El titular de la Unión de Empleados de Justicia de la Nación, Julio Piumato, advirtió por el "peligro" de las 1700 designaciones que traerá el Código Procesal Penal para el Ministerio Público Fiscal, que está a cargo de la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó. Con el pase de un sistema mixto a uno inquisitorio, el gremialista indicó que habrá numerosos nombramientos "sin control" alguno y por fuera de la ley de acceso democrático a la justicia, que establece un concurso meritocrático para la contratación de personal.
"El 80% de la gente que se nombra en el Ministerio Público va a ser para cargos elevados y sin concurso. Se va a crear un ejército, un grupo de tareas para garantizarse un conchabo para perseguir opositores y garantizar la impunidad de los propios", sostuvo Piumato .
El máximo representante de los trabajadores de la Justicia precisó que la mayoría de los puestos a cubrir son para el cargo de relator, es decir, secretarios y personal jerárquico que responden de manera directa a los fiscales. La polémica radica en que las incorporaciones bajo esa categoría están sujetas a la decisión y discrecionalidad de la Procuradora General.
"En todos los lugares en los que hay un pase de un sistema mixto al acusatorio, hay un traspaso del personal de los juzgados a las fiscalías. En este caso no. Van a quedar en el aire 1000 y pico de trabajadores con experiencia en la cuestión investigativa en los juzgados nacionales del país, y se va a crear este grupo de tareas para garantizarse un conchabo", explicó Piumato, quien alertó que el objetivo final de estas designaciones es "perseguir opositores" y "garantizar la impunidad" del gobierno saliente post 2015.
En esta clave, el gremialista indicó que el "Código Procesal Penal es extremadamente peligroso", por lo que advirtió que están "estudiando" impugnarlo en tribunales. "Ojalá pueda ser frenado judicialmente", afirmó.
Ayer, la jefa kirchnerista de los fiscales sumó otra denuncia por parte de Piumato, por nombrar de manera irregular a 179 personas para la Procuración y distintas fiscalías. La causa, que cayó en el juzgado federal 10 a cargo de Julián Ercolini, determinará si hubo abuso de autoridad de Gils Carbó a la hora de incorporar empleados, y si consumó "la afectación al ingreso democrático que ella misma pregona y afectando de esa manera el derecho a la igualdad en la obtención de un cargo en el Ministerio Público Fiscal".
"En 20 años no vivimos una situación así en el Ministerio Público. Se ha transformado en una agencia del Gobierno. Fue un error haber apoyado a Gils Carbó, estamos desencantados", señaló el dirigente moyanista en conversación con Paulino Rodrigues.
El sindicato de judiciales convocó a un paro nacional para este jueves con movilización al Palacio de Justicia como medida de protesta contra el accionar de Gils Carbó. "No a los paracaidistas a los cargos", es la consigna de la convocatoria de la UEJN.
