Se realizaron allanamientos en 65 ciudades bonaerenses. Uno fue en la cárcel de Florencio Varela, donde se descubrió que dos celdas habían sido acondicionadas como “búnkeres” para almacenar y distribuir imágenes de chicos siendo abusados.
En un megaoperativo sin precedentes llevado a cabo en la provincia de Buenos Aires, 70 menores de edad fueron rescatados este martes como resultado de un amplio despliegue contra redes de explotación sexual infantil en línea. En total, 20 personas resultaron detenidas, mientras que 112 individuos quedaron imputados tras realizarse 115 allanamientos en 65 ciudades bonaerenses.
Del procedimiento, denominado “Operación Protección de las Infancias IV,” participaron la Policía Federal Argentina y las fuerzas policiales de la provincia y ciudad de Buenos Aires, bajo la coordinación del Ministerio Público bonaerense.
Desde las seis de la mañana del martes, más de 1.140 efectivos se desplegaron para desarticular redes que operaban en la producción y distribución de material de abuso sexual infantil. La operación fue supervisada por el procurador general bonaerense, Julio Conte-Grand, y Eleonora Weingast, a cargo del Departamento de Delitos Conexos a la Trata de Personas, Pornografía Infantil y Grooming; y concluyó con la incautación de cientos de dispositivos de almacenamiento, teléfonos y armas de fuego en múltiples localidades.
Uno de los lugares allanados fue la cárcel de Florencio Varela, donde la policía descubrió que dos celdas habían sido acondicionadas como “búnkeres” para almacenar y distribuir imágenes de abuso sexual infantil. Allí, los oficiales hallaron varios celulares y una computadora que los internos utilizaban para gestionar el tráfico de contenido ilegal. Los investigadores señalaron que los integrantes de esta red habían instalado una aplicación que simulaba ser una calculadora, pero en realidad permitía el acceso a carpetas ocultas donde almacenaban las imágenes y videos.
En esos procedimientos participaron la Estación de Policía de Berazategui, Dirección de Análisis de la Conducta Criminal y Victimológico y SIDE Agencia de Seguridad Nacional.
Según fuentes judiciales, los internos solicitaban a sus víctimas –todas menores de edad– que enviaran material de abuso, con el cual luego extorsionaban a las víctimas a cambio de no divulgar el contenido. A su vez, los detenidos compartían este material con otros presos y usuarios externos mediante la misma aplicación.
En este allanamiento específico, los efectivos notificaron de la imputación en su contra a seis internos e incautaron siete celulares. Uno de los líderes de esta red, condenado a 50 años de prisión por abuso sexual, mantenía carpetas organizadas con los nombres de sus víctimas.
En total fueron 115 los lugares inspeccionados, en más de 64 ciudades de la provincia de Buenos Aires, entre ellas Avellaneda, Lanús, Bahía Blanca, Tres Arroyos, Junín, La Matanza, La Plata, Lomas de Zamora, Ezeiza, Mercedes, Morón, Pergamino, Quilmes, San Isidro y San Martín. La Dirección de Investigaciones en Cibercrimen de la Policía bonaerense, la División de Delitos Cibernéticos contra la Niñez y Adolescencia de la PFA, y la Dirección de Cibercrimen de la Policía porteña, además de las DDI y DUOF de diferentes jurisdicciones, colaboraron en el megaoperativo.
Como resultado, los agentes secuestraron 528 dispositivos de almacenamiento y 260 teléfonos celulares, además de varias armas de fuego. En 32 de los registros se realizaron triages, es decir, revisiones de los contenidos en los dispositivos in situ para asegurar la integridad de las pruebas.
En un procedimiento realizado en La Matanza, además, los investigadores encontraron pintadas en una pared, una escena preocupante que involucraba a una menor que, según creen, habría sido abusada por su propio padre, quien también estaba implicado en la distribución de imágenes aberrantes de menores.
Además de la tenencia y distribución de material de abuso sexual infantil, las autoridades investigan la posible producción de dicho contenido, el acoso sexual en línea (grooming) y la extorsión. La operación forma parte de una serie de acciones iniciadas en 2023 con una investigación liderada por el fiscal Fernando Grafigna desde el nodo fiscal de Junín. Esta línea de investigación se amplió con la colaboración de 25 fiscalías que han participado activamente en la identificación y procesamiento de los responsables.
Además de las fuerzas locales y nacionales, la operación contó con el respaldo de agencias internacionales, como la Oficina de Investigaciones del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (Homeland Security Investigations), y de organizaciones no gubernamentales como Grooming Argentina, Mamá en Línea, Aerial Recovery, Operation Underground Railroad (OUR) y The Exodus Road (TER). Durante el operativo, estuvieron presentes la Directora Operativa del Comité Ejecutivo para la Lucha contra la Trata de Personas, Verónica Toller, y el integrante del equipo técnico del Comité, Fernando Vedoya, así como representantes de la plataforma TikTok y otras entidades internacionales.
