se contempla la prohibición de crear nuevos tributos que alteren la tarifa final.
En la sesión especial del miércoles pasado, esta propuesta obtuvo 132 votos a favor y 106 en contra, pero necesitaba dos tercios -172 votos- para ser aprobada, dado que le faltaba el dictamen favorable de la Comisión de Presupuesto. Si ese escollo es superado esta semana, la oposición tendría vía libre para convocar a una nueva sesión especial y alzarse con la media sanción con mayoría simple -mitad más uno de los votos-.
El oficialismo criticó con dureza el proyecto opositor al sostener que desfinanciará al Estado y a las provincias. Amenazó con la posibilidad de vetarlo, si finalmente el Senado lo convierte en ley. No sería la primera vez que el presidente Mauricio Macri apele a esta medida: ya lo hizo en 2016 con la controvertida ley antidespidos.
