Desde que Julian Assange denunciara que CFK implementa el régimen de vigilancia mas agresivo sobre latinoamerica, hubo denuncias de grupos sociales que desbarataron montajes de espionaje llevados adelante por la Gendarmería Nacional "Proyecto X", como también el propio Senador Gerardo Morales denunció a las FFAA por espionaje sobre su persona y algunos periodistas.
Pero según fuentes fidedignas, los objetivos electorales, habrían llevado al diseño de un plan estratégico de espionaje social de mayor penetración, para ejecutar una radiografía a la formación del discurso social, como a la percepción que se posee de la gestión nacional, provincial y local; espiando bares y confiterías, puntos de reuniones que permiten descubrir el perfil de la opinión, con lo cual pretenden desde el gobierno reacomodar el relato para lograr adhesiones electorales, ante un cuadro desfavorable, casi irreversible.
Esta maniobra ejecutada por servicios de inteligencia a su vez contratados por las FFAA, se llevaría a cabo en bares y confiterías de las principales ciudades del país, entre ellas San Salvador de Jujuy, donde el visitante habitual es un generador de opinión y un claro referente de la interpretación del relato oficial, el cual será usado para ajustarlo a los objetivos políticos del oficialismo que cuenta con el General César Milani, quien se desempeñaba como Director de Inteligencia Militar desde el 2008.
Los métodos usados son muy sofisticado, siendo ignorados hasta por los propietarios de los espacios abordados. A estas alturas los recursos que instrumenta el estado para sortear el escollo final del 2015 no alcanzan límites.
Recordemos que el presidente del bloque de senadores radicales, Gerardo Morales, denunció tiempo atrás que el Ejército además de tenerlo a él como un objetivo de tareas de inteligencia clandestina también lo persigue “al periodista de Clarín, Daniel Santoro”. Sostenía gravemente: -“Tengo informaciones concretas de que en el Edificio Libertador hay una sala de situación, en el séptimo piso, en el que están realizando tareas de inteligencia interior en forma clandestina”.
“Me advirtieron que yo soy uno de los objetivos y que hay otros políticos y periodistas como Daniel Santoro. Con algunos de ellos ya he hablado de la delicada situación y sobre mí, me han dicho que investigan mis movimientos y situación personales”, refería Morales.
Fuentes militares consultadas por Clarín confirmaron que Milani dispuso en forma clandestina y por afuera del sistema formal “interceptar las comunicaciones y hacer un seguimiento de Santoro”. Incluso, dieron el nombre de un suboficial de inteligencia que estaba a cargo del operativo y cuyo nombre no se publica por cuestiones legales. Todas estas maniobras se realizaron a pesar que las leyes de Defensa y de Seguridad Interior prohíben taxativamente a las FF.AA. hacer tareas de inteligencia interna.
También es acertado indagar en las declaraciopnes que realizó Julian Assange en el 2013 "Argentina tiene el régimen de vigilancia más agresivo de todos los estados latinoamericanos de tamaño mediano" sostenía el fundador de WikiLeaks.
Pero más allá de esta polémica, Assange agregó otro factor que explica por qué considera tan "agresiva" la vigilancia en Argentina.
Dijo que el gobierno de CFK contrata a un gran número de "empresas que brindan servicios de vigilancia".
El tema del espionaje estatal ha sido un factor de mucha controversia en los últimos años en Argentina, pero esta vez el ojo del gran hermano, profundiza sus acciones en el interior, avanzando sobre nuestras cabezas.
Según denunció el diario La Nación, Milani podría seguir conduciendo el área de Inteligencia a pesar de su ascenso.
Por su parte, el diario Perfil aseguró que el presupuesto del Ejército para lo que denomina "Inteligencia estratégica" es el más alto desde que se reinstaló la democracia, en 1983.
Las autoridades nacionales ya estaban bajo la lupa desde finales de 2011 cuando organizaciones sociales y sindicales denunciaron ante la Justicia la existencia de un programa de espionaje, conocido como "Proyecto X", creado por la Gendarmería Nacional en 2002, que en los últimos años habría recabado información sobre sus actividades.
