Mientras unos festejan una medida cautelar que solo suspendió temporalmente la entrada en vigencia de la ordenanza que dispuso una nueva tarifa para el boleto de colectivos, la ciudad está de luto por por el aspecto que presenta gracias al grafitti político en distintos puntos de la ciudad.
No hay ningún derecho que cobije el vandalismo sobre los bienes públicos de la ciudad, ni el daño a la propiedad privada. Los espacios públicos de la ciudad nos pertencen a todos, y lo que es privado pertenece a sus dueños. No existe ninguna norma que permita o avale este tipo de conducta antisocial que vulnera los derechos de la comunidad y de los particulares.
El graffiti, sea este político o no, en paredes de casas particulares, negocios y lugares públicos es un grave problema social, ya que no sólo propicia la contaminación visual, sino que crea una mala imagen del lugar donde se encuentren este tipo de gráficos.
Estando estos grafittis en distintos puntos de la ciudad, la ciudad de San Salvador de Jujuy presenta hoy una muestra de ser tierra de nadie, donde cualquiera puede impunemente dañar bienes públicos y privados sin consecuencia alguna.
Debería existir algún tipo de sanción para quienes realizan este tipo de vandalismo, como tambiéjn para quienes auspician a los vándalos, partiendo desde lo mínimo que sería reparar el daño causado.
En cuanto al contenido de los mensajes de los grafittis que hemos registrado, cabe decir que: la justicia hizo lugar a una medida cautelar porque era lo juridicamente correcto y aplicable. La Justicia no actúa por el clamor popular o la presión de los vecinos.
Y ya que hay recursos para dañar la imagen de la ciudad de esta manera, debería destinarse una cantidad para devolver a un estado aceptable a los espacios vandalizados.
