El bloque de Unión por la Patria pidió discutir el próximo jueves el decreto de desregulación económica para rechazarlo, pero la titular de la Cámara Alta, Victoria Villarruel todavía no habilitó el llamado. Cuál es la estrategia de La Libertad Avanza
Vencido el plazo para conformar la Comisión Bicameral en el Congreso que debía dictaminar sobre el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) de desregulación económica del presidente, Javier Milei, el debate debe hacerse en el recinto pero por el momento no hay convocatoria en el Senado, de parte de la titular de la Cámara Alta, Victoria Villarruel, y está “en análisis”.
Con este panorama de fondo crece la tensión con el kirchnerismo, tras el pedido formal del presidente de bloque de Unión por la Patria, José Mayans, para tratarlo el próximo jueves a las 14:00, con la mira puesta en rechazarlo aunque todavía no tienen los números para un eventual quorum
El DNU, una de las claves de las reformas que impulsa el Presidente al igual que el proyecto de Ley Ómnibus, actualmente está en vigencia -parcialmente, por fallos judiciales- y se mantendrá en esta situación siempre y cuando no sea rechazado por las dos cámaras legislativas, o sea alcanzado por suspensiones de la Justicia.
Fuentes legislativas dijeron que mantienen “en estudio” el pedido que hizo Mayans para debatir el próximo jueves el DNU en el recinto, y se desprende que no tienen apuro en resolverlo: “Lo estamos estudiando, llegó el miércoles, nos tomaremos el tiempo necesario para debatirlo”.
En el entorno de Villarruel plantearon que “reglamentariamente hay muchas interpretaciones, en ese sentido el pedido está muy finito, políticamente más”, y destacaron que el bloque que comanda Mayans “tiene que juntar los votos”.
El kirchnerismo debe reunir 37 voluntades para abrir el debate en una potencial sesión y cuenta con 33 del bloque, por lo que necesita pescar otros cuatro.
En la jefatura del Senado se encargaron de aclarar que la prioridad es la Ley Ómnibus, a la espera de la media sanción de esta semana en Diputados, objetivo que persigue el Gobierno y que reforzó tras quitarle el capítulo fiscal al megaproyecto de reformas económicas, y que todavía restan debatirse los dictámenes por la Boleta Única de Papel.
