Días atrás podíamos ver las imágenes donde el obispo Rolando Álvarez, con la imagen de Jesús Sacramentado en sus manos, salió a la calle a encarar a los policías nicaragüenses que con patrullas y armas de guerra sitiaban su vivienda. “Esta es una batalla entre el bien y el mal”, proclamó.
Monseñor Rolando Álvarez encontró una fila de policías antimotines amenazantes, con escudos, cascos y cachiporras en mano, bloqueando el portón de su casa cuando intentó salir. Álvarez es obispo de la Diócesis de Matagalpa y una de las voces más críticas de la jerarquía católica de Nicaragua. Sus sermones frecuentemente fustigan la violación a los derechos humanos, la persecución religiosa y los abusos de poder.
El obispo, cinco sacerdotes, tres seminaristas y dos laicos se mantienen retenidos en la curia episcopal matagalpina desde el 4 de agosto pasado acusados por la Policía del régimen sandinista de supuestamente intentar organizar “grupos violentos”. El grupo se encuentra aislado, han comenzado a racionar el vino y las hostias durante las misas telemáticas y no han dicho para cuántos días tienen alimentos.
La retención del obispo de la Diócesis de Matagalpa y administrador apostólico de la Diócesis de Estelí, ambas en el norte de Nicaragua, es el más reciente capítulo de una historia de roces entre la Iglesia católica y Ortega, que data de hace 43 años.
La situación sociopolítica en Nicaragua ha empeorado tras las controvertidas elecciones de noviembre pasado en las que Ortega fue reelegido para un quinto mandato, cuarto consecutivo y segundo junto con su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta, con sus principales contendientes en prisión.
Varias organizaciones civiles opositoras de Nicaragua pidieron este miércoles al papa Francisco que denuncie la “grave persecución” que sufren los sacerdotes nicaragüenses por parte del Gobierno del presidente Daniel Ortega.
“Rogamos por los buenos oficios y la voz de denuncia y condena de su santidad el papa Francisco como pastor de su Iglesia, ante la grave persecución que hoy vive en Nicaragua”, abogaron 17 organismos nicaragüenses en una declaración pública.
En el documento, las organizaciones firmantes hicieron “un llamado urgente sobre la situación que se vive en nuestro país por los desmanes de la dictadura y la escalada represiva que se ha dirigido en las últimas semanas contra la Iglesia católica y hacia los periodistas y medios de comunicación independientes”.
Indicaron que desde abril de 2018, cuando estalló una revuelta popular por unas controvertidas reformas a la seguridad social y que fueron neutralizadas a la fuerza por el Estado, “se ha implantado un régimen de violencia y de terror” en Nicaragua, “que pretende ahogar las protestas ciudadanas y callar las voces contra la dictadura de los Ortega y Murillo”.
“Frente a un Estado criminal, frente a una dictadura que ha demostrado ser capaz de cualquier atrocidad contra la ciudadanía para mantenerse en el poder, esta vez la Iglesia católica en la voz de denuncia de sus sacerdotes, religiosas y religiosos busca ser exterminada por ser confiable y creíble para el pueblo”, señalaron.
Firmaron la declaración la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, que fue la contraparte del Gobierno en una mesa de negociación con la que se buscaba una salida pacífica a la crisis que atraviesa Nicaragua desde abril de 2018.
También la Unidad Nacional, Alianza de Jóvenes y Estudiantes Nicaragüenses, Iniciativa por el Cambio, Fuerza Democrática de Nicaragua, Unión Nicaragüense Autoconvocada, entre otras.
