En medio de un escenario de profunda angustia social e incertidumbre económica por el incremento sostenido de las tarifas de luz, en reuniones mantenidas primero con legisladores/ as Justicialistas y luego en la comisión de Obras Públicas, que preside la diputada justicialista Noemí Isasmendi, se pudo conocer en detalle cómo la combinación de las políticas del Gobierno Nacional y la falta de decisiones del Gobierno Provincial configuran un esquema de desprotección absoluta para la sociedad jujeña y una situación de “Emergencia Eléctrica”.
La diputada Noemí Isasmendi explicó que “se desglosó el verdadero peso que tiene la Secretaría de Energía de la Nación en las boletas de EJESA y se evidenció la parálisis del organismo regulador local, la SUSEPU, el cual lleva medio año acéfalo”.
El peso del mercado nacional y la inestabilidad de las reglas de juego
Los funcionarios de la SUSEPU en reunión detallaron técnicamente el circuito que compone la facturación que llega a los hogares, marcando el fuerte impacto de las directrices de Nación. “La Secretaría de Energía de la Nación es la que determina el valor del mercado mayorista de la energía. Ese costo, sumado a los impuestos nacionales como el IVA, representa casi un 50% del total de lo que un jujeño abona en su factura”, resumió la legisladora.
Asimismo, cuestionó con dureza las políticas energéticas que se impulsan desde Buenos Aires: “Existe una falta de estabilidad normativa alarmante por parte de Nación. Desde la Secretaría de Energía se cambian las reglas del juego de manera constante, lo que destruye cualquier tipo de previsibilidad interanual o mensual, imposibilitando que las familias o los pequeños comerciantes puedan planificar su economía básica frente a un servicio esencial”, sentenció.
Inacción provincial y seis meses de acefalía en la SUSEPU
Frente a este embate nacional preocupa la inacción del Gobierno Provincial, el cual no ha tomado definiciones políticas ni de gestión para amortiguar el impacto tarifario. El punto más crítico radica en la Superintendencia de Servicios Públicos y Otras Concesiones (SUSEPU).
“Lamentamos que, de manera insólita, paguemos el 1,5% de las facturas para el autofinanciamiento de un ente regulador que hasta la fecha no tiene designado a su director titular. El director de la SUSEPU lleva seis meses sin ser nombrado por el Ejecutivo Provincial”, denunció Isasmendi.
La legisladora remarcó que esta acefalía limita drásticamente la capacidad de proteger a ciudadanos/as: “Al contar únicamente con un director provisional, las decisiones que se toman son transitorias y no definitivas. Para la seriedad que requiere este contexto de crisis, es urgente un director titular que asuma definiciones determinantes, firmes y con una proyección real que ponga un freno a los abusos que sufren los usuarios en Jujuy”.
La energía eléctrica es un derecho indispensable y que el Estado provincial no puede delegar su obligación de garantizar tarifas razonables y previsibles, menos aun cuando Jujuy es una provincia productora de energía a gran escala.
“La energía no puede ser considerada exclusivamente una variable financiera, tiene una función social. Es hora de que el Gobierno Provincial reaccione, nombre autoridades idóneas y use las herramientas regulatorias para defender el bolsillo de los jujeños”, concluyó Isasmendi.
