La iniciativa va en contra de la política nacional de trasladar los precios reales a la demanda, y descuelga a Salta del tablero nacional. De replicarse en otras provincias, se pondría en cuestionamiento la capacidad de regularizar la deuda de las distribuidoras con Cammesa.
La administración del gobernador salteño Gustavo Sáenz, a través del Ente Regulador de los Servicios Públicos, dispuso este miércoles la suspensión por 120 días de la actualización tarifaria del servicio de electricidad, aprobada el 31 de enero por ese organismo. En el mismo sentido, comunicó a la Empresa Distribuidora de Salta para que se abstenga de aplicar los aumentos previstos para las boletas de luz y que emita las facturas acorde a los cuadros tarifarios vigentes a febrero de 2024.
La medida dispuesta a través del Ente Regulador provincial se da a conocer luego de las fuertes críticas encabezadas por el líder opositor, el ex candidato a gobernador y actual diputado nacional de Unión por la Patria (UxP), Emiliano Estrada, que sumó a la Cámara Hotelera Gastronómica y Afines de Salta y a la Cámara de Comercio e Industria de Orán, ante los aumentos pautados en los nuevos cuadros tarifarios, los que mayormente corresponden a medidas dispuestas por el Gobierno nacional.
La iniciativa de Sáenz, que se dio a conocer luego de la cumbre de gobernadores del Norte Grande que se realizó en Salta y en la que participó el ministro del Interior de la Nación, Guillermo Francos, generó señales contradictorias. Por un lado, el gobernador anfitrión buscaba generar una foto en señal de acercamiento de cara al tratamiento en el Congreso de la nueva Ley Bases y Puntos de Partida y para el paquete de reformas fiscales. Por el otro, impulsa una medida en contra de la política nacional de trasladar los precios reales a la demanda.
Además, puede generar un precedente contrario a la normalización de las deudas que distribuidoras provinciales públicas o privadas y cooperativas de todo el país mantienen con Cammesa por la compra de energía, lo cual las compañías sólo afrontarían mediante la actualización del VAD, el único valor que fijan las autoridades provinciales.
En el caso de la empresa distribuidora, el Ente Regulador la había impuesto un plazo de 90 días para presentar el convenio con la operadora de despacho del Mercado Eléctrico Mayorista a los fines de regularizar la situación de mora.
Cabe recordar que el Ente Regulador había resuelto a fines de enero aprobar un nuevo cuadro tarifario con una readecuación progresiva estableciendo para febrero un aumento del 78%, ya que la empresa venía operando con costos a valores de marzo del 2023. Esta situación de falta de actualización del VAD -la parte de la tarifa que corresponde a los ingresos propios de la distribuidora para desarrollar su actividad- impidió que la empresa pudiera cumplir con sus obligaciones por la otra parte de la tarifa, que son los costos de generación o precios de abastecimiento de la energía, contrayendo una deuda importante con la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA). En ese sentido, para marzo estaba previsto un incremento del 11,84% y para abril otro 11,84%.
Ahora, con la aplicación parcial de los incrementos que actualiza el Valor Agregado de Distribución (VAD), que remunera el servicio de las distribuidoras eléctricas, vuelve a ponerse en cuestionamiento la capacidad de regularizar la deuda con Cammesa.
De la lectura de la factura de luz, según se afirmó desde la empresa, el 60% del total se compone por el precio de la energía (37%), el precio del transporte (4%) y la carga impositiva (19%), en tanto que el restante 40% es responsabilidad de las distintas autoridades provinciales y corresponde al Valor Agregado de Distribución (VAD).
Desde febrero, el Gobierno nacional eliminó todos los subsidios a la luz, a excepción de los usuarios residenciales segmentados como N2 y N3 de ingresos bajos y medios, e incrementó el costo estacional de la energía de manera uniforme en todo el país. En el caso del Valor Agregado de Distribución los incrementos desde marzo son dispares de acuerdo a las jurisdicciones, y están en distinta etapa de actualización.
