Beijing cree que no actuaron conforme a los estándares de la estrategia de coronavirus que se ordenó. La medida recuerda la represión contra los médicos que habían advertido sobre la enfermedad en diciembre de 2019
China ha sancionado a una serie de funcionarios por no haber frenado un brote de COVID-19 que ha provocado casi 900 infecciones sintomáticas en todo el país en menos de un mes, un resurgimiento que complica la estrategia de Beijing de mantener el virus totalmente alejado.
La ciudad oriental china de Yangzhou emitió advertencias a cinco funcionarios por el mal manejo de las pruebas masivas que, según ellos, permitieron que el virus siguiera propagándose. La ciudad ha superado a la cercana Nanjing, donde comenzó el brote impulsado por la variante Delta, como el mayor foco de China, con 308 casos confirmados hasta el lunes. Seis pacientes están en estado crítico y, si alguno muriera, sería la primera muerte por COVID-19 en más de seis meses.
Más de 30 funcionarios de todo el país, desde alcaldes y directores locales de sanidad hasta jefes de hospitales y aeropuertos, han sido sancionados por el régimen chino por presunta negligencia y mal manejo de los brotes locales, según el diario estatal Global Times.
China está lidiando con su brote más amplio de COVID-19 desde que supuestamente aplastó el virus -según los dudosos datos oficiales- que surgió por primera vez en la ciudad central china de Wuhan a finales de 2019. El último resurgimiento se ha extendido por más de la mitad de las 31 provincias del continente. Aunque la mayoría de la vasta población de China está vacunada, las autoridades no se arriesgan a confiar en las inoculaciones y, en cambio, han recurrido a su libro de jugadas de pruebas masivas y cierres selectivos para acabar con el virus.
Pruebas en Wuhan
Wuhan también ha visto cómo las infecciones vuelven a arraigar después de que el virus fuera controlado allí a principios de 2020 luego de estrictas cuarentenas y controles policiales extremos. Ante el temor de que se extienda aún más y atraiga la atención mundial no deseada, las autoridades sanitarias locales realizaron pruebas a los 11,3 millones de residentes de la ciudad este fin de semana. Encontraron nueve infecciones de transmisión local. Wuhan añadió dos nuevos casos el lunes.
Al norte, la provincia central china de Henan se enfrenta a un aumento de las infecciones mientras sigue recuperándose de las inundaciones que mataron a más de 300 personas en julio. Un grupo centrado en un hospital de la capital provincial, Zhengzhou, se está extendiendo a otras zonas.
Lou Yangsheng, secretario provincial del Partido Comunista Chino (PCC) y funcionario de más alto rango, se comprometió a acabar con el brote local para finales de mes. Instó a los funcionarios a aplicar medidas de control de coronavirus y de prevención de enfermedades en las zonas rurales.
Sigue preocupando que el sector manufacturero de la zona, incluida la enorme planta de producción de iPhone de Hon Hai Precision Industry Co. en Zhengzhou, y SAIC Motor Corp. el mayor fabricante de automóviles de China, puedan estar en peligro si el virus sigue propagándose y se aplican cierres u otras medidas de control estrictas.
Beijing lleva mucho tiempo responsabilizando a los funcionarios locales de la irrupción del virus en China, culpándoles de no haber aplicado diligentemente las precauciones y restricciones que permitieron que los brotes se convirtieran en brotes importantes en territorio nacional. Las recientes medidas disciplinarias se producen en el momento en que la variante delta supera las defensas más estrictas en todo el mundo, poniendo de manifiesto los límites del llamado enfoque COVID-19 Zero para eliminar el virus que persiguen países desde China hasta Australia.
Sin embargo, el país conducido por Xi Jinping no muestra signos de cambiar su estrategia. Las autoridades sanitarias esperan controlar el brote en curso en dos o tres semanas, si se aplican plenamente las medidas de contención.
En un comentario publicado el fin de semana, un antiguo ministro de sanidad desdeñó la idea de “aprender a coexistir con el virus”. Este planteamiento está siendo adoptado cada vez más en otros lugares, por las economías occidentales y algunos países que hasta ahora habían tenido Covid Zero, como Singapur, que en su lugar confiarán en las vacunas para limitar los daños del virus.
Gao Qiang, antiguo jefe de sanidad del país y actual consultor jefe de la Asociación de Economía de la Salud de China, instó a las autoridades a endurecer aún más los controles.
Li Wenliang
Las sanciones a los funcionarios que luchan contra el coronavirus recuerda el caso del médico Li Wenliang, quien el 30 de diciembre de 2019, advirtió a un grupo de WeChat (el WhatsApp chino) que compartía con ex compañeros de la escuela de medicina para alertar de siete pacientes que habían sido diagnosticados con una enfermedad similar al SARS. El 6 de febrero de 2020 murió de COVID-19.
Con Li sucedió lo que suele ocurrir en China cuando comienza a trascender información que el régimen no quiere que se haga pública. El 3 de enero de 2020, el médico fue convocado a una estación de policía donde le presentaron una notificación en la que lo acusaban, junto a otros siete médicos que habían comenzado a alertar del nuevo virus, de “hacer comentarios falsos que perturban severamente el orden público”.
La nota advertía que si continuaba con esa conducta sería llevado ante la Justicia. Li fue obligado a firmar al lado de la palabra “Entendido”.
Las autoridades chinas desestimaron las alertas de los médicos. En los primeros días de enero, seguían diciendo que sólo podían contraer el virus quienes tomaran contacto con animales infectados. Por eso, no hicieron mucho más que cerrar el mercado de Wuhan donde había comenzado todo. Ninguna otra medida de prevención ni protección para los médicos.
Ahora, es el mismo régimen el que reprime a aquellos que hacen lo posible para contener un virus que parece difícil de contener a la fuerza.
