La Justicia Electoral contrató a la empresa Ocasa para el recuento de los votos en esa provincia. Pero el domingo a la noche los resultados tardaron en darse a conocer y ahora explicaron que los datos finales podrían estar recién en 10 días. Argumentaron "problemas de conectividad".
El Tribunal Superior de Justicia de Córdoba (TSJ) dispuso iniciar “de inmediato” una investigación destinada a “establecer responsabilidades administrativas en relación con las demoras detectadas en el escrutinio de los votos por parte de la empresa contratada para dicha tarea”.
La decisión se adoptó luego de que fueran detectados problemas en el proceso de transmisión de datos electorales, motivo por el cual esperan que los resultados definitivos estén recién en 10 días. Aún falta el recuento del 5% de las mesas.
El domingo, el recuento de votos de la elección a gobernador en Córdoba quedó prácticamente paralizado desde las 22 a las 2 de la mañana, cuando apenas se agregaron 20 puntos porcentuales de mesas computadas.
La Justicia Electoral contrató para la actividad a la empresa Organización Courrier Argentina SA (Ocasa) y pagó $ 2.200 millones. Para el recuento iba a haber 1.487 pequeños centros de cómputos -uno por cada escuela-, pero, según explicaron, los problemas de conectividad hicieron que se dilataran los tiempos.
Los cómputos se realizaron con el sistema turing, que consiste en una impresora multifunción y una computadora con el fin de cargar, digitalizar y transmitir los resultados por escuelas -no por mesas- al Centro de Cómputos que se encuentra ubicado en el Salón de los Pasos Perdidos de Tribunales I.
Desde la Justicia Electoral explicaron que, de esa manera, se evitaba “cualquier tipo de manipulación de los datos preparados para el proceso de consolidación y publicación”.
Una vez finalizado el conteo en el aula, se labra el acta de escrutinio de mesa, la única documentación original que se confecciona y es completada por la autoridad de mesa de votación.
Ésta traslada el acta de escrutinio de mesa a la sala de transmisión acompañada y a la vista de los fiscales partidarios. El acta se entrega al asistente técnico para la carga y transmisión.
Una vez escaneada, el sistema hace un reconocimiento de los números y los presenta en una grilla digital, que deberá ser validada únicamente por la autoridad de mesa, siempre acompañada de los fiscales.
El jueves pasado cuando se probó el sistema -se había empleado en Marcos Juárez ya- se vio que en algunas escuelas no había módems o los existentes no servían para la transmisión. Se probó de nuevo el viernes y aunque hubo menos inconvenientes, siguieron adelante.
Desde Ocasa, en un comunicado, plantearon que no estaba en “en tela de juicio la seguridad, certeza y verificabilidad de los datos”, que se estaban transmitiendo. A su vez, argumentó que “la trazabilidad” contaba “con el control y acompañamiento de los funcionarios judiciales”.
